El triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, abre una oportunidad para impulsar un proyecto colectivo de mayor bienestar y democracia. Pero cuidado, no hay cheques en blanco ni espacio para la épica. La historia no avanza en capítulos, aunque así tienda a escribirse. No son malas noticias, al contrario, es una invitación a comprender con pragmatismo las dinámicas políticas. En el Chile de hoy conviven las expectativas de cambio de buena parte de la ciudadanía, los temores de otra y una enorme desafección con la alta fragmentación partidaria y la polarización, y todo eso mientras se debaten las instituciones fundamentales en la Convención Constitucional.
La segunda ronda no admite dudas sobre tres cuestiones. Primero, las elecciones fueron limpias y competitivas. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos y en Perú, donde los perdedores iniciaron infructuosas acciones mediáticas, legales y administrativas para revertir los resultados, en Chile no hay sombra sobre el proceso electoral. Segundo, la conversación televisada entre el Presidente en funciones, Sebastián Piñera, y el presidente electo, y el rápido reconocimiento de la derrota por José Antonio Kast fueron expresiones de respeto institucional y aceptación de adversarios ideológicos, sin sobreactuaciones ni extravagancias, cada vez más frecuentes en otros lares. El discurso de Boric arropado por una multitud tuvo también esa mesura. Tercero, la elevada participación (55,8%, 8 puntos más que en la primera vuelta) y la amplia diferencia entre Boric y Kast (56% frente al 44% de votos) confirma que el gobierno que asumirá en marzo será legal y legítimo. Es una oportunidad para recomponer los lazos entre las calles y las instituciones que terminaron de saltar por los aires en octubre de 2019.
Sin embargo, en primera vuelta, Apruebo Dignidad obtuvo 26%, con el 47% de participación, con lo que en el resultado actual podría haber más rechazo a José Antonio Kast que adhesión a su proyecto político. El Congreso que asumirá en 2022 está fragmentado, con mayor presencia de las izquierdas en diputados y mayor control del Senado por la derecha. La Convención Constitucional, también muy plural, viene trabajando desde hace ocho meses, encarando los grandes debates para el nuevo andamiaje institucional. Los desafíos son mayúsculos. El gobierno deberá negociar mucho para poder sostener un equilibrio dinámico entre responder a postergadas demandas sociales sin desestabilizar la economía. El funcionamiento paralelo de la Convención y el Congreso invitan a la máxima responsabilidad política y respeto institucional. Las bases sociales del nuevo gobierno, en particular las ubicadas más a la izquierda, deberían recordar el daño que ha hecho en América Latina y el mundo la sobrevaloración de la utopía, la expectativa de avance histórico lineal y la intolerancia. Chile necesita una democracia que funcione. (La Tercera)
Yanina Welp
Investigadora en el Albert Hirschman Centre on Democracy, coordinadora editorial de Agenda Pública y miembro de la Red de Politólogas
