El deber de contribuir al bien común

El deber de contribuir al bien común

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Terminó el 2020, año que será recordado por dos grandes hitos que quedarán marcados en la historia de Chile: la pandemia del coronavirus y el plebiscito constitucional en que la ciudadanía optó por tener una nueva Constitución. Ambos acontecimientos tienen algo en común y es que influyen en los desafíos sociales del país.

La pandemia hizo más visible la pobreza, el hambre y la malnutrición. Las ollas comunes que habían quedado en el olvido, pero que siempre estuvieron presentes, comenzaron a multiplicarse por todo el país, un fiel reflejo del impacto social que generó el coronavirus. Pero el año termina y pareciera que esta situación quedase en el olvido. El hambre y la malnutrición no son pasajeros, por lo que tenemos que enfrentarlos de forma sistemática y con más fuerza que nunca para ir en ayuda de cientos de miles de personas que están sufriendo este flagelo.

Paralelo a esto, ya se encuentra en desarrollo la discusión constitucional sobre qué debe abordar la nueva Carta Magna. Y en ese sentido es válida la pregunta de si la alimentación debe considerarse como un derecho que debe estar en la Constitución. En esa línea, hay que recordar que el derecho a la alimentación es reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Además, está consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Ambos tratados internacionales fueron firmados por Chile.

Ante esto, la reforma al Capítulo XV de la Constitución que habilitó el proceso constituyente obliga a la Convención a respetar en la nueva Carta Magna los tratados y acuerdos ratificados por nuestro país. De esta forma, el derecho de las personas a la alimentación seguirá garantizado. Sin embargo, debiera explicitar el derecho a una alimentación adecuada o a la protección contra el hambre. Hoy son más de 30 los Estados que han reconocido explícitamente este derecho y es una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, hay que ir despejando ciertos obstáculos que hacen que el camino para ayudar sea, muchas veces, muy complejo. Por ejemplo, hoy existen más de 50 leyes sobre donaciones con regímenes tributarios diferentes. Ante esto, 16 centros de estudios trabajaron en una propuesta para que Chile tenga una ley general de donaciones orientada a impulsar y fortalecer la sociedad civil.

Una iniciativa muy necesaria, ya que el Estado debe dar más espacios de colaboración e incentivar iniciativas que fomenten los actos filantrópicos. Debe dar más libertad y poner menos trabas para tener una estructura cooperativa sólida para ayudar al bien común de las personas que está compuesto por la educación, salud, alimentación, vivienda, cultura, deporte, conservación del medio ambiente, entre otros objetivos fundamentales.

La Red de Alimentos ha impulsado diversos cambios regulatorios que permiten el rescate de alimentos y artículos de primera necesidad que iban a ser destruidos, para entregárselos a quienes sí lo requerían y no podían acceder a ellos. En 2009 el SII permitió a las empresas la entrega de alimentos no comercializables a instituciones sin fines de lucro en beneficio de la población vulnerable, eliminando el castigo tributario que existía hasta ese momento. En 2018 esto se extendió a otros productos de primera necesidad, como pañales y artículos de higiene personal.

En febrero del año pasado se promulgó la reforma tributaria que establece que no se aceptará como gasto, y se afectará con un impuesto, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos y bienes procesados o terminados, tales como alimentos, productos de higiene y aseo personal, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción y remedios, entre otros, que aún se puedan usar y consumir.

Esto permitió que en 2020 la Red de Alimentos colaborara con más de 430 organizaciones sociales y sus más de 1.280 centros a lo largo de todo el país, impactando en la calidad de vida de más de 270 mil personas. Cada una de esas personas tuvo acceso a los más de 8 millones de kilos de alimentos y más de 2,5 millones de unidades de pañales y artículos de primera necesidad rescatados en los últimos 12 meses que, en otros tiempos, habrían terminado en un vertedero.

A pesar de los avances, queda mucho camino que recorrer y muchas personas que ayudar. Por eso es momento de tener una mirada de largo plazo para no solo seguir actuando según las contingencias que afectan a nuestro país. Hoy es el covid-19 y anteriormente fueron terremotos, aluviones, incendios, entre otras catástrofes, que provocaron el sufrimiento de muchos compatriotas. Tenemos el deber de aunar esfuerzos público-privados y construir una cadena de cooperación rápida y efectiva que opere en función del país y el bien común de sus ciudadanos. (El Mercurio)

Carlos Ingham
Fundador y Presidente Red de Alimentos

Benito Baranda
Consejero Red de Alimentos

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