“Tengo una aproximación muy académica y no política, y me he pegado en la cara por no hacerlo”, dijo el contralor Jorge Bermúdez, la tarde del miércoles, ante los diputados de la Comisión de Constitución. Los legisladores escuchaban -sin cuestionar- sus explicaciones por la nueva crisis que vivía la institución, tras los despidos de tres funcionarios que habían denunciado un grave problema para calcular el déficit contable de los municipios.
La salida de los funcionarios reflotó los conflictos internos que existen en el edificio de calle Teatinos 56, y que en noviembre de 2018 marcaron el mayor revés judicial para el contralor Bermúdez:el fallo de la Corte Suprema que le ordenó reintegrar a la subcontralora Dorothy Pérez, quien había sido despedida por una “irreversible pérdida de confianza”.
Tras la derrota, Bermúdez movió sus piezas y reordenó el tablero. Reforzó a su equipo de asesores y consejeros para mejorar la gestión interna, enfrentar conflictos judiciales, contiendas administrativas y, de paso, tender los puentes políticos que, según el propio contralor, hoy no posee. De esta manera, dos exministros de la Corte Suprema, un economista y dos académicos daban forma al equipo de Jorge Bermúdez para trabajar en áreas estratégicas del organismo fiscalizador. Todos ellos firmaron contratos con cláusulas de confidencialidad.
El economista Enrique Paris Horvitz fue uno de los refuerzos del equipo asesor. El exjefe de asesores y estrecho colaborador del ahora exministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, fue uno de los convocados para trabajar con Bermúdez. Su experiencia en el sector público lo llevó a cargos como coordinador del plan de modernización del Estado, subdirector en la Dipres y jefe de división de Presupuesto del Ministerio de Salud.
Según el contrato que firmó el 2 de enero pasado, Paris asumiría labores de diseño, implementación y evaluación de un modelo de teletrabajo en la Contraloría. Pero, además, tendría como función “colaborar en la revisión de la actual organización, funcionamiento y atribuciones de la Contraloría General de la República, a fin de apoyar en el proceso de elaboración de una propuesta de actualización”.
La historia política del “Poli”, como lo conocen en el PPD, se remonta a la década de los 80, cuando ingresó a esa colectividad. Su cercanía con el expresidente Ricardo Lagos, a quien catalogan como su “padre político”, lo posicionó como uno de sus hombres de confianza y lo llevaron a ser su jefe de gabinete entre 2003 y 2006. Su rol en las negociaciones de reajuste salarial para el sector público y la Ley de Presupuesto de 2017 ampliaron sus redes políticas.
Este capital político-técnico es el que hoy busca aprovechar el contralor al contratar sus servicios, a cambio de una remuneración mensual que bordea los $ 2,7 millones. A cambio, según el contrato, Paris entrega informes mensuales con detalles de sus actividades, “el grado o porcentaje de avance y los demás aspectos que el contralor le requiera”.
Además del área de gestión, Bermúdez también priorizó a su equipo de asesores y consejeros en materia legal. Para esta labor recontrató a dos exministros de la Corte Suprema.
Uno de ellos es el abogado Urbano Marín, quien ya asesoraba en esta repartición desde la administración de Ramiro Mendoza. El expresidente del máximo tribunal del país -que por años integró la Sala Laboral y, además, fue ministro del Tribunal Constitucional- firmó un contrato por $ 1,7 millones mensuales para ser parte del círculo de consultores del contralor Bermúdez. El inicio de sus funciones, según el documento, comenzó el 1 de enero de este año y finalizan el 31 de diciembre próximo.
De acuerdo con este documento, Marín cumple labores en un comité judicial, instancia que fue creada para asesorar al contralor respecto de las causas que se tramitan ante el TC y los tribunales de justicia. “Asesorar al comité judicial en sus tareas propias y asistir a las sesiones del comité judicial”. El exsupremo conoce bien el trabajo de la Contraloría. Fue jefe de la División Jurídica y también jefe del Departamento de Estudios de ese organismo.
En paralelo al contrato que firmó Urbano Marín en enero de 2019, la Contraloría materializó el fichaje del también exministro de la Corte Suprema Pedro Pierry. En mayo de 2016, el abogado se retiró del máximo tribunal, tras lo cual se incorporó al equipo de Bermúdez. En el máximo tribunal, Pierry integró la Sala Constitucional y hoy, aseguran desde el Poder Judicial, fue refichado para cumplir labores de abogado integrante de la Corte Suprema.
