Síntomas de «un proceso de preocupante desconexión», es como interpretan los máximos representantes de 15 entidades gremiales del país, el avance que tuvo la reforma constitucional que permitiría el retiro de un 10% de los fondos de la AFP y que obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada para pasar a su discusión en detalle.
«La política, por un lado, la técnica y el marco institucional, por el otro, están en un proceso de preocupante desconexión. Y esto les ha impedido a muchos reconocer propuestas muy superiores para ayudar familias de clase media con créditos blandos y subsidios, como las que se propuso tardíamente», dice la misiva publicada en El Mercurio.
Es más, señalan que la normativa «pone en riesgo la estabilidad social, democrática y económica del país» y que aún hay tiempo para considerar todos los argumentos técnicos e institucionales que hacen «inconveniente» lo legislado el miércoles 8 de julio.
A su juicio, es «innegable», que la iniciativa golpea en primera instancia al ahorro nacional y al valor de los activos donde están invertidos los fondos de pensiones, lo que tiene como repercusión un menoscabo sobre el valor de los fondos acumulados y altas tasas de interés. Asimismo agregan que «las pensiones serán aún más bajas y a futuro será más difícil para las personas concretar proyectos de vida que requieran crédito».
En el mediano plazo, explican, el retiro de fondos afectará también al empleo y a la sanidad de las cuentas fiscales, porque los empleadores tendrán que aumentar las cotizaciones justo en momentos en que se requiere incentivar nuevas contrataciones.
«Las prioridades inmediatas debiera estar en la reactivación económica y en políticas sociales y proempleo. Además, aprobar a la rápida un Fondo Colectivo Solidario nos pone en el camino de la captura política de fondo de pensiones, que han seguido otros países con graves consecuencias», señalan los empresarios.
Con todo, para este grupo de representantes gremiales de distintas industrias, aún hay tiempo de «enmendar el rumbo» de la política pública que se piensa adoptar, de manera de «no propinarle un golpe, probablemente irreversible» al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo en Chile.
De esta forma, los empresarios instan a los políticos de dejar de lado los «atajos populistas» y las «ventajas a corto plazo». Para lograr acuerdos duraderos y en beneficio a la sociedad se requiere, más que nunca, como definen, un apoyo en materia de salud, vivienda, educación y medidas que «de verdad» mejoren las pensiones futuras.
Entre los firmantes de la carta se encuentran Juan Sutil (CPC), Bernardo Larraín (Sofofa); Ricardo Arzitía (SNA), Msnuel Melero (CNC), Diego Hernández (Sonami), Pstricio Donoso (CChC), José Manuel Mena ( Abif), Peter Hill (CCS), Joaquín Villarino ( Consejo Minero), Rafael Cumsille (Comercio Detallista), Juan Pablo Swett (Multigremial de Emprendedores), Juan Araya ( Dueños de Camiones), José Carreño (Indupan), Sergio Pérez (CNTC) y Ricardo Margulis (Fedetur). (DF)
