El pasado 3 de septiembre, mediante un comunicado de prensa, la Fuerza Aérea de Chile anunció la compra de seis helicópteros multipropósito Black Hawk, a la empresa norteamericana Sikorsky, que representa en nuestro país el empresario Conrado Ariztía.
Dicha compra se anunció luego de un proceso que comenzó en el año 2015 y para el cual la FACH abrió una convocatoria dirigida a seis empresas para que participaran en el marco de un procedimiento de compra vía trato directo.
En el caso de las Fuerzas Armadas, las adquisiciones vía trato directo –sin que medie licitación pública ni privada– están reguladas por el Decreto Supremo N°124 del 2004 y son definidas como procedimientos excepcionales que sólo pueden darse bajo limitadas causales.
De acuerdo a la información publicada por Ciper, las fuerzas armadas justificaron la contratación vía trato directo, señalando que se trataba de una inversión de carácter secreto.
Algunos representantes de las compañías que participaron del proceso acusaron una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición, una de ellas, la italiana Finmeccanica (ex Augusta Westland) presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en el que cuestionaron la transparencia del procedimiento requiriendo su invalidación.
Los representantes de la firma italiana pusieron los antecedentes a disposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.
De acuerdo al artículo de Ciper, los participantes del proceso se sorprensdieron con la “vaguedad” de los requerimientos solicitados por la FACH, de esta forma sostienen que se establecieron rangos “extremadamente amplios” para la capacidad de carga del helicóptero entre 6.500 y 13.000 kilos” lo que complicó a las empresas porque existen muchos modelos de aeronaves en ese rango.
Además, durante el proceso de selección del proveedor, la Fach evitó recibir en persona a los representantes de las empresas para “no dar señales que pudiesen malinterpretarse” y que la comunicación entre las partes se zanjó principalmente por vía remota.
Esto pone en entredicho la reunión que concretaron el Comandante en Jefe de la FACH, Jorge Robles Mella, con tres gestores de intereses durante la realización de la Fidae en el mes de marzo.
En dicha reunión que quedó registrada gracias a la ley de lobby en la institución, asistieron los ejecutivos de la empresa Sikorsky Adam Schierholz y Freddy Hernández y Patricio Campos Montecinos, ex general Fach, esposo de la ex agente civil del Comando Conjunto, Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”), y quien estuvo procesado por obstrucción a la justicia por omitir información sobre detenidos desaparecidos a la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Campos Montecinos es representante de Conrado Ariztía, proveedor de armas y dueño de la empresa que representa a Sikorsky en Chile. Dicho empresario estuvo vinculado al escándalo que rodeó la compra de 25 aviones Mirage a mediados de los años 90.
El proceso de adquisición de la nueva flota de helicópteros Black Hawk de Sikorsky se ha mantenido en total hermetismo, pero trascendió que la operación involucrará un gasto de entre US$150 y US$180 millones. La compra será solventada con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, fuertemente cuestionada desde que se revelara el fraude por $5.500 millones en el Ejército conocido como “Milico-Gate”. (Radio U. de Chile-Ciper)
