Aquella noche de 2008, quienes vieron al fiscal Carlos Gajardo acercarse a José Mario Ruz, pensaron que no conseguiría mucho más.
El hombre de 46 años –que después sería conocido como el sicario enviado a matar por María del Pilar Pérez, “la Quintrala”– había estado declarando durante toda la noche; sin embargo, aún no daba luces de lo más relevante.
El fiscal Gajardo se acercó a él y le preguntó: “¿Fue un homicidio puro o algo más?”.
–Fue un homicidio puro –contestó él.
Esa fue la primera declaración que inculpaba a Ruz de la muerte del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, quien, el 4 de noviembre de 2008, murió de dos tiros a quemarropa mientras pasaba a buscar a su polola en calle Seminario 97.
Esa pregunta clave es uno de los activos más reconocidos del fiscal Carlos Gajardo, hoy en el vórtice del huracán por el caso Penta. Sabe qué tecla tocar, aseguran quienes lo conocen. También se coordina con un funcionario de la Bridec que siempre acompaña las declaraciones y con alguno de los otros dos fiscales a cargo de la causa, José Antonio Villalobos o Pablo Norambuena, para cercar el marco del interrogatorio.
Es parte de esa habilidad con la que ha logrado que empleados del grupo Penta y otros funcionarios, como la secretaria de Jovino Novoa, entreguen su testimonio.
No solo eso –destacan quienes conocen su estilo de cerca–. “La característica más marcada de su trabajo está en el hecho de hacer él personalmente las diligencias. Cuando llega una denuncia, otro fiscal manda la orden de investigar con algún policía, en cambio él hace todo. Eso es una gran diferencia con el 80% de los fiscales”, comenta un abogado que conoce su forma de investigar.
De hecho, cada vez que toma una declaración, no existe nadie más que él que tome nota. Va tecleando palabra a palabra.
En la Fiscalía son claros al señalar que la diferencia que se establece entre quienes declaran como imputados o testigos, es clave. Mientras los primeros tienen derecho a guardar silencio, los segundos no cuentan con esa opción y se ven obligados a responder las preguntas que les formulan el fiscal y la PDI. “Al testigo se le dice que está obligado a decir la verdad, a diferencia del imputado que puede guardar silencio”, afirman. Por ello, para quienes han declarado ante Gajardo, no ha sido una opción mentirle en sus respuestas. De hecho, cuando comienza cada declaración, a los testigos les advierten que en caso de ser descubiertos en una mentira, podrían ser procesados por obstrucción a la investigación.
PECES GORDOS
Gajardo “no se queda esperando a que le llegue una cosa, él va y la obtiene cuando la necesita”, asegura la ex jefa de la oficina de investigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete, que vio personalmente cómo el fiscal que hoy lleva el Caso Penta movió los hilos necesarios para destrabar la investigación que estaba paralizada en el SII.
La ex fiscal explica que mientras lideraba la Oficina de Investigación Penal de la institución, llegó a sus manos en 2013 un informe con antecedentes preocupantes sobre delitos que vinculaban a funcionarios, pero a pesar de que le entregó los antecedentes al entonces subdirector, Gonzalo Torres, nada pasaba. “Por eso me contacto por teléfono con Gajardo y le cuento que tengo causa con alto perjuicio fiscal donde hay metidos funcionarios del SII. La razón es preguntarle si denunciaba todos los casos –en ese tiempo había 49 contribuyentes bajo la lupa– o solo los casos relacionados con Providencia. Le pregunté. Él me dice que le denuncie todo. Para Gajardo era un éxtasis, pintaba como una causa buena”.
Navarrete continuó insistiendo en el Servicio, incluso –relata– increpó a Torres “que le echa la culpa al director, Alejandro Burr. Voy más tarde a hablar con el jefe de defensa del SII, Andrés Vio, y le digo que es grave que no denuncien, que hay un informe de mayo. Me dice que el informe se puede arreglar. Me doy cuenta que había un problema y pensé como ex fiscal, así que fui donde Gajardo a contarle. Y él se sorprende. Lo encuentra inaceptable”.
La fórmula que utilizó Gajardo para hincarle el diente al caso pasó por una autodenuncia que había realizado Iván Álvarez –el cerebro informático del SII que lideró el fraude al FUT– en la Fiscalía de Las Condes, por delito informático, “una distracción. Lo que hizo Carlos fue mandar a pedir esa causa a Las Condes y en ese contexto mandar a pedir los antecedentes al SII”. Ahí empezó todo.
Y la insistencia que Gajardo tuvo en este caso es porque no le gusta investigar cualquier causa. Una de las críticas que recibió de sus pares mientras estuvo en la Fiscalía de Ñuñoa fue que no tomaba en cuenta las causas pequeñas, “o sea, el robo del balón de gas de una señora equis no lo motivaba mucho”, comenta uno de sus pares. “Por eso su concentración en la Fiscalía de Alta Complejidad es un plus. A él le gusta perseguir peces gordos. Ahí sí que se obsesiona”.
En la Fiscalía son claros al señalar que la diferencia que se establece entre quienes declaran como imputados o testigos, es clave. Mientras los primeros tienen derecho a guardar silencio, los segundos no cuentan con esa opción y se ven obligados a responder las preguntas que les formulan el fiscal y la PDI.
“Al testigo se le dice que está obligado a decir la verdad, a diferencia del imputado que puede guardar silencio”, afirman. Por ello, para quienes han declarado ante Gajardo, no ha sido una opción mentirle en sus respuestas. De hecho, cuando comienza cada declaración, a los testigos les advierten que en caso de ser descubiertos en una mentira, podrían ser procesados por obstrucción a la investigación.
