El próximo jueves 28 de marzo, durante la mañana y en Rancagua. Probablemente, en dependencias de la fiscalía regional. Ese es lugar y día, determinado por el persecutor Emiliano Arias para que se presente a declarar el cardenal Francisco Javier Errázuriz, por la indagatoria penal que busca esclarecer una eventual participación en calidad de encubridor del delito de abuso sexual.
Luego de meses relativamente tranquilos para la curia nacional, marzo asoma como un período complejo. Ayer trascendió que el fiscal Arias citó a declarar a al menos ocho prelados, algunos en calidad de testigo y otros como imputados, en la indagatoria que sigue respecto de ilícitos por parte de clérigos.
Y Errázuriz, arzobispo emérito de Santiago, sería quien cerrará la lista, supuestamente por su vinculación con el Caso Laplagne, en que el denunciante Javier Molina, se querelló contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los vejámenes que acusa haber sufrido por parte del cura Laplagne. Aunque en su entorno confirmaron la citación a La Tercera PM, aclararon que aún no está claro si efectivamente entregará su testimonio o se acogerá a su derecho de guardar silencio, tal como lo hizo a principios de año el también cardenal Ricardo Ezzati.
Errázuriz, sin embargo, no será el único. Ayer, el propio fiscal Emiliano Arias ratificó que “hay muchas citaciones ya cursadas, pero no me referiré en específico a las diligencias que se pretenden. Sí puedo decir que las citaciones se cursaron la semana pasada y antepasada, las cuales dicen relación con situaciones de obispos y la línea de investigación de los encubrimientos”.
Entre los obispos citados también está Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) y actual administrador apostólico de Rancagua.
“Yo fui convocado a declarar en calidad de testigo y así voy a concurrir. Voy a prestar toda la colaboración que sea necesario a las consultas que me haga la fiscalía”, dijo el prelado, quien acaba de ser el representante chileno en el Vaticano, en la cumbre contra los abusos a menores convocada por el Papa Francisco.
Ramos deberá entregar su visión respecto de los casos de Oscar Muñoz, excanciller del Arzobispado de Santiago, y de Rancagua (la llamada “Cofradía”). “No obstante, según la persona que me notificó, podrían hacerme otras preguntas”, apuntó.
Otros obispos que estarían citados a declarar por la fiscalía de Rancagua son Moisés Atisha (Arica), Fernando Chomali (arzobispo de Concepción), Tomislav Koljatic (Linares) y Cristián Caro (arzobispo emérito de Puerto Montt).
Caso Catedral
Todo esto se da en medio del caso del sacerdote Tito Rivera, de la Catedral Metropolitana, quien fue sancionado canónicamente en 2018 -con la prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal – y que actualmente tiene una demanda en su contra por una presunta violación, que habría ocurrido en las dependencias del templo más importante de la capital.
El obispo Fernando Ramos habló ayer del cuestionado religioso. “Yo tuve muy poco contacto con él, porque él trabajaba en el centro. El caso es impresentable, terrible, es inaceptable. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo un sacerdote llegó a eso”, dijo.
La Iglesia de Santiago también emitió un comunicado, en el cual da cuenta del proceso canónico respecto de Rivera. Se indica que “en agosto de 2015 el Arzobispo de Santiago respondió a una petición de la Nunciatura, efectuada el 28 de julio de 2015, respecto de entregar los antecedentes del caso. Se remitió la siguiente documentación: investigación previa, otros documentos del archivo y el parecer de dos asesores canónicos”.
Luego, la Iglesia capitalina puntualiza que “la investigación previa se amplió con nuevos antecedentes que se proporcionaron a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que incluían la eventual sustracción de especies de culto. El Arzobispado de Santiago informó a la PDI, con fecha 5 de junio de 2015, la residencia del presbítero Rivera Muñoz y el desarrollo de una investigación canónica”.
La investigación canónica se cerró el 11 de noviembre de 2016, determinándose que el presbítero es “culpable de delitos en contra del Sexto Mandamiento del Decálogo continuados en el tiempo con escándalo, con personas mayores de edad”. Entonces se le impusieron penas, entre ellas, su suspensión del sacerdocio.
También se indicó que “en relación a las publicaciones en medios informativos sobre hechos denunciados contra el presbítero Rivera Muñoz, informamos que, además de la condena canónica, que fue ejecutada en septiembre de 2018 en su contra, se iniciará una revisión exhaustiva para esclarecer todos los antecedentes que han sido conocidos públicamente. Las conclusiones se comunicarán oportunamente a la ciudadanía”.
La Tercera/Agencias
