La ley de gratuidad en la educación superior finalmente benefició a alumnos de los primeros 5 deciles que estudian en universidades con al menos 4 años de acreditación. Así, por ejemplo, una alumna vulnerable del cuarto decil que estudia en una universidad con cuatro años de acreditación se le financian completamente los $ 4 millones anuales que cuesta su carrera y que de otra forma debería haber financiado ella o su familia.
Por razones difíciles de entender para el ciudadano común, la Ley determina que otra alumna de mayor vulnerabilidad, de por ejemplo el segundo decil y que estudia en el Duoc UC, institución con 7 años de acreditación, no sea elegible para gratuidad. Ella sí obtiene la Beca Nuevo Milenio III, ascendiente a $ 900.000, lo que requiere que financie personalmente $ 600.000 que completan el arancel cobrado por este Instituto Profesional.
Conscientes de la injusticia ilustrada en el ejemplo anterior y que aquella podría atribuirse a la escasez de recursos, la ley estableció una suerte de atenuante. En la medida que los recursos de la gratuidad no fueran usados completamente, el remanente se destinaría a complementar la Beca Nuevo Milenio III, la que podría llegar a financiar hasta $ 1,2 millones. Así, la discriminación en contra de la alumna del sector técnico profesional de nuestro ejemplo se reduciría.
Como era previsible, al dejar fuera de la gratuidad al último momento de la discusión a los alumnos del sector técnico profesional, población sobrerrepresentada por alumnos vulnerables, los beneficiarios totales de la gratuidad fueron menos de los presupuestados; quedaron recursos que podrían aumentar la Beca Nuevo Milenio III.
Con tristeza y preocupación hemos sabido que el Ministerio de Hacienda ha propuesto recortar el presupuesto para este fin, lo que incumpliría un compromiso que atenuaba la injusticia que se generó con la Ley. Tristeza y preocupación, no indignación, ni sorpresa. La política pública en relación con la educación técnico profesional ha sido por años esquizofrénica, alejando de un modo incomprensible el discurso de la acción, por lo que no sorprende. Sí entristece que en una materia tan reiteradamente sentida para un gobierno de sensibilidad social, se eche mano de recursos que ya habían sido asignados a los más vulnerables.Preocupa, además,porque cuando no parece haber costos de incumplir la palabra por el hecho de habérsela dado a los más vulnerables, la relativización de los compromisos se hace más odiosa, y compromete la credibilidad del sistema entero. (La Tercera)
Ricardo Paredes
