El Presidente Gabriel Boric ha manifestado su profundo “desconcierto” y tristeza tras el fallo unánime que absolvió al exmando de Carabineros, Claudio Crespo, de los cargos de apremios ilegítimos contra el hoy diputado electo Gustavo Gatica. Pese a que la justicia determinó que el actuar de Crespo se ajustó a la legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, el Mandatario calificó la resolución como un acto de “impunidad” durante un acto en La Moneda. Estas declaraciones han encendido las alarmas en el mundo jurídico, donde expertos advierten una peligrosa vulneración al principio de separación de poderes y una presión indebida hacia la magistratura.

ConceptoImplicancia en el Caso Crespo/Gatica
Separación de PoderesEl Art. 76 de la Constitución prohíbe al Presidente revisar fundamentos de resoluciones judiciales.
Ley Naín-RetamalAplicada retroactivamente como “ley más benigna”, otorga protección legal al ejercicio policial.
Independencia JudicialExpertos señalan que críticas presidenciales erosionan la confianza en el sistema técnico-jurídico.
Estándar de PruebaEl tribunal absolvió por insuficiencia probatoria y constatación de causales de justificación.

Abogados penalistas y académicos explican que la decisión del tribunal no es un “sesgo político”, sino la aplicación estricta del derecho penal. La abogada Catherine Lathrop y el académico Oscar Olivares coinciden en que la absolución se basa en que el tribunal consideró que operó una causal de justificación, lo que excluye la conducta como delito. Además, subrayan que la aplicación de la Ley Naín-Retamal de forma retroactiva no es una irregularidad, sino una obligación constitucional cuando la nueva norma favorece al imputado (principio de pro reo).

La controversia ha provocado un quiebre en el oficialismo, donde las coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se han enfrentado por el respaldo que este último brindó a la tramitación de la ley en 2023. Mientras tanto, la defensa del Estado de Derecho se vuelve el centro del debate; los especialistas recalcan que sustituir el análisis dogmático por valoraciones emocionales desde la jefatura de Estado debilita la presunción de inocencia y el debido proceso, pilares fundamentales de cualquier democracia moderna.