Los casos que involucran a Patio, Factop y LarrainVial siguen creciendo en magnitud e impacto. Recientemente, la Corte de Apelaciones volvió a solicitar medidas cautelares, contra algunos imputados en la megaformalización. A ello, se suma la prisión preventiva solicitada previamente para ejecutivos clave de LarrainVial Activos AGF y miembros del directorio de la matriz, un hecho marca un cambio significativo en cómo el sistema judicial chileno enfrenta casos complejos, especialmente en el ámbito de los delitos económicos.
Entre los implicados en este caso figuran nombres de alto perfil, como los empresarios Antonio y Álvaro Jalaff, el exgerente general de LarrainVial Activos, Claudio Yáñez, y otros cinco exdirectores, además de Manuel Bulnes y Felipe Porzio, quienes están directamente relacionados con la creación y gestión del cuestionado “Fondo Corneta”. La Fiscalía ha imputado cargos graves, que incluyen lavado de activos, estafa, administración desleal y el uso malicioso de instrumentos privados mercantiles.
La solicitud de prisión preventiva para algunos imputados y de arresto domiciliario para otros refleja la gravedad de los delitos investigados. Estas decisiones buscan enviar un mensaje claro: el sistema judicial no tolerará la impunidad en casos que afectan tanto la confianza pública como el correcto funcionamiento del mercado financiero. Sin embargo, estas acciones también evidencian los retos que enfrenta el Poder Judicial, especialmente en un contexto de sobrecarga y recortes presupuestarios que limitan su capacidad operativa.
En paralelo, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha denunciado por tercera vez la filtración de antecedentes vinculados al proceso sancionatorio contra LarrainVial. Aunque estas filtraciones no constituyen el foco principal del caso, exponen un problema crítico: la dificultad de garantizar la confidencialidad en investigaciones que buscan proteger la fe pública. Este tipo de publicaciones, calificadas como delitos, generan un ruido adicional en un proceso ya altamente delicado.
Con la llegada de José Miguel Barros a la presidencia del directorio, LarrainVial enfrenta el desafío de reconstruir su reputación y de garantizar que estas irregularidades no vuelvan a ocurrir. Barros ha reconocido públicamente los “errores” cometidos, pero los cambios deben ir más allá de lo simbólico. Es indispensable implementar reformas estructurales, como el fortalecimiento de los programas de compliance, la creación de comités de ética independientes, la conformación de directorios realmente autónomos y el establecimiento de controles internos más estrictos que prevengan tanto los conflictos de interés como los movimientos financieros sospechosos.
Las solicitudes de prisión preventiva y de medidas cautelares no solo buscan garantizar justicia en este caso, sino también enviar un mensaje a toda la industria: la ética, el cumplimiento normativo y la transparencia ya no son opcionales. Mientras tanto, las filtraciones y la presión sobre el sistema judicial subrayan la importancia de fortalecer las instituciones públicas y dotarlas de recursos suficientes para cumplir con sus objetivos.
El desafío que plantea este caso es inmenso, pero también lo es la oportunidad de marcar un antes y un después en la lucha por un mercado más transparente y confiable. Solo el tiempo dirá si esta crisis se convierte en un punto de inflexión o en otro ejemplo de promesas incumplidas en la corrupción. (Red NP)
José Ignacio Camus M.
Co-Founder Admiral Compliance
