Los tres días de interrogatorio a que ha sido sometida la candidata a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la jueza Amy Coney Barrett, pueden ser considerados -a tenor de los visto y oído- como tres jornadas de fuego artillero de la oposición demócrata norteamericana contra uno de los pilares de la Constitución de los Estados Unidos: la libertad religiosa. Las insistentes preguntas sobre las creencias religiosas de la magistrada, insinuando por activa y pasiva que influirán en su trabajo profesional en el máximo tribunal, fueron un atropello flagrante de la Carta Magna. La Primera Enmienda consagra la libertad de religión y prohíbe al poder político cualquier tipo de legislación o cortapisa en materia de conciencia. La animadversión del partido opositor norteamericano hacia el catolicismo practicante de Barrett contiene varias ironías, entre ellas que casi la mitad de los electores católicos norteamericanos votan demócrata y, más desconcertante aún, que el Partido Demócrata está desde hace tiempo comandado por católicos, tanto en la figura de Joe Biden como en la de la tercera en la línea sucesora, Nancy Pelosi. No es por tanto un problema de odio a los católicos, sino de rechazo a los católicos que no se avergüenzan de serlo, probablemente por una falta de coherencia con su dogma de fe.
Más importante que ello, estas audiencias de confirmación en el Senado que concluyeron ayer jueves podrán carecer del drama político vivido en el caso del juez Kavanaugh, pero siguen siendo instructivas en un sentido que resuena mucho en nuestras latitudes: muestran que los demócratas ven a la Suprema Corte de Justicia como una mini legislatura para alcanzar los objetivos políticos que no logran en las urnas y para evitar tener que hacerlo a la antigua, mediante la persuasión democrática y el consentimiento. El montaje escénico que eligieron para mostrar las consecuencias del nombramiento de la candidata distorsiona el papel de un juez, que tiene que gobernar en función de lo que es la ley, no de lo que quisiera que fuera. “Los jueces no pueden simplemente despertarse un día y decir: ‘Tengo una agenda. Me gustan las armas. Odio las armas. Me gusta el aborto, odio el aborto’ y entrar a los tribunales como si fueran reyes para imponer su voluntad al mundo”, dijo la jueza Barrett el martes pasado durante el primer día de audiencias. Pero esa verdad se pierde para los demócratas, que están tratando estas sesiones como un mitin de campaña, haciendo un gran daño a la ley y al Poder Judicial al mostrar a los votantes que los tribunales no son más que otro escenario de disputas políticas. De seguir haciendo eso, pronto la Corte Suprema será tan impopular como el Congreso, aunque quizás sea su meta mientras preparan el terreno para ampliar el número de jueces el próximo año.
Una de las razones por las que las nominaciones a los tribunales se han vuelto tan amargas y contenciosas es porque los progresistas consideran desde hace tiempo al Poder Judicial como una segunda legislatura que les permite aprobar sus políticas cuando no lo logran mediante los procedimientos regulares en el Congreso, como por ejemplo en el tema de la acción afirmativa en materia de género y otros, y en la regulación climática (Massachusetts v. EPA, 2007). Esto no es nuevo. Desde los años sesenta la izquierda utilizó el control que tenía sobre el máximo tribunal para retorcer la Constitución a fin de que dijera lo que quería que dijera y, aunque no ocultaba que estaba haciendo una interpretación cuando menos imaginativa, se amparaba en que era una forma de adaptar normas antiguas a tiempos nuevos. Pero cuando suponen que quien va a retorcer esas mismas normas son personas que piensan de forma distinta, ponen el grito en el cielo. De hecho, lo que han halagado de la brillante jueza Ginsburg no han sido sus profundos conocimientos jurídicos, que los tenía, sino su destreza para encontrar en las leyes el reconocimiento a unos derechos que no estaban amparados en ellas. Ahora que sospechan la misma capacidad en otros con ideas de derechas, lo denuncian como inadmisible.
La historia no es esa. Lo que han pretendido la mayoría de los magistrados llamados “conservadores” del más alto tribunal norteamericano no es hacer política de derechas aprovechando la toga que visten, sino juzgar a la luz de lo que dicen la Constitución y las leyes, sin tener en cuenta lo que a ellos les gustaría que dijeran. Por caso, la jueza que llegará al Supremo estadounidense, Amy Coney Barrett, fue discípula del gran Antonin Scalia, magistrado conservador y bestia negra de la izquierda por su participación en la sentencia que dio la victoria a Bush hijo frente a Al Gore en las presidenciales de 2000. Sin embargo, lo que no dicen de Scalia es que votó a favor de considerar que la quema de la bandera de los Estados Unidos estaba amparada por la Primera Enmienda (libertad de expresión), por más que la acción le repugnara. Y lo mismo podría decirse de los otros dos nombramientos del presidente Trump que han fallado reiteradamente en su contra.
