No es raro que, en todo el mundo, el Estado esté cobrando una preponderancia como la que ha tenido durante la pandemia. No son pocos los que han asimilado el combate contra el coronavirus a una guerra. En ésta, el Estado toma un rol de dirección y control que se justifica por el tamaño de la amenaza y las múltiples medidas simultáneas que deben ser adoptadas en pro del bien común.
Por todas partes, el Estado multiplica atribuciones y funciones y deja sentir su mano omnipresente, cada vez más poderosa. Como ha dicho el filósofo francés Pierre Manent, “en nombre de la urgencia sanitaria se ha implantado de facto un Estado de excepción, gracias al cual se ha tomado la medida más primitiva y brutal de todas: el confinamiento general bajo control policial”. Chile no es la excepción. Acá el estado de catástrofe limita las libertades de los ciudadanos; algunos servicios, como la salud, han sido intervenidos; la actividad económica está severamente restringida; se multiplican los planes de asistencia e incluso se reparten cajas con alimentos.
Esta realidad inesperada obliga a preguntarse cómo serán las cosas una vez que la emergencia quede atrás. Han sido abordados diversos aspectos del “desconfinamiento”, pero quizás el más relevante en el largo plazo es qué tipo de Estado va a ser el que nos deje como herencia esta crisis. Resulta natural pensar que volverán a ser garantizadas las libertades hoy restringidas, pero no lo es tanto saber si el Estado retrocederá en la actitud asistencialista que cobró vuelo con la pandemia, pero ya venía ganando intensidad desde el estallido de octubre.
Resulta altamente probable que el tipo de ayuda directa que se está distribuyendo con ocasión de la crisis sanitaria se convierta en algo más permanente. Por varias razones: es políticamente rentable en el corto plazo; puede ayudar a generar clientelas electorales; la gente la prefiere y agradece; su carácter práctico y tangible sugiere eficiencia y conveniencia; y denota una preocupación por los necesitados de la que muchas veces los gobiernos de todo signo han carecido. Es muy posible que las cajas de alimentos y los bonos se hagan parte de nuestro inventario político-social.
Existe el riesgo de que este tipo de ayuda -tan necesaria hoy, pero tan peligrosa en el largo plazo- devenga en un placebo y comience a suplantar a una verdadera política de desarrollo social. No es necesario ir a Venezuela para reconocer el fenómeno: ocurre ya en varias de nuestras comunas, donde el asistencialismo clientelista se expresa en toda clase de dimensiones, desde farmacias populares a actividades para el adulto mayor. Se trata de una práctica que puede terminar generando anomia y dependencia, haciendo a la larga más daño que el que se quería prevenir originalmente. (La Tercera)
Juan Ignacio Brito
