Errónea decisión judicial

Errónea decisión judicial

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En el diario «El Mercurio» del 4 del presente se informa ampliamente sobre la decisión de un juez de garantía de San Antonio que dejó en libertad a una persona sujeta al control de identidad por la policía, al encontrársele en la maleta del auto con vidrios polarizados que conducía una cantidad importante de armas y municiones, por considerarse que la policía no tenía orden judicial previa.

Estimamos que la decisión judicial se aparta enteramente de las modificaciones aprobadas al Código Procesal Penal, por las leyes N° 20.253 del año 2008 y 20.931 del año 2016, que permiten a la policía proceder al registro de un vehículo en la hipótesis de una falta flagrante, cual es indudablemente manejar un vehículo con los vidrios enteramente polarizados. Si bien esta es una infracción a la Ley de Policía Local, no es menos cierto que estas infracciones también constituyen faltas en un sentido amplio y en todo caso son un indicio de que la persona revisada pueda haber cometido alguna infracción que esté encubriendo con el procedimiento de polarizar sus vidrios para ocultarse de terceros.

Cuando se discutió en el Congreso la Ley 20.253 sobre agenda corta antidelincuencia, esta situación de alguna manera fue objeto de preocupación de las comisiones legislativas y de los juristas invitados. Al respecto, podemos citar la opinión del profesor Julián López, que efectuó los siguientes comentarios a propósito de las modificaciones al artículo 85 del citado código:

«Finalmente, se demostró un desacuerdo con alguna jurisprudencia minoritaria que ha entendido que no procede el registro de vestimentas y vehículos, cuando el controlado ha exhibido un documento de identidad, salvo que se presenten nuevos indicios. Citó una jurisprudencia extranjera de EE.UU. en que se estableció que la policía cada vez que tuviera una causa probable, estaba autorizada para identificar al sospechoso y a registrar sus vestimentas, para ver si portaba algún elemento peligroso. En ese sentido, debía modificarse la institución del control de identidad…».

Sin duda, esta opinión junto con otros antecedentes legislativos que constan de la historia de las leyes 20.253 y 20.931 revelan que estuvo en el propósito del legislador establecer esta facultad de las policías cuando realizan un control de identidad respecto de un conductor sospechoso.

La jurisprudencia de la Corte Suprema en reiterados casos ha resuelto este tema en el mismo sentido, rechazando recursos de nulidad de las defensas, pudiendo consultarse al respecto las sentencias dictadas el 21 de diciembre de 2017, rol 37208-17; la de fecha 12 de diciembre de 2016, en causa rol 83390-16, y la dictada en causa rol 43676-17, el 12 de febrero de 2018.

Finalmente, de los antecedentes publicados por vuestro diario, y salvo que exista algún error, se deduce que el fiscal, después de la declaración de ilegalidad, se abstuvo de formalizar la investigación por la infracción a la Ley de Armas, y de ser así ello constituiría una grave infracción al artículo 132 inciso 3°, modificado por la Ley 20.074 sobre agenda corta antidelincuencia, que prescribe que:

«En todo caso, la declaración de ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal o el abogado asistente del fiscal pueda formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que sean procedentes…».

Es decir, no obstante la declaración de ilegalidad, el perjuicio al interés social pudo haberse resuelto con la formalización del delito de infracción a la Ley de Armas y las medidas cautelares, entre ellas la detención, que la ley le permite al fiscal.

Guillermo Piedrabuena Richard
Ex fiscal nacional del Ministerio Público

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