La decisión del contralor Jorge Bermúdez de incluir en su equipo al exsupremo apunta a que Pierry “preste servicios consistentes en asesorar, emitir su opinión y responder las consultas específicas que se le formulen, en materia de derecho administrativo y derecho público general”. Por esta labor, el profesor emérito de la Universidad Católica de Valparaíso recibe una remuneración mensual de $ 1,7 millones.
El cuarto miembro del equipo de asesores externos de la Contraloría es el abogado Guillermo Jiménez Salas, quien llegó a fines de 2018. El profesional de la Universidad de Chile y académico de Derecho Administrativo en la U. Adolfo Ibáñez cumple una de las tareas más complejas dentro del equipo: realizar la formulación de un proyecto para modificar la Ley Orgánica de la Contraloría. Su sueldo por este trabajo asciende a $ 2 millones mensuales, y busca, entre otros puntos, hacer cambios profundos en los cargos de confianza, los cuales “deben reducirse a la planta de directivos, contralores regionales y jefes de unidad”, precisan desde la Contraloría.
Otro refuerzo de Bermúdez llegó con el abogado de la U. Católica de Valparaíso Jaime Vera Vega. Aunque presta servicios en la entidad desde 2016, este año el contrato de Vera plantea, entre sus principales tareas, apoyar al comité judicial, además de “orientar y asesorar respecto de las consultas que se le formulen en materia penal y en la tramitación de los procesos penales en los cuales tenga interés la Contraloría”. Según el contrato, Vera recibe mensualmente por estas funciones $ 2,5 millones.
Tal ha sido la importancia de tener una buena relación con el Parlamento, que el 9 de abril pasado Bermúdez ordenó crear un “Comité de estudios de presentaciones parlamentarias”. Esta instancia, según la resolución exenta N° 01282, busca dar celeridad a las presentaciones, denuncias o solicitudes que formulan “uno o más parlamentarios, y derivar a la división, departamento o unidad competente tal requerimiento”. El nuevo comité -conformado por el jefe de división de Auditorías, el subjefe de la División Jurídica, el jefe de la Unidad de Revisión de Informes de la División de Auditoría, el jefe de gabinete del contralor y un abogado de la Unidad Jurídica- está obligado a hacer un “seguimiento de la tramitación de la presentación, denuncia o solicitud parlamentaria”.
La medida adoptada por Jorge Bermúdez contrasta, eso sí, con la constante negativa de la Contraloría de responder a los oficios que la Cámara de Diputados le ha hecho llegar y que apuntan a fiscalizar al organismo que encabeza.
EL CÍRCULO DE HIERRO
El martes pasado se supo que Bermúdez había fichado al abogado Tomás Mackenney. El profesional es hijo del ex subsecretario de Marina y actual consejero del CDE Carlos Mackenney -uno de los democratacristianos más cercanos a Bachelet-, quien tiene una muy buena relación con el exministro Jorge Burgos. Tomás Mackenney fue el director jurídico de Burgos durante su paso por Defensa.
Mackenney reforzará los puentes políticos con el Parlamento, articulación que ya venía realizando con anterioridad Alejandro Valenzuela, abogado y asesor directo de Bermúdez. Valenzuela es cercano al Frente Amplio, desde su época de estudiante en Arica, donde colaboró en la formación del Partido Liberal. Allí conoció a Camilo Mirosevic -hermano del diputado Vlado Mirosevic-, luego se fue a Valparaíso a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso, donde fue alumno de Bermúdez.
Valenzuela, quien actualmente ostenta el grado 8 en la escala funcionaria, lo que equivale a una jefatura de área, pese a que no tiene un equipo a cargo, es parte del círculo de hierro del contralor, junto a Camilo Mirosevic, José Gálvez y Loreto Valenzuela. Con ellos tiene algo más en común: todos fueron alumnos de Bermúdez de Derecho Ambiental en la PUCV.
DEBATE INTERNO
Desde que estalló el escándalo del despido de los tres funcionarios de la DAC, el lunes pasado, el entorno del contralor viene repitiendo – como si se tratara de un mantra- que no es cierto que las contralorías regionales utilizaran fórmulas diferentes en las auditorías para el cálculo del déficit municipal. Además, sostienen en defensa del contralor que no existía una denuncia previa en contra de Bermúdez por este tema.
