El estallido no fue social

El estallido no fue social

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Transcurridos dos años de la irrupción de la violencia, la destrucción y el pillaje en nuestra convivencia, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el 18 de octubre de 2019 no hubo en Chile un estallido propiamente social, vale decir, una protesta contra un estado de cosas insoportable, por ejemplo, la limitación de las libertades, la aprobación de leyes perjudiciales para la mayoría, alto desempleo, inflación descontrolada, etc. En ese momento, había preocupaciones y demandas legítimas, como la referida al mejoramiento de las pensiones, pero el país no estaba en crisis. Las instituciones funcionaban normalmente y, pese a las diferencias, el gobierno de centroderecha y la oposición de centroizquierda, que controlaba el Congreso, mantenían relaciones de cooperación. El ritmo de crecimiento en el primer año de Piñera había duplicado el promedio del segundo gobierno de Bachelet, y el país era visto por miles de inmigrantes venezolanos, haitianos, colombianos y de otras nacionalidades como el lugar apropiado para iniciar una nueva vida. En suma, Chile distaba de encontrarse en una situación que pudiera explicar que, de un día para otro, y con el solo antecedente del alza del pasaje del Metro, se desatara una ola de irracionalidad como la de la noche del 18 de octubre.

Desde la recuperación de la democracia, habíamos sido testigos de manifestaciones de protesta por diversas causas, desfiles, huelgas prolongadas, ocupación de universidades y liceos, pero nunca se produjo algo siquiera comparable a la irrupción de turbas dedicadas a robar, quemar y destruir en muchos puntos a la vez, lo cual puso a las fuerzas de Carabineros ante la prueba más difícil de su historia. Aquello no era protesta, sino vandalismo puro. No era reclamo, sino barbarie metódica. Pero, los locutores de la TV y los líderes opositores bautizaron rápidamente lo que ocurría como “estallido social”, lo que daba un aire de nobleza a todo lo que ocurría.

Lo que hubo el 18 de octubre fue un ataque políticamente motivado contra la sociedad chilena, en rigor, el más grave contra el orden democrático desde 1990. Para llevarlo a cabo, se requirieron planificación, coordinación y empleo de amplios recursos. El 19 de octubre, Guillermo Teillier, jefe del Partido Comunista, pidió la renuncia del presidente Piñera. Era como si estuviera cumpliendo su parte del diseño. En los días siguientes, quedó en evidencia que su partido se entusiasmó con la posibilidad de reeditar todas las formas de lucha.

El propósito explícito del 18/O fue político: golpear al gobierno de centroderecha, y específicamente a Sebastián Piñera, para hacerlo fracasar y, simultáneamente, cuestionar los logros conseguidos por Chile a partir de 1990 con gobiernos de centroizquierda y centroderecha. El populismo latinoamericano no demoró en expresar sus simpatías hacia “la rebelión del pueblo chileno contra el neoliberalismo”. No son 30 pesos, sino 30 años, como voceaba Maduro en Caracas y repetían sus amigos en Santiago.

La violencia fue validada por mucha gente de los sectores medios que aceptó el relato de la TV sobre la supuesta epopeya que se vivía en las calles. Se extendió la idea de que aquello podía contribuir a que surgiera una sociedad más justa. Una vez más, el fin justificaba los medios. En nombre de la justicia, se cometieron tremendas injusticias, se destruyeron miles de pymes, se hizo retroceder la economía, se generó un clima de desprotección en la sociedad y se fomentaron las peores distorsiones sobre lo que se entiende por lucha social. Los cabecillas tenían un plan para empujar a Chile al caos, y contaron con ayuda extranjera.

En algún momento, deberá conocerse en detalle la contribución del régimen de Nicolás Maduro a nuestras desgracias. El 19 de julio de 2021, el presidente Piñera prestó declaración en calidad de imputado ante la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien le preguntó, entre otras cosas, si era cierto que la Dirección de Inteligencia del Ejército había entregado, pocos días después del 18 de octubre, un informe al ministro de Defensa de entonces, Alberto Espina, en el que se sostenía que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) había logrado introducir en Chile “un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana”, para llevar a cabo operaciones de insurrección en el país. Piñera reconoció la existencia del informe, en el que dijo que se mencionaba el ingreso de cubanos y venezolanos. Fue la revancha de Maduro por el desafío de Piñera en febrero de 2019, cuando viajó a Cúcuta, en la frontera de Venezuela y Colombia, para reunirse con el presidente Iván Duque de Colombia y solidarizar con el líder opositor venezolano Juan Guaidó.

¿Quiénes fueron los ejecutores del asalto al Metro y los ataques a los cuarteles policiales y las unidades militares? Los integrantes de una coalición político/delictiva, conformada por colectivos anarquistas, diversas facciones de ultraizquierda (MIR, FPMR, movimiento Lautaro, etc.), soldados del narcotráfico y elementos del lumpen. A ellos, se sumaron miles de muchachos extraviados que, con los incentivos correspondientes, se dedicaron al vandalismo en jornada completa.