Tanto en Estados Unidos como aquí, lo que la izquierda llama “jueces conservadores” son por lo general jueces que defienden lo que se creía que defendían todos: que su misión no es otra que la de aplicar las leyes, digan éstas lo que digan. Pero la izquierda pretende corromper el Poder Judicial haciendo de los tribunales una arena de lucha política más, donde es obligación de los jueces progresistas imponer su ideología por encima del dictado de las leyes. Y para justificarlo acusan falsamente a las leyes que no les gustan de ser conservadoras, y a quienes defienden su aplicación imparcial de tener el mismo sesgo ideológico. Así se ahorran el tener que cambiarlas, que es algo que a veces no pueden porque no tienen la mayoría necesaria o porque es muy complicado, como en el caso de la Constitución, y de paso se ahorran el costo político de la reforma.
La independencia del Poder Judicial es uno de los requisitos esenciales de la república y de la democracia representativa. Un Poder Judicial custodio de la Constitución y capaz de controlar y limitar a las ramas nacidas del voto popular es la base misma del concepto de democracia liberal o representativa. El antagonista actual de la democracia liberal es el que el húngaro Orban denomina democracia iliberal y que se encuentra muy próximo al tipo de gobierno que conocemos como populista, donde las instituciones constitucionales no tienen vigencia sino una forma de democracia directa porque “la constitución no puede limitar a la voluntad popular”, tal como sostiene el grupo del CEOPS de la Universidad de Valencia, fuente doctrinaria de esos movimientos. Sin sistema de justicia independiente no hay democracia. Si el poder político somete al poder judicial, desparece la protección de la libertad, de los derechos humanos y las personas quedan expuestas al arbitrio del gobierno y en “estado de indefensión”. La triste prueba es Cuba, donde desde hace 61 años la dictadura usa los jueces y el “orden legal infame” que ha creado para reprimir, perseguir, someter y asesinar a la gente.
Por ello es que también en nuestros países los progresistas buscan desesperadamente colocar a los propios en el Poder Judicial, aunque de manera aún mucho más grosera producto de la debilidad institucional de la que gozamos. Por caso, los gobiernos Kirchner en Argentina y Morales en Bolivia aplicaron la “utilización de la justicia para la persecución política”, el gobierno de Correa en el Ecuador hizo lo propio con lo que se llamó “la metida de mano en la justicia” y en Venezuela y Nicaragua operaron con lo que se conoce como la “judicialización de la persecución política” con notables e innumerables víctimas. Néstor Kirchner fue tras el control de la mayoría en la Corte Suprema de Justicia, embistió a los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, avanzó sobre el Consejo de la Magistratura, copó el Ministerio Público Fiscal e instaló el principio de una “justicia militante” que persiguió y persigue a miles de civiles y militares. El actual gobierno de Fernández/Kirchner maniobra ahora mismo con una propuesta de reforma judicial, que es un nuevo y definitivo ataque contra la Corte Suprema cuya actual composición no garantiza la impunidad de Cristina Kirchner y su entorno ya salido de las cárceles. Aumentar el número de miembros de la Corte Suprema y dividirla por salas de 3 ministros cada una es la coartada para terminar de copar el Poder Judicial en Argentina.
El manejo de la justicia que pretenden hacer los progresistas es un continuum en el que los demócratas socialistas en Estados Unidos están en un extremo y los comunistas chinos -con tribunales que son parte del gobierno central y proceden arbitrariamente, y jueces que ni siquiera pretenden tener autonomía– en el otro. En el medio están los progresistas sudamericanos que pretenden un manejo burdo de la justicia con el fin de obtener impunidad y de perseguir a los oponentes en su búsqueda insaciable de poder. Ojalá estas lecciones sean consideradas en Chile ahora que se encuentra ad portas de reformar su Constitución y recuerde que la historia demuestra inequívocamente que el camino a la prosperidad pasa por una justicia independiente. No hay atajos. (El Líbero)
Eleonora Urrutia
