Las encuentas revelan que una mayoría de nuestra población está descontenta con la forma en que sus representantes conducen los asuntos públicos. Es probable que el fenómeno tenga en parte su origen en falsas expectativas. Algunos políticos pueden haber exagerado la velocidad con que nuestra economía social de mercado nos puede llevar al desarrollo. Y ahora último, otros nos pretenden hacer creer que los problemas socioeconómicos se pueden resolver simplemente aumentando la injerencia del Estado.
Ni lo uno ni lo otro. El desarrollo económico es un proceso lento en que el Estado y el mercado tienen funciones complementarias. Nadie puede negar el éxito que hasta hace poco tuvo la economía social de mercado para elevar el nivel del PIB por persona. Sin embargo, éste último, en relación a aquél de EE.UU., es aún significativamente inferior al que tuvimos en el año 1912 (Díaz, Lüders y Wagner, 2016). Es más, el mencionado proceso de crecimiento fue acompañado por una notoria expansión de la clase media. No obstante, es evidente que persisten importantes diferencias en el acceso a servicios sociales de calidad.
El segundo gobierno de la Presidenta Bachelet está pretendiendo entonces reducir drásticamente estas diferencias traspasando, en buena medida, el manejo directo de los servicios sociales al Estado. La eficacia estatal implícita no es creíble, porque no es compatible con las implicancias de las teorías de las decisiones públicas y del principal agente, ni con nuestra experiencia diaria. En Chile el sector público se ha sobre extendido, abarcando mucho y apretando poco. Para que usted me comprenda, enumeraré acá sólo unos poquísimos ejemplos:
1) Al Sename le faltan recursos y su manejo ha sido deficiente, para decir lo menos.
2) La educación escolar municipal cuesta, por alumno, un 50 por ciento más que la particular subvencionada, y no es de mejor calidad.
3) Las listas de espera en el así llamado plan Auge tienden a menudo a exceder en mucho lo razonable.
4) Las cárceles se encuentran peligrosamente hacinadas.
5) El Transantiago tiene una evasión de pasajes del orden del 30 por ciento.
6) Alrededor del 60 por ciento de los automovilistas no respetan la restricción vehicular.
7) Una buena parte de los así llamados abusos empresariales se podrían haber evitado si el gobierno hubiese cumplido oportunamente con las obligaciones de supervisión que la ley contempla; y el Servel no cuenta con los recursos y el personal necesario para realizar adecuadamente las funciones de supervisión asignadas, y así suma y sigue.
En definitiva, el Estado debe concentrarse -por motivos teóricos y prácticos- en realizar bien aquellas tareas que los privados no pueden realizar y que son necesarias para alcanzar el bien común. Por eso, en momentos en que los recursos escasean, reasignemos funciones y no le impongamos, por causa alguna, nuevas obligaciones netas. En particular, no olvidemos jamás que en los casos pertinentes la oferta privada de bienes públicos es la forma más eficaz para el logro de fines de política pública. (La Tercera)
