Después de leer y escuchar el anuncio presidencial, queda la duda de cuál será el real propósito de una medida como establecer un Estado de Emergencia en la Macrozona Sur. Un Estado de Excepción que se puede declarar por 15 días, con una prórroga por otros 15, después de lo cual las prórrogas que sigan deben tener el acuerdo del Congreso, el que evidentemente no creo se lo den al Ejecutivo, a no ser que la situación sea de tal magnitud que de diestra y siniestra asientan mantenerlo.
Pensar que establecer un Estado de Excepción resuelve los problemas, más allá de algunos aspectos del orden público, es una ilusión. La Macrozona Sur no es la frontera norte y tiene una mezcla de problemas, los que, sumados, generan un escenario de alta complejidad, el que evidentemente no se soluciona con un despliegue de tropas de las Fuerzas Armadas o colocando a un general y un almirante a cargo.
Las FF.AA. lo tienen claro, tienen claro que su sola presencia no resuelve los temas que existen en La Araucanía desde hace muchos años, que se han visto incrementados en la última década, al punto de tener hoy una situación que puede explotar en cualquier minuto.
Para entender por qué la presencia de las Fuerzas Armadas no resuelve todos los problemas, debemos analizar qué ocurre y ver si la presencia de tropas no entrenadas en temas policiales y en técnicas modernas de contrainsurgencia ayuda a rebajar el nivel de tensión y comprar tiempo al nivel político para encontrar una solución que han sido incapaces de lograr desde que sabemos que tenemos un problema en esa zona.
En la Macrozona Sur hay una mezcla de acciones de carácter netamente delictuales y de narcotráfico, las que muy probablemente sean la forma en que se financian grupos insurgentes de origen mapuche, los que quieren recuperar tierras que ellos consideran propias y que les fueron usurpadas en el siglo XIX y en parte del siglo XX.
Las acciones de violencia indicadas anteriormente generan la natural reacción de quienes se sienten violentados en sus derechos y que, ante la ausencia del Estado de Derecho, están armándose para su autodefensa, cortando carreteras y enviando señales de que están prontos a entrar en guerra.
Puede que no estén de acuerdo con el diagnóstico anterior, pero algo de lo anterior puede haber. Sí estarán de acuerdo en que el Estado de Chile ha fallado en asegurar el Estado de Derecho y que la combinación de las acciones coordinadas o no coordinadas de las policías, Ministerio Público y tribunales no han sido capaces de mantener la ley y el orden, y que hay partes del territorio nacional en donde imperan grupos locales insurgentes o que no reconocen la autoridad del Estado de Chile.
Después de indicar lo anterior, nuevamente hago la pregunta: ¿qué problema arregla la presencia de las Fuerzas Armadas en La Araucanía? En el problema policial-delictual, no son especialistas en el tema. En el problema de contrainsurgencia, excepto por las fuerzas especiales del Ejército y la infantería de Marina, el resto de las fuerzas no están especializadas en esas materias, y las que podrían estarlo, no cuentan con experiencia práctica en ello. Y por sobre todo lo recién descrito, no estoy seguro de que cuentan con la inteligencia que toda operación militar necesita para ser exitosa. Para apoyo logístico y material bastaba con modificar el fallido decreto que fue rechazado por la Contraloría y, en todo caso, si ese fuera el propósito, definitivamente las cosas no van a cambiar y van a seguir iguales, ya que las policías junto al Ministerio Público y tribunales del crimen van a seguir a cargo de las cosas, tal como lo han estado hasta ahora sin éxito.
¿No será este estado de excepción una forma del Gobierno de desligarse del problema y pasarles la posta a las instituciones de la Defensa, en lo que sería lo más parecido a pedirles que saquen las castañas del fuego con la mano del gato? Hago la pregunta porque, después de mirar el problema desde distintas perspectivas, no llego a otra conclusión, más aún en la ausencia de un plan político consensuado con la oposición y representantes del pueblo Mapuche que permita resolver los problemas de fondo, y no simplemente aplicar lo que sería equivalente en medicina a un paracetamol, más aún si efectivamente resulta que solo será un apoyo al trabajo de las policías.
En adición a los aspectos político-estratégicos antes analizados, un tema de orden práctico que se vuelve crítico considerando el nivel de ruido que existe en la zona, y que de seguro debe tener a los mandos de las Fuerzas Armadas preocupados. Me refiero a las reglas de uso de la fuerza (RUF) que aplicarían a la zona en Estado de Emergencia, las cuales, si son muy restrictivas o complicadas, disminuyen el impacto y efectividad que las tropas puedan tener, al punto de tener que quizás revisar todo lo que hagan con sus abogados para asegurarse de que no se vayan a meter en problemas o se les acuse de excesos en la aplicación de su mandato. El ejemplo de Punta Peuco es demasiado fuerte y, por más que el Ejecutivo salga a indicar que solo estarán de acompañamiento, la posibilidad de enfrentamientos es real y no una ficción cuando se manda a las Fuerzas Armadas a hacer el trabajo que los políticos no han podido realizar y resolver pacíficamente.
En otro sentido, la experiencia comparada internacional indica que problemas políticos estratégicos como este no se resuelven en 30 días y que la presencia de tropas corre el riesgo de inflamar más aún la pradera, y que es muy posible que años después La Araucanía siga militarizada. Cosa de observar la cercana experiencia de Colombia, y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Iraq, Afganistán y Vietnam.
Reconozco que estar en los zapatos del Ejecutivo no debe ser fácil, pero alguien les debe representar las limitaciones de un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y del empleo de los institutos armados en escenarios de este tipo, ya que estos no están diseñados para otros fines que la guerra y no lo están para operaciones antiinsurgentes y antidelincuencia. La solución de La Araucanía pasa necesariamente por una solución política y un parlamento con el pueblo Mapuche, y de aplicarse el estado de excepción tal como se anunció, hacer lo imposible por que sea de corta duración y solo con el objetivo de bajar la temperatura y comprar tiempo para una solución política.
Para finalizar, no se debe caer en la ilusión de que un Estado de Excepción resuelve problemas complejos y menos en la forma en que fue anunciado. Su solo anuncio ya es un aviso para los que estén actuando fuera de la ley de que se guarden por 15 o 30 días, y que el Gobierno ante la baja en la temperatura cante victoria, ya que de seguro en los días posteriores resurgirán los esfuerzos delictuales, de desestabilización y una insurgencia redoblada que aprovecha un mes para descansar, equiparse y planificar sus siguientes jugadas. (El Mostrador)
Richard Kouyoumdjian Inglis