¿Qué representó entonces la masiva manifestación del 25 de octubre de plaza Italia, que ha sido exaltada como la expresión del verdadero estallido, y que la prensa internacional interpretó como el anuncio de una revolución? ¿Es cierto que esa manifestación estaba desconectada de los saqueos y la destrucción de los días anteriores? Quienes la convocaron por las redes sociales mostraron gran habilidad al llamar a protestar contra los abusos y en favor de la igualdad. Todo el mundo podía sentirse identificado con ese llamado. Así, confluyeron a la plaza muchas minorías activas, en una mezcla de happening y actitud rupturista, en la que cabían todos los motivos de descontento. Fue un magma. No hubo un lema central, ni oradores, ni condena de la violencia. Pero, todo el mundo entendió que la manifestación era parte del mismo estallido, y que en los hechos legitimaba los desmanes de los días previos. Fue, como dijo Pablo Ortúzar, el escudo humano que necesitaban los vándalos.

Fue entonces que los partidos opositores decidieron subirse al carro de la protesta para golpear al gobierno. Con el pretexto de sumarse a “la indignación del pueblo”, echaron leña al fuego para crear una situación de ingobernabilidad que les permitiera volver al gobierno antes de 4 años. Habían recibido una contribución inesperada de los violentos para debilitar al gobierno, y el futuro del régimen democrático dejó de importarles. Si se derrumbaba el orden público y se creaba un cuadro de inestabilidad, la responsabilidad sería de Piñera. En las calles, las tribus anarquistas iniciaron una intensa campaña de odio contra el Mandatario, que terminó convergiendo con el propósito de interrumpir su mandato desde el Congreso.

El empeño de los agitadores de plaza Italia por cubrir el vandalismo con ropaje justiciero se expresó en la frase “hasta que la dignidad sea costumbre”. La palabra importante era “hasta”, puesto que daba a entender que todo lo que estaba ocurriendo en Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena y otras ciudades no se detendría “hasta” que la sociedad se sometiera a su idea de dignidad. ¡Fue la violencia la que se hizo costumbre! Ni siquiera la pandemia detuvo el delirio destructivo. El primer aniversario del 18/O, en 2020, confirmó que hay grupos cuya razón de ser es la violencia. Hoy, está fuera de discusión que los sectores más activos de los desmanes en Santiago estuvieron siempre conectados con el bandolerismo de La Araucanía.

Es revelador que los sectores que han hecho campaña por el indulto a los saqueadores del 2019 hablen hoy de “los presos de la revuelta”, y no del estallido social. La propia presidenta de la Convención se refiere a los “presos de la revuelta”, casi como signo de distinción. A confesión de parte, relevo de pruebas. No hubo una explosión espontánea de malestar hace dos años, que llevó a alguna gente biempensante a repetir que “Chile despertó”. La intoxicación propagandística hizo lo suyo en aquellos días, pero finalmente se reconoce la verdad: revuelta, o sea, asonada, acto de sedición. Y el objetivo fue provocar la caída del gobierno de Piñera.

El 18 de octubre dejó una herencia envenenada. Debilitó la legalidad, alentó los delitos con rostro “social”, fomentó la anomia, metió el miedo en el cuerpo a la sociedad y acentuó la degradación de la política. La cultura democrática retrocedió dolorosamente. Hemos visto surgir en el Congreso una corriente que ha avalado muchas acciones antisociales y no ha dudado en impulsar las formas más desembozadas de deslealtad hacia el régimen democrático. Y encima de eso, la embriaguez refundacional de la Convención. Cuando escuchamos decir que esta expresa “el espíritu de octubre”, es difícil no asociarla con calamidades.

Nos enfrentamos hoy a una nueva ola desestabilizadora, cuya expresión más grave es la nueva acusación constitucional presentada en la Cámara contra el presidente Piñera, la cual carece de base jurídica, pero busca crear un clima de crispación cuando faltan pocos días para las elecciones del 21 de noviembre. Sus promotores son parlamentarios disolutos, a los que mueve el puro interés electoral: en estos mismos días se están jugando sus cargos bien pagados. Son, qué duda cabe, la encarnación de la politiquería.

Fracasó el plan sedicioso de 2019, y eso probó que la democracia tiene cimientos firmes. Con todo, hay que defenderla a pie firme. Debemos unirnos en un amplio frente contra la violencia. El Estado tiene la obligación de imponer el respeto a la ley en todo el territorio. Debe desarticular sin tardanza a los grupos narcoterroristas que actúan en La Araucanía y el Bío-Bío.

La mayoría de los chilenos quiere orden y estabilidad en el marco de las libertades que hemos conquistado. Esa mayoría debe converger, por encima de filiaciones y candidaturas, en la tarea de sostener la República en cualquier circunstancia. Podemos vencer las dificultades presentes, renovar el compromiso con la democracia y asegurar un rumbo de verdadero progreso. (El Líbero)

Sergio Muñoz Riveros

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