El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, ha facilitado enormemente la comprensión de lo que estaba en juego en el nombramiento de la profesora Ángela Vivanco para la Corte Suprema.
Según él, el voto socialista contrario a esa postulación se fundamentó en la necesidad de evitar «la politización de la justicia». No hay en sus palabras ninguna razón de carácter jurídico ni objeciones a la persona de la abogada. O sea, Ángela Vivanco no le resultó reprochable ni por motivos atinentes al cargo al que postulaba, ni tampoco por consideraciones de índole humana.
Simplemente, Elizalde y su gente no estaban dispuestos a votar por alguien que había ocupado posiciones políticas distintas a las de ellos. Y si proceder así es muy válido cuando se trata justamente de cargos políticos, es una ofensa gratuita invocarlo cuando se está decidiendo una postulación para otro poder del Estado. Es decirle a la persona que concursa: como tus ideas no son las mías, no creo en absoluto que puedas ejercer una tarea no política con independencia de ellas. Una vez más, estamos en presencia del brujo que todas las noches se mete entre sus sábanas solo después de haber comprobado que no hay otro brujo debajo de su cama.
Pero eso no es todo.
Los socialistas de muy variadas generaciones tienen muy presente la experiencia de la UP. Saben cuán decisiva fue la acción de la Corte Suprema de la época para evitar el control total del poder que buscaban la presidencia de Allende y la coalición de partidos que lo respaldaba; recuerdan con claridad cuán dura fue la disputa entre el Presidente de la República y el máximo tribunal.
Por eso, en esta nueva etapa, lo que los socialistas han venido buscando con ahínco es el control de todos los órganos que pueden plantearse como un efectivo contrapeso de sus propósitos: el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y, por cierto, la Corte Suprema (del Congreso ya se encargarán por la vía del llamado «Parlamento abierto», a través de las ONG que controlan).
El objetivo es uno solo y no tiene nada de democrático: impedir por todos los medios la presencia del pensamiento cristiano en todas las instancias del Estado. Eso era lo que realmente estaba en juego en la nominación de Vivanco, señera defensora de los bienes que promueve el cristianismo. Para eso, el arsenal terminológico de los socialistas está siempre disponible: esta vez ha sido el reproche al conservadurismo de Vivanco; en otras ocasiones ha sido o será un supuesto fundamentalismo o integrismo; estará cada día más disponible la acusación de machismo y, por qué no, siempre servirá, la invocación a un supuesto fascismo de este o aquel individuo.
Una vez más, ha quedado en claro que no importaba nada la categoría jurídica de la candidata -ciertamente relevante-, sino que desde la mirada socialista debía primar el afán excluyente con que se enfoca la vida pública desde la tienda de Elizalde.
Y esto se va a repetir una y otra vez, porque lo que está en juego en los órganos jurisdiccionales y de control es nada menos que el derecho de las familias respecto de sus miembros, los derechos de los entes educativos, los derechos de los cuerpos intermedios a realizar sus actividades, el derecho de propiedad de todos y, lo más grave, el derecho a la vida de los aún no nacidos.
El socialismo despliega una vez más en la historia de Chile todas sus energías para conculcar esos derechos. Por eso -lo afirman desde el mismo PPD-, con su actitud el PS buscaba tender un puente hacia el Frente Amplio, punta de lanza de esas políticas represivas.
El caso Vivanco lo aclara todo: la profesora fue percibida como un obstáculo para concretar esos propósitos. (El Mercurio)
Gonzalo Rojas
