El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia resolvió habilitar al Presidente Evo Morales para una cuarta candidatura en las elecciones de 2019. Se trata de una decisión que carece de legalidad constitucional y desconoce el principio de la soberanía popular.
En el referendo de 2016, la mayoría del pueblo boliviano votó por el rechazo de una reforma constitucional para permitir la reelección de Morales a un tercer mandato. Previamente, en 2017, el Tribunal Constitucional, en abierta vulneración a la voluntad popular libremente expresada en las urnas, autorizó su postulación para el período 2020-2025, al considerar que era «su derecho humano» conforme al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. La Carta Democrática Interamericana obliga a los gobernantes a respetar el Estado de Derecho, el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y la duración de los mandatos presidenciales para evitar la prolongación indebida en el poder.
La oposición ha rechazado la decisión, estimando que se trata de «un grave atentado a la democracia» en Bolivia y convocó a un paro cívico nacional de protesta ciudadana. La Conferencia Episcopal Boliviana expresó en un comunicado que «el órgano electoral no ha actuado como poder autónomo, poniendo en duda las bases democráticas del país, lo que abre un futuro incierto para los bolivianos». Por su parte, 22 expresidentes iberoamericanos han expresado su preocupación por lo que consideran una «alteración del orden democrático en Bolivia».
Es preocupante el quiebre constitucional en Bolivia en el que el Presidente Morales aparece cooptando los órganos del Estado, en tránsito hacia el autoritarismo que han seguido en la región los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. (El Mercurio)
Mariana Aylwin
