La votación para retirar el 10% de las AFP desmadró a Chile Vamos, que tenía una valoración muy superior a la de la oposición en las encuestas y goza de una mucho mayor homogeneidad que sus adversarios. Pero más de la mitad de sus diputados que votaron se sumaron al bloque opositor en una moción inconstitucional, pero popular (era que no, ¿quién no quiere plata?), lo que se convirtió en una derrota histórica para el gobierno que pasará a los anales de la política.
También generó un terremoto interno al interior de la UDI y RN (con renuncias de parlamentarios y diputados que crearon un comité independiente). Pero el daño más grande todavía no se ha aquilatado. Los parlamentarios oficialistas que le dieron los 2/3 a la izquierda (porque ya no es posible hablar de centro izquierda) dejaron al gobierno y al futuro proceso constituyente en descampado.
Esa mayoría oficialista que asumió en el Congreso respaldando a Sebastián Piñera y se mareó, creyó que las necesidades producto de la pandemia justifican infringir la Constitución. Validaron un modus operandi de la izquierda para modificar la Carta Fundamental con la simple mayoría (que resuelve la admisibilidad de una reforma constitucional) e imponer el parlamentarismo de facto. Convirtieron al Presidente en un pato cojo y más encima, regalando a la izquierda el quórum de los 2/3, impidieron cualquier recurso posterior (veto o Tribunal Constitucional) para reestablecer el orden frente a impulsos legislativos fuera del Estado de Derecho. De hecho, ya están a la espera otras dos reformas constitucionales que siguen el mismo patrón. Una para gravar los altos patrimonios y otra para nacionalizar el 90% restante de los fondos previsionales y eliminar las AFP.
Rechazando el veto del Presidente, también con más de dos tercios, a la iniciativa que impide cortar los servicios públicos impagos y ordena a las empresas dar servicios gratuitos de conexión a internet, estos representantes de derecha pusieron término anticipado al gobierno que eligió la mayoría. Ya no hay espacio para que el Ejecutivo avance en su agenda. Pero lo más grave de todo es que perdieron el tercio que defendieron con tanto ahínco en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre. La exigencia que el 66% de los miembros de la constituyente tendrá que aprobar los artículos del nuevo texto constitucional se supone obligaría a grandes acuerdos. Aun cuando la derecha bajara su representación a un tercio en esa instancia, con su 33% tendría la capacidad de atajar la “tiranía de las mayorías”.
Ese tercio ya no existe porque una parte principal de la derecha invocó las necesidades frente a la pandemia, la desesperación de la gente, la voluntad popular para acoplarse a la oposición. Si de voluntad popular se trata, debieran eliminar también la cotización, que es obligatoria, porque voluntariamente nadie la quiere. Los parlamentarios oficialistas que se rindieron ya no defenderán sus principios (como que la Constitución no se transgrede nunca, se modifica solamente). Bastará con que la izquierda resuelva aplicar de nuevo su receta: una causa popular, llevarla a la TV en modo matinal, redes sociales beligerantes, violencia efectiva en las calles el día anterior a las votaciones claves y amenazas personales a los parlamentarios. ¡Un exitazo la fórmula!
Y suponiendo que los constituyentes de derecha tuvieran convicciones firmes y no aflojaran los 2/3 a la izquierda en la convención constituyente, lo más probable es que el acuerdo sobre el nuevo texto se convertiría igual en letra muerta. Ya quedó sentado el precedente que la Constitución se puede cambiar a través de artículos transitorios (que la derecha legitimó dando el máximo quórum de 2/3). Lo probable es que en la constituyente no sean los grandes acuerdos los que se impongan, sino que la ortodoxia ultra se atrinchere en su tercio para exigir que todas las materias que no sean respaldadas por un 66% de sus miembros queden fuera del texto Constitucional y se conviertan en materia de ley. Es decir, de la mayoría.
Y ya hemos visto que son justamente el Partido Comunista y el Frente Amplio los que ponen la música a la mayoría de izquierda, incluyendo a la DC. El incentivo será demasiado fuerte para que la ultra izquierda, que no ha sido parte de los acuerdos, continúe extremando sus posturas para hacer imposible la negociación, como eliminar el Tribunal Constitucional, terminar con la autonomía del Banco Central o darle iniciativa de gasto al Parlamento. “¿No hay acuerdo para mantener en el Ejecutivo las iniciativas en materia de seguridad social?”, se preguntarán. Pues dejemos a la ley definir por mayoría si el Congreso puede transitar al sistema de reparto que ya promueven algunos postulando “nacionalizar” los fondos.
Ese no era el sentido del acuerdo de noviembre, dirán algunos, sino que favorecer las posiciones moderadas exigiendo un quórum de 2/3 para aprobar los textos. Y, ¿qué importan los acuerdos para la oposición? Los firma cuando teme el castigo de la calle, pero luego los incumple. Del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, sellado sin los comunistas y buena parte del Frente Amplio en medio de la violencia social, nunca más se supo. La violencia continuó, en parte por la legitimidad que le dieron todos ellos con sus “sí, pero…” porque los atentados y la destrucción ayudan a desestabilizar al gobierno.
Tampoco se cumplió el acuerdo marco con la DC, el PS y el PPD (los más moderados de la oposición) para enfrentar la pandemia con un fondo de US$12 mil millones para mejorar los programas sociales de emergencia y reactivar los empleos en la reapertura. Días después los firmantes estaban abogando por el retiro de la AFP que significa inyectar a la vena de la economía alrededor de US$20 mil millones.
La derecha eligió perder la reserva del tercio cuando validó los resquicios para cambiar el sistema político e invocar el clamor popular para justificar un proyecto que es un mamarracho de política pública. Nadie ha podido explicar por qué consagra regalarle a los ricos un millón y medio de pesos en impuestos si hacen el retiro tope. Tampoco cómo pueden estar metiendo la mano en las finanzas públicas que han cargado con un costo de US$6 mil millones adicionales para los próximos años. Menos, cómo los adalides del colectivismo previsional, donde nadie es dueño de sus fondos, invocan el derecho a propiedad para extraerle los recursos al actual sistema, basado en la propiedad individual de las cotizaciones y, en subsidio, un pilar solidario.
Esta derecha, como está, sin principios que defender, al igual que el gobierno, va a una masacre constituyente. Y también electoral. Ambos tienen que cambiar la forma de relacionarse y sincerar qué Chile quieren construir. Y, sin duda, La Moneda tiene la mayor responsabilidad en corregir las causas que llevaron a esta fractura política de su sector. (El Líbero)
Pilar Molina
