En la edición de ayer de “El Mercurio” se informa que el Gobierno concretó la segunda expulsión de extranjeros del país en un vuelo comercial, dando cuenta que los expulsados son 56, que se suman a 55 de abril pasado, y que el destino de estas personas es Venezuela.
En la información se consigna que el ministro del Interior señaló “como ministro doy fe que se está ajustado a Derecho”. Con la mayor consideración por esta autoridad, debemos señalar que esta afirmación no basta para declarar la legalidad del actuar del Gobierno.
Los inmigrantes tienen derechos y no se les puede impedir su ejercicio, como es la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia de nuestro país haciendo valer un recurso tan significativo como es el de amparo. La autoridad ha actuado de hecho al proceder a expulsar por la vía administrativa a personas extranjeras en un día en que las Cortes de Apelaciones normalmente no funcionan, escamoteando la posibilidad de entablar el señalado habeas corpus.
Los antecedentes indican que pueden haberse violado derechos fundamentales que están consagrados internacionalmente como, entre otros, la reunificación familiar. También podrían estar en cuestión normas sobre refugio, como la no devolución, dadas las circunstancias políticas especiales que se viven en Venezuela y que afectan la vigencia de los derechos humanos, salvo que el Gobierno de Chile considere que dichas circunstancias ya no existen.
Lo ocurrido con las 56 personas expulsadas ya es un hecho irreversible, porque no hubo oportunidad de actuación del tribunal competente, pero se debe valorar lo efectuado por la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya sexta sala sesionó en forma extraordinaria en día domingo y acogió, en forma unánime, la admisibilidad del recurso de amparo de una persona, paralizando mediante orden de no innovar la expulsión de ella. Esto puede sentar un buen precedente para enfrentar los efectos de los anunciados 13 vuelos con objetivos similares al del fin de semana.
En todo caso hay una pregunta adicional que las autoridades del Gobierno chileno debieran responder, esto es, si ha existido algún acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para hacer efectivos estos “vuelos de retorno” entre Santiago y Caracas. (El Mercurio Cartas)
Edgardo Riveros Marín
Profesor Facultad de Derecho y Humanidades Universidad Central
