Una de las medidas más polémicas de la Convención Constitucional fue el intento de reemplazar la regulación de la expropiación. La primera señal llegó en febrero de 2022, cuando la Comisión de Derechos Fundamentales despachó un artículo que permitía expropiar bajo condiciones amplísimas, eliminaba el pago previo al contado y sustituía el “daño patrimonial efectivamente causado” por un vago “justo precio” cuyo monto y oportunidad definiría el legislador más adelante.
El argumento de la izquierda era que el derecho de propiedad no podía estar por encima de los derechos fundamentales de las personas.
Para alcanzar los dos tercios en el Pleno hubo que moderar la redacción. Luego de una negociación entre la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista y la centroizquierda de Independientes No Neutrales y la bancada socialista, se aceptó el pago previo a la toma de posesión material, pero se mantuvo intacta la expresión “justo precio del bien expropiado”. El 4 de mayo de 2022 la norma fue aprobada con todos los votos de la izquierda y la centroizquierda a favor y todos los de Chile Vamos en contra.
El Rechazo sepultó aquel texto en septiembre de 2022. Sin embargo, la tendencia a relativizar el Estado de Derecho, que estaba detrás de la norma, y en general de la Convención Constitucional, nunca realmente desapareció por completo.
Cortesía del gobierno de turno, su espíritu sigue rondando la política chilena como un fantasma como se dejó ver con especial claridad en las decisiones que buscan poner fin a la mega toma de San Antonio.
Pues, a pesar de un fallo de la Corte Suprema (ratificado en marzo de 2024) y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (que el 5 de noviembre de 2025 fijó un plazo de 30 días para el desalojo), el gobierno decidió, a solo 48 horas del vencimiento, expropiar 100 de las 215 hectáreas ocupadas.
El problema es que lo ofrece el gobierno es una fracción de lo que parece ser el precio de mercado. Los propietarios habían presentado tasaciones independientes de entre 0,80 y 1 UF por metro cuadrado y, en negociaciones previas, habían bajado dos veces su pretensión, hasta llegar a 0,40.
El Ministerio de Vivienda no aceptó la propuesta y ahora, vía expropiación, impone 0,23, la mitad de la oferta más baja de los dueños, un tercio del valor de mercado real (que ronda las 0,6 a 0,7 en la zona) y casi un quinto de lo reportado por los tasadores.
La forma de abordar la mega toma de San Antonio por parte del gobierno no solo da para pensar sobre los desastrosa que habría resultado la propuesta constitucional de 2022 de haber sido aprobada, sino también sobre cómo la tendencia a relativizar el Estado de Derecho no ha desaparecido ni siquiera tras su supuesto entierro.
Es precisamente en este punto donde el caso de San Antonio deja de ser una excepción y pasa a funcionar como síntoma: las mismas lógicas que permiten el abuso que allí ocurre se observan en otras áreas donde la ley impera, pero su aplicación se diluye.
Cada ámbito tiene su propia dinámica, pero todos comparten el mismo espíritu: una aplicación selectiva del Estado de Derecho.
Algo similar puede observarse en las fronteras, por ejemplo. La brecha entre lo que la norma ordena y lo que ocurre en la práctica es evidente. La ley prohíbe el ingreso irregular, pero desde 2022 se han detectado más de 125.000 ingresos irregulares a nivel nacional (53.875 en 2022, 44.235 en 2023 y cerca de 27.000 en 2024, según la PDI), con Colchane como epicentro, concentrando más del 80% de las detecciones en Tarapacá durante 2022-2023, superando las 40.000 solo en esos dos años.
Algo no tan diferente ocurre en los colegios. Aquí también la distancia entre el marco normativo y la realidad cotidiana es imposible de ignorar. La ley establece que son espacios para el aprendizaje y prohíbe cualquier forma de violencia, pero desde 2022 las denuncias por agresiones y daños han aumentado un 21,7% respecto a 2019, según la Superintendencia de Educación. En el Instituto Nacional, por ejemplo, se registraron 174 sanciones por faltas gravísimas en 2022 y más de 39 eventos violentos con 35 detenidos en el año siguiente.
Y algo similar ocurre en la Macrozona Sur. Pocas zonas muestran con tanta claridad la distancia entre la ley escrita y su cumplimiento efectivo. A pesar de que la ley garantiza el monopolio de la fuerza al Estado y el libre tránsito de las personas, desde 2022 se han registrado más de 1.200 hechos de violencia rural (incendios, usurpaciones y ataques armados), con más de 80 atentados, según el Observatorio Crimen Organizado UNAB. En Temucuicui, la policía no puede entrar, volviendo el territorio un santuario de impunidad de facto.
Así, la pregunta que surge es si la falta de Estado de Derecho tiene que ver con la Constitución misma o con la voluntad—o falta de ella—de quienes deberían hacerla cumplir.
Quizás las respuestas las tienen los mismos involucrados.
El ministro Carlos Montes asegura que no hay alternativa viable para acomodar a las miles de familias de la mega toma, como si el deber de restituir el derecho vulnerado fuera irrelevante frente al hecho consumado.
El director de Migraciones, Luis Thayer Correa, dice que parte del problema en la reconducción de migrantes ha sido la falta de impresoras, como si la integridad territorial dependiera del número de enchufes en las casetas de vigilancia.
El ministro Nicolás Cataldo sostiene que el Mineduc “no tiene competencias para perseguir delitos”, como si garantizar entornos seguros no fuera una responsabilidad mínima del sistema educativo.
Así, suma y sigue.
Y en ese acumulado es donde se produce el giro político: cuando la ciudadanía percibe que la autoridad interpreta las reglas según conveniencia, la demanda deja de ser programática y pasa a ser orden. No porque cambien las preferencias de fondo, sino porque la incertidumbre sobre la aplicación de la ley desplaza cualquier otro eje.
Esto explica por qué es imposible desvincular la forma de hacer política del gobierno, que flexibiliza el Estado de Derecho, con la demanda de las personas por cambio en el ciclo electoral actual.
Pues, lo que permea al 70% de los votantes que votó en contra de la continuidad en la primera vuelta es la sensación de que el gobierno de turno aplica el Estado de Derecho a su propio modo, como si la justicia no dependiera de la Constitución ni de la ley, sino de su propia categoría moral y voluntad política. (Ex Ante)
Kenneth Bunker