Cercanos a Gajardo comentan que para él es importante que la diferencia entre imputado y testigo les quede clara a quienes declaran. “Les dice a los imputados que tienen derecho a guardar silencio, pero que, si hablan, lo que digan puede ser usado en su contra”, comentan las mismas fuentes, las que agregan que a los imputados se les recalca que ellos no arriesgan ningún tipo de sanción, a menos que mientan. En caso de tener dudas respecto a la responsabilidad de alguien en un hecho, siempre prefiere dejarlo en calidad de imputado.
Han declarado como testigos las secretarias de Penta: Mylene D’Alencon y Claudia San Martín; los contadores del mismo holding: Dora Pérez y Francisco Astorga; y la secretaria del estudio de abogados al que pertenecía Jovino Novoa, Bernardita Chamorro, entre otros.
TESTIMONIOS CLAVE
La primera declaración de un empleado de Penta al fiscal Gajardo fue la que el 4 de agosto del 2013 prestó la contadora general del grupo, Dora Pérez, en la que durante más de dos horas reconoció el uso de boletas falsas por parte de familiares de los controladores del holding. Pérez comenzaba a entregar los antecedentes que un par de meses después estallarían en la opinión pública, y que hoy tienen por las cuerdas a Délano, Lavín y la cúpula de la UDI.
“Respecto de lo que se me pregunta de Inversiones Pacífico indico que es una sociedad de inversiones que tiene a su haber los automóviles de los jefes. Deben ser unos 8 automóviles. También los gastos de mantención que se pagan y no mucho más (…). Las dos camionetas de administración están justificadas. Los demás son los autos de los jefes, que no se tendrían que haber comprado con dineros de la empresa sino con dineros personales”, declaró en la ocasión la contadora, dándole insumos a Gajardo para continuar con su indagatoria.
Más adelante añadió otros antecedentes sobre la participación en la triquiñuela tributaria de las cónyuges de sus jefes: “Son boletas de alrededor de 5 millones de pesos. Las cónyuges no hacían nada en Penta, no tenían oficina ni nada”, indicó la funcionaria.
Ese mismo día, el 4 de agosto, un segundo testimonio de un empleado de Penta vino a confirmar las irregularidades. El contador Francisco Astorga declaró ante Gajardo como testigo, y en ese ejercicio empoderó aún más la investigación judicial. “La última vez hablaron conmigo Carlos Eugenio Lavín y su señora María de la Luz y yo adquirí un Land Rover que costó 83 millones de pesos y que actualmente lo utiliza la señora. Los años anteriores fue igual”, aseguró Astorga, en un testimonio que solo tomó una hora.
Más adelante, el 16 de septiembre, en la víspera de que estallara la arista política del caso, las secretarias personales de Lavín y Délano, confirmaron el vínculo de la empresa en el financiamiento irregular a las campañas de la UDI.
Mylena D’Alencon, asistente de Lavín y funcionaria de Penta hace 26 años, indicó: “Este tema del financiamiento de las campañas a mí me empieza a constar con la campaña de Joaquín Lavín. Ahí yo me enteré que esto pasaba y tengo la certeza. En algún momento esto me lo habló Hugo Bravo que hablaba de los ‘auspicios’ para los políticos”.
“Luego llegaban sobres cerrados y que decían personal, por lo que no los abría. Los sobres iban dirigidos a Hugo Bravo. Luego don Hugo Bravo me las pasaba a mí una vez que las abría y eran boletas de honorario o facturas. Yo las mandaba a Tesorería con Juan Carlos Armijo, con alguna nota que don Hugo enviaba con un posit encima. La persona que había traído el sobre se iba. La persona no era conocida, era un auxiliar y me decían que traían un sobre de tal candidato. Recibí estos sobres de Iván Moreira, Ena von Baer, Alberto Cardemil. Recuerdo que un señor de apellido Illanes, que no era un auxiliar, era el que traía las facturas de Golborne y luego era el que retiraba los cheques. Jovino Novoa hacía llegar unas facturas para respaldar el cheque que se entregaba. Los retiraba un auxiliar. Cuando el cheque estaba listo yo llamaba a las secretarias de los candidatos y les indicaba que el cheque estaba listo. Llamé recuerdo a las secretarias de Jovino Novoa, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, Alberto Cardemil, para que retiraran los cheques por las boletas enviadas”, detalló D’Alencon, confirmando la información que a esa altura ya manejaba el fiscal.
La secretaria de Délano, Claudia San Martín, entregó datos que iban en la misma línea, y que permitieron cerrar el círculo respecto del actuar de la empresa: “También el año pasado fue Ena von Baer, una o dos veces. Pablo Zalaquett en una o dos ocasiones. Alrededor de un año, o un año y medio atrás, supe que fue a almorzar al piso 16 Andrés Velasco (…) sé que con don Carlos Eugenio y don Carlos Alberto”, puntualizó.
Pero sin duda uno de los testimonios que más datos nuevos aportó fue el de la secretaria del estudio de abogados Guerrero & Olivos –del que hasta hace pocos días Jovino Novoa era miembro–, Bernardita Chamorro, quien entregó antecedentes respecto del uso de boletas falsas por parte del coronel UDI.
“Así entonces paulatinamente el señor Novoa me solicitaba emitir boletas, dando instrucciones verbalmente informando los datos, la emisión como monto, fecha y glosa”, declaró la funcionaria, quien además detalló que Novoa le dictaba boletas que eran parte de un talonario a nombre de Teresa Riera, una ejecutiva turística que nada tenía que ver con el estudio ni con Penta, señalando también que los trabajos que justificarían los documentos contables nunca se realizaron. (El Mostrador)
