Parece que la necesidad de una nueva constitución es casi lo único en que la gran mayoría de los chilenos estamos de acuerdo. Mientras los políticos edifican el “cómo”, es bueno que nosotros, los ciudadanos vulgares y corrientes, nos ocupemos de explicitar el “qué”. Yo, en lo personal, sugiero que nuestra nueva carta fundamental comience declarando que Chile es una república libre, unitaria, democrática y representativa. Estoy consciente de que casi todas las constituciones chilenas se han iniciado con un postulado similar, casi idéntico, pero esta vez hay que sopesar cuidadosamente lo que cada uno de esos términos significa.
Por de pronto, el que Chile sea una república unitaria es algo que está obligado por la historia, la idiosincrasia, la tradición y la pertenencia a la civilización cristiana–occidental. De hecho, ¿cómo podría Chile ser otra cosa que una república unitaria, democrática y representativa si todo eso es consustancial con su existencia? Creo que, de esos términos, el único que podría carecer de unanimidad es el de “unitaria”, y ello porque la llamada descentralización es una obsesión de muchos, por lo que nunca faltan quienes sueñan con un sistema federativo sin parar mientes en que eso está vedado por la realidad histórica y por el imperativo geográfico, que determinan que el gobierno central es el único que puede controlar la fuerza centrífuga que impone una geografía determinante de regiones muy diferentes entre sí en casi todos los aspectos.
Pero otro es el caso de la declaración constitucional de democracia representativa. A primera vista, parece ser una definición sin contendientes, pero en la realidad eso no es así, porque en Chile existen muy amplios sectores que cuando dicen democracia entienden populismo y cuando dicen representativa están pensando en los asambleísmos que disimulan la autocracia, cuando no el culto a la personalidad.
Cuando ahora nos declaremos democráticos, no podremos olvidarnos que hace apenas unos días casi un cuarenta por ciento de nuestros compatriotas estaba de acuerdo con un proyecto constitucional derechamente encaminado a una trasnochada “dictadura del proletariado” en el marco de un país parcelado en territorios prácticamente autónomos.
Esta vez la constitución que nos declare democráticos no puede estar inconsciente de esa realidad que nos dice que la democracia es un lujo que no sabemos si todavía podemos darnos y que tiene un enemigo interno de gran magnitud y de muy pocos escrúpulos hasta frente a la latente posibilidad de una revolución violenta. Por eso es que, esta vez, la misma constitución que nos declare democráticos tiene que contemplar claros y explícitos elementos de defensa frente a los enemigos externos y también para los internos.
Estoy consciente de que el establecimiento de normas constitucionales para controlar eficazmente al enemigo interno plantea una serie de problemas conceptuales y prácticos. ¿Es plausible que una democracia controle eficaz y preventivamente a los elementos antidemocráticos? Para plantearlo en términos más claros, ¿le está permitido a una democracia contar con leyes de explícita defensa de su sistema fundamental? Don Gabriel Gonzalez Videla, siendo un intachable demócrata y un hombre de izquierda, demostró que sí, aunque no se puede negar que su tesis fue muy resistida hasta por sus propios partidarios. Sin embargo, los acontecimientos contemporáneos nos están demostrando con despampanante realidad que un régimen democrático no puede carecer de defensas eficaces si pretende subsistir.
El mejor escenario para analizar a fondo este difícil puzzle conceptual es el que define una postura frente a un partido programáticamente antidemocrático como es el comunista. No se puede permanecer mirando para el lado ante la evidencia de que ese partido, permanente y programáticamente, persigue la subversión antidemocrática y violentista, sin perjuicio de también actuar con la cobertura de las garantías constitucionales.
Creo que, aunque la historia demuestra que todas las democracias que caen bajo el control de los PC dejan de serlo en la realidad, hay muchos que creen que eso es cosa de circunstancias especiales y añejas, pero que ahora es perfectamente concebible una democracia comunista real.
Para dilucidar esa espinuda cuestión, me propongo, en futuras reflexiones, analizar la posibilidad de democracia bajo un régimen marxista–leninista, aceptando que se trata de una doctrina plenamente vigente pero siempre escondida bajo un ropaje dialéctico muy hábil y muy engañador. Y, para ese análisis, podemos interrogar minuciosamente al más autorizado de los interlocutores, como es el propio Vladimir Ilich Ulianov (Lenin). Yo sé que se me dirá que no puedo traerlo como testigo porque murió hace casi un siglo, pero ese hombre, que trasformó la doctrina de Marx y Engels en una praxis política intangible, vive a través de sus numerosos escritos y, recurriendo a ellos, se le puede invocar como testigo en la causa por delito de asesinato de las democracias que es necesario, de una vez por todas, ventilar antes de redactar una constitución destinada a regir el devenir de una sociedad por muchos años por delante.
Me propongo asumir el rol de fiscal en este juicio tan necesario, confiando en todos mis compatriotas para que actúen de jurados. Puedo, además, asegurar que será un juicio muy entretenido. (El Líbero)
Orlando Sáenz
