Editorial NP: Vacunas, prelación y debida obediencia

Editorial NP: Vacunas, prelación y debida obediencia

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El consenso democrático liberal implica un tipo de “debida obediencia” de los participantes en el sentido que no sólo se acaten las normas que el conjunto social se ha dado al elegir periódicamente, de manera libre e informada, a quienes los representan y se hacen responsables de redactar y promulgar las leyes de convivencia en discusión pública y abierta, sino que, además, se respeten las siguientes decisiones de gestión y gobierno que diariamente adoptan esos liderazgos, sean locales o nacionales, legitimados tras haber sido elegidos por los mismos ciudadanos que acatan.

Es decir, un verdadero orden democrático liberal se impone a sí mismo un conjunto de reglas para que sus ciudadanos convivan armónicamente y eviten resolver los conflictos que surgen de la práctica de las libertades mediante la violencia o el uso abusivo de poderes de diverso origen, dejando la interpretación de los actos controvertidos en manos de tribunales independientes que basan sus sentencias en las leyes que el Congreso electo dicta. De allí la división de las potestades estatales de ejecución, legislación y aplicación de justicia, privilegios que, en un pasado no tan lejano, se concentraban en la persona del monarca absoluto o, más reciente y, en algunos casos, en la actualidad, en el dictador.

La obvia dificultad para coordinar los millones de voluntades que cohabitan en sociedades libres y abiertas, así como entre los propios liderazgos democráticos electos, se ha evidenciado en Chile y otras naciones que gozan de un régimen de libertades durante la reciente campaña mundial de vacunación para prevenir el contagio con el Covid 19, una necesidad que, por lo demás, apunta nada menos que a la supervivencia.

En las democracias maduras, la ciudadanía evalúa periódicamente el accionar de sus líderes electos, mientras estos, en sus cargos, actúan buscando cumplir sus promesas con coherencia respecto de los múltiples desafíos contingentes que emergen en la gestión diaria y que deben ser abordados consistentemente con los principios que proclamaron, respetando así la opinión implícita y explicita de sus electores.

El quiebre de esas confianzas no se resuelve con la expresión violenta de la decepción, sino que se traduce en que en la siguiente elección periódica el dirigente será castigado al ser desplazado por otro que llenará las nuevas expectativas, o será premiado con la confirmación ciudadana para que continúe en el cargo, y así sucesivamente. En todo el proceso, empero, ciudadanos y liderazgos se comprometen a cumplir las reglas acordadas, asegurándose que el malestar por el desengaño no torne en violencia, no obstante que la complejidad de la vida siempre presentará momentos en que intereses y principios colisionan y las interpretaciones terminan rebasando la letra de la ley, obligando a los líderes a encarar esas diferencias, asumiendo la responsabilidad de conducción para la que fueron electos y buscando mantener una armónica convivencia social.

En este marco, el consejo de especialistas que asesora al Gobierno central en materia de vacunaciones propuso una determinada prelación definida por riesgo sanitario, potencialidad de uso del sistema hospitalario y defensa de la vida de los que estadísticamente aparecen más vulnerables ante la pandemia. Pero algunos diputados, senadores, alcaldes, líderes locales y dirigentes de organismos gremiales y asociaciones profesionales han expresado disconformidad con esas prioridades, exigiendo -no sin razones atendibles- prelaciones distintas y, en más de 37 mil casos, no solo han manifestado su discrepancia, sino que han decidido por sí y ante sí una vacunación diferente a la dispuesta por la autoridad ejecutiva.

Este no es un disenso -y respectiva desobediencia- que afecte solo a Chile, cuyo programa de inoculación, por lo demás, ha sido elogiado en el mundo, sino también a otras naciones en las que, adicionalmente, se han destapado escándalos por uso abusivo del poder político y privilegios de vacunación a militantes del partido de gobierno o a elites que ya han hecho saltar a dos ministros de salud del área y que amenazan con afectar varias carreras políticas, debido tanto a las insuficiencias en el acceso a la vacunación, como en el proceso previo que va desde la compleja formulación de los contratos de compra de las vacunas circulantes en los mercados, hasta su delicado traslado, mantención, distribución e inoculación ordenada y suficiente para las respectivas poblaciones.

Como se sabe, el Covid 19 tiene un tipo de comportamiento aleatorio y un dinámico ritmo de mutaciones que, hasta ahora, pareciera afectar con más virulencia a personas de la tercera edad, enfermos crónicos y personal expuesto a mayores cargas virales producto de sus labores en el sistema de salud u otros servicios similares a la ciudadanía. Sin embargo, las nuevas cepas atacan también con fiereza a personas jóvenes y a niños, algunos con síndromes más graves que otros, lo que ha significado, en un par de ocasiones, que el sistema de salud haya estado al borde del llamado “dilema de la última cama” y que, en la actualidad más del 50% de las camas para paciente críticos esté ocupada por afectados por este virus. De allí la machacante reiteración de la autoridad a la ciudadanía de mantener las medidas preventivas ampliamente difundidas y las sanciones que impone a los trasgresores, más allá de los atendibles alegatos sobre libertades personales que han sido restringidas en función del bien mayor que es el derecho a la vida y salud.

