“De lo que he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos”, afirmó el ministro Mario Marcel. Una opinión similar expresó el constitucionalista y académico Javier Couso: “En lo que efectivamente está quedando no he visto nada con lo cual uno dijera que no se puede vivir”. Mucho más directo en una entrevista, a la pregunta “¿Tú podrías terminar votando Rechazo?”, el cientista político Alfredo Joignant contestó sin vacilar: “Imposible, demasiado difícil, yo no voy a traicionar”.
Del otro lado, el domingo pasado, René Cortázar ante la pregunta del entrevistador «¿Se inclina por el Rechazo?», respondió categóricamente que «si el plebiscito fuera hoy, yo sin duda votaría Rechazo». En la misma línea, Jorge Schaulsohn escribió hace unos días que “la opción más racional es rechazar el borrador preparado por la Convención Constitucional en el plebiscito de salida”. También Fulvio Rossi, quién aseguró que “voy a votar Rechazo, no cruzar la línea puede significar una constitución que va a ser mala para Chile”. El exsenador va más allá cuando señala que “a la centroizquierda le falta coraje para votar Rechazo”, lo que considera un deber, “una responsabilidad frente a las generaciones venideras”. Lo que para Joignant constituiría una traición, para Rossi será en cambio un deber.
No puede dejar de notarse la profunda diferencia entre ambas posturas. La lealtad –y su opuesto, la traición– pertenece al ámbito de los sentimientos y las emociones, mientras que la responsabilidad y el deber, al ethos de la racionalidad y las razones. La lealtad hace posible aprobar una propuesta constitucional independientemente de sus virtudes. En tanto constituye una dolorosa traición emocional, el Rechazo –que podría justificarse en los defectos de un texto insatisfactorio– no es opción para quienes se dejarán conducir por la lealtad. Por su parte, la responsabilidad y el deber no elimina ninguna opción ex-ante. El elector adoptará su decisión en función de los contenidos y méritos de la propuesta constitucional y, consecuentemente, podría adoptar cualquiera de las dos opciones
Por cierto, la política no es una ciencia, ni mucho menos una ciencia exacta, donde usted puede discernir con la infalibilidad de la prueba científica lo que funciona o no funciona. Pero no es tampoco un ámbito donde los efectos y las consecuencias sean del todo independientes de las reglas que la gobiernan; al contrario, en una medida considerable, aquellos son el resultado directo de normas y disposiciones orientados a satisfacer determinados objetivos políticos y sociales. Hay entonces un vasto espacio para el discernimiento: si acaso tales normas y disposiciones producen el resultado –o no– que se busca.
El problema de votar apelando a la lealtad, por ejemplo, con su tribu política, es que el necesario ejercicio del discernimiento para aquilatar la virtud del texto constitucional es erradicado del proceso decisorio. Usted vota sobre la base de afinidades y simpatías, y no en función de los contenidos que la Convención Constitucional pondrá a su consideración en el plebiscito ratificatorio, en una elección que a diferencia de las elecciones de personas –presidenciales, parlamentarias y municipales– lo que se votará es precisamente respecto de contenidos constitucionales y no por un candidato.
Notablemente, este trascendental dilema se presenta en la izquierda democrática –las citas antes referidas pertenecen a personas de ese sector político– ahora escindida entre la traición y el deber, una fractura que ya sufrió hace 50 años, durante el gobierno de la Unidad Popular. En un auténtico déja vu, la izquierda gobernante, en un clima álgido y polarizado, nuevamente carga sobre sus hombros una responsabilidad histórica de esas que suelen determinar el curso de la historia. ¿Habrá aprendido la durísima lección de la tragedia a la que condujo el desprecio de los ideales democráticos hace 50 años?
Claudio Hohmann