“No se presentó ni formalizó ningún tipo de denuncia que diera cuenta de eventuales irregularidades en el trabajo de los equipos de auditoría”, señaló un comunicado oficial de Contraloría divulgado el martes. Los asesores de Bermúdez buscaban desvirtuar por esa vía las acusaciones que, poco a poco, comenzaban a trascender de boca de los tres exfuncionarios en contra del contralor.
Recién a las 12.45 horas del viernes 31 de mayo, apenas 10 minutos antes de que fuera notificados de su despido y procedieran a retirarle el computador y el celular institucional, Barra envió por correo electrónico a la oficial de integridad -responsable al interior de Contraloría de tramitar las acusaciones por falta de probidad- una copia de su denuncia contra Bermúdez, la que había preparado con semanas de antelación.
Se trataba de una medida extrema. Sin duda. Pero, según Barra, era inevitable.
Desde mayo de 2018, mucho antes incluso que se conociera el resultado del informe de auditoría a la Municipalidad de Viña del Mar, el equipo de la DAC había alertado a sus superiores jerárquicos la existencia de un problema en las auditorías que realizaban las contralorías regionales en materia de presupuesto municipal. A lo menos en dos ocasiones durante el año 2018, Barra y su equipo pidieron a la división jurídica del órgano contralor, que encabeza el abogado Camilo Mirosevic, uno de los asesores más cercanos a Bermúdez, un pronunciamiento jurídico que aclarara el tema.
La necesidad de esa declaración, según señaló Barra en su denuncia, nacía de las consultas que auditores de la Contraloría Metropolitana I y II estaban haciendo a la DAC.
Así queda claramente consignado en el intercambio de oficios entre las distintas reparticiones de la Contraloría, y que hoy, en medio de la disputa que se vive al interior de la institución, están saliendo a la luz pública.
El primer mensaje está fechado el 31 de mayo de 2018. Ese día, Barra, en su calidad de jefe de la División de Análisis Contable, le envía al Comité de Finanzas Públicas de la Dirección Jurídica del ente contralor el oficio N° 30. “La I Contraloría Regional Metropolitana, por oficio interno, ha solicitado a esta división un pronunciamiento referente a la metodología para calcular el déficit/superávit presupuestario. Asimismo, en reuniones de trabajo con la II Contraloría Regional Metropolitana, se ha señalado a esta división, en síntesis, que las observaciones de fiscalización, relacionadas con el déficit presupuestario municipal, se determina de distintas formas, siendo, en su opinión, necesario un pronunciamiento jurídico al respecto”, señala el oficio suscrito por Barra y que fue recepcionado el 4 de junio de 2018 por el equipo jurídico de la Contraloría.
Camilo Mirosevic, mano derecha de Bermúdez, respondería el 27 de junio pasado, pidiéndole a la DAC nuevos antecedentes de contexto para hacer el análisis sobre la fórmula que se debía utilizar.
Durante los siguientes cinco meses, el equipo de la DAC liderado por Barra, con ayuda de las jefaturas de las áreas dirigidas por Ignacio Tapia y Pablo Soto, analizó informes finales de auditoría a distintas municipalidades que eran divulgados por las contralorías regionales. Así constataron que era efectivo que se utilizaban fórmulas distintas entre las contralorías regionales.
Para “avanzar en esta materia”, los tres funcionarios de la DAC, junto a sus equipos técnicos, elaboraron una propuesta metodológica para uniformar los criterios a los que debían ceñirse los auditores en las fiscalizaciones presupuestarias de las municipalidades. En el caso del cálculo presupuestario anual, al 31 de diciembre, señalan que el criterio para definir el déficit es el de ingresos devengados (*saldo inicial de caja real menos gastos devengados). Esta propuesta quedó plasmada en el oficio 41 de la DAC.
El 20 de diciembre de 2018, Barra le remite a la División Jurídica el oficio N° 41 para “su visación u observaciones si corresponde”. Junto a ese documento de varias páginas, envía un segundo oficio para, tal como lo había solicitado el director jurídico de la Contraloría, explicar el contexto de la solicitud de pronunciamiento legal: “La consulta surge ante la disparidad de metodologías de cálculo en las observaciones de fiscalización, respecto del déficit municipal, lo que haría necesario uniformar los criterios”, señala el documento.
Recién el 8 de febrero de 2019, la subjefa de la División Jurídica, María Soledad Frindt, da respuesta al oficio de Barra, visando la metodología que había propuesto la DAC. “Estimamos que a fin de uniformar los criterios a nivel institucional, es necesario que se capacite a los auditores en relación a la materia”, dice el oficio de la División Jurídica.
En ningún momento las instancias superiores de la Contraloría ni los asesores de Bermúdez le hacen ver a Barra y al equipo de la DAC que están cometiendo un error o que las auditorías de las contralorías regionales estén empleando la misma metodología, como ha asegurado esta semana el contralor.
Por el contrario, luego de que la División Jurídica ratificara lo que habían detectado, Barra, Tapia y Soto pidieron una reunión con el contralor Bermúdez para mostrarle el documento que habían preparado para uniformar los criterios de auditoría municipal y “mostrarle los errores que ellos habían detectado”, señala Barra. Para eso, llevaban un cuadro comparativo con casos concretos de auditorías que se hicieron usando criterios distintos, entre ellos, Viña del Mar.
La cita con el contralor Bermúdez se concretaría el 28 de febrero, pero el resultado no fue el que esperaban los tres funcionarios de la DAC.
Según relató Barra a Reportajes, el contralor golpea la mesa con el puño y les dice: “Y me van a decir que la auditoría de La Florida está mal también (… se imaginan las consecuencias para mí si se filtra que el cálculo está mal”.
NO ERA TAL
Casi un mes después, el 29 de marzo, Bermúdez volvió a reunirse con Barra y su equipo. En esa reunión, que se efectuó a las 13 horas en la Contraloría, donde también estuvo presente el jefe de la División de Auditorías, Eduardo Díaz, Bermúdez les señala que “la aparente disparidad no era tal”. Sin embargo, según la denuncia que presentó Barra en contra de Bermúdez y Díaz ante la comisión de integridad de la Contraloría -instancia que inició la vista de este caso el lunes pasado-, “la máxima autoridad de la Contraloría dio la orden de cambiar la minuta de análisis y ‘darles un paraguas (cobertura) a todas las fórmulas diferentes aplicadas en las distintas (contralorías) regionales”.
“Nosotros actuamos lealmente, lo que correspondía era alertar al contralor general de lo que habíamos detectado y así lo hicimos”, señaló Barra a Reportajes.
Por lo mismo, ahora los tres funcionarios acusan que su despido fue una represalia por parte del contralor.
Bermúdez insiste en que él hizo uso de su potestad para remover a cualquier funcionario de su institución. Sin embargo, al interior de Contraloría afirman que no es la primera vez que son despedidos o degradados funcionarios que han representado situaciones irregulares. Recuerdan, en ese sentido, el despido el año pasado del jefe de la División Informática, Luis Lara, y de Ronald Pérez, además del traslado a funciones de menor grado de César Guerrero, por dejar constancia por escrito de su negativa -argumentando que era ilegal- a ejecutar la orden del contralor de abrir los correos electrónicos de la subcontralora Dorothy Pérez y de otros funcionarios.
También la sanción aplicada a la auditora Macarena Martínez por haber denunciado a un grupo de funcionarios de la Contraloría que se desempeñan en el convenio de auditoría a la ONU -entre ellos al asesor directo de Bermúdez, Alejandro Valenzuela- por irse de safari en Kenia durante horario laboral. Martínez recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que ordenó restituirla en su cargo.
El estilo Bermúdez también se ha notado en los cambios de doctrina que ha hecho Contraloría. Expertos en Derecho Administrativo aseguran que en los tres años y medio que ha estado al mando de la institución, Bermúdez ha modificado, incluso de oficio -sin que hubiera una consulta de por medio-, abundante jurisprudencia que venía aplicando el organismo en diferentes ámbitos.
Bermúdez, señalan los expertos, ha planteado en varias ocasiones su interpretación personal en un tema, algo que en el mundo académico es usual y no tiene mayor trascendencia, pero que en su cargo de contralor tiene efectos enormes. La doctrina que asienta el contralor no solo se aplica en un caso específico, sino a futuro a todas las situaciones similares y su ejecución es obligatoria desde el Presidente hasta el último de los funcionarios públicos, incluso, afecta al sector privado regulado.
Y ejemplos sobran, afirman expertos en Derecho Administrativo. El más reciente fue el dictamen que impedía a los profesores de Derecho de las universidades estatales litigar acciones civiles -no patrimoniales- en contra del Estado, y del que tuvo que echar pié atrás luego de las críticas que recibió.
Pero hay más, muchos más.
La Tercera/La Tercera