La urgencia de la vacunación para efectos de evitar la eventual muerte o contagio severo con secuelas que aún se desconocen pero que han ido emergiendo en el curso de la pandemia; y la necesidad cada vez más apremiante de ir normalizando la vida económica del país tras una caída récord de actividad que ha liquidado sin vuelta a miles de empresas productivas y de servicios, se asume evidente y, por consiguiente, como un derecho social que el Gobierno tiene la obligación de dispensar en momentos en los que la supervivencia de muchas personas está en juego.

Para encarar la realización efectiva de ese derecho, científicos de laboratorios estatales y privados del mundo han debido generar, en tiempo récord, vacunas cuya eficacia oscila entre el 85% y el 97%, mientras los gobiernos han dispuesto de ingentes recursos para su adquisición en montos que aseguren a la propia población el acceso a la inmunización por un lapso no debidamente certificado, pero que se estima en unos seis meses, un proceso que demorará años hasta alcanzar al 80% de la población mundial o inmunización de rebaño y que, en consecuencia, augura secuencia cíclica.

Es decir, en el curso de los próximos años la población del mundo requerirá inocularse nuevas dosis, por lo que su producción limitada augura costos mayores por presión de demanda. De allí que se espere que muchos países del orbe simplemente no podrán acceder -o hacerlo a medias- a la vacunación, así como el llamado de la OMS a solidarizar con la aún escasa producción actual, disponiendo un porcentaje para países más pobres, así como la disposición y promesa de los países ricos del G7 de “impulsar la salud y prosperidad del planeta” en 2021.

Así y todo, en Europa, dirigentes de izquierda han puesto la alerta respecto del tipo de contratos que los gobiernos del viejo continente realizaron con los laboratorios de su área, insinuando la existencia de cláusulas obscuras y eventualmente abusivas en contra del interés público, al poner énfasis en la protección de la propiedad del conocimiento científico detrás de la investigación de esas vacunas. Esta es otra de las caras complejas de la pandemia y en la que la colisión de derechos pone en jaque la evaluación de las decisiones políticas que deben adoptar los liderazgos democráticamente electos para conciliarlos.

Qué duda cabe, además, que será otra área en la que se trabará litigio entre oposición y gobierno, pues, si bien Chile ha sido ejemplo en el abastecimiento de vacunas -lo que influyó en países fronterizos para el llamado “turismo de vacuna”- no ha habido aún control opositor a los gastos fiscales derivados de esta política, ni respecto de las condiciones en las que el país accedió a ellas gracias a la previsión del Ejecutivo.

En tal marco, ¿Es legítimo que un dirigente político local, como un alcalde, disponga a su propio criterio de las vacunas que el gobierno central le ha enviado para que inmunice a los sectores que los especialistas nacionales han seleccionados como críticos, en el entendido que se trata de proteger primero a los más vulnerables? Aparentemente no. Pero, en una guerra, si bien las decisiones del alto mando son estratégicas y no pueden ser desobedecidas, so pena de traición, los comandantes en combate pueden discernir tácticas adecuadas al escenario particular del territorio en disputa, no obstante el consejo de guerra al que puede ser llevado luego ante excesos de iniciativa. En los hechos, el calendario publicado en el Diario Oficial indica que los municipios pueden vacunar a los grupos esenciales sin indicar específicamente cuáles son, dejando así, aparentemente, la determinación a criterio local.

Pero la debida obediencia a la regla general responde a la exigencia de un Estado normado, con un orden jerárquico y necesarias prelaciones en el uso, goce y disposición de bienes y servicios públicos escasos, debidamente previstas, no obstante que tal obediencia pueda ser desafiada frente a necesidades coyunturales que el buen sentido del dirigente local le indique ante cuestiones que inciden en derechos de las personas que lo eligieron.

Un Estado de Derecho perdurable y estable requiere que la norma general sea siempre respetada por todos y, por consiguiente, cualquier desafío a ella, debidamente sancionado. Tal es, por lo demás, otra cara de la responsabilidad del mando y, desde luego, no el puro privilegio. Un liderazgo sin consecuencias puede ser asumido por cualquiera, pero las decisiones político-sociales tienen secuelas que los buenos dirigentes están dispuestos a pagar cuando, enfrentados a los dilemas del choque de derechos surgidos de la gestión diaria, el buen criterio los ha hecho adoptar el camino que su conciencia les dicta, aunque aceptando las consecuencias jurídicas dictadas por tribunales independientes -y sin importar si la razón ética estaba de su parte- de sus decisiones extra legem.

Conductas laxas de las eventualmente justificadas determinaciones de líderes locales cuidadosos de su ciudadanía, amenazan con incitar a una desobediencia más amplia y masiva que afectaría al conjunto del Estado, creando mayor desorden que el que generan los descontentos particulares, pero lo que es peor, dando más argumentos a quienes, por razones de poder partidista o intereses non sancto, desobedecen las normas democráticas del país aduciendo ilegitimidad de leyes dictadas por sus propios representantes y un gobierno debidamente elegido por una mayoría ciudadana coyuntural, pero cuyos mandatos -sin la concurrencia de causa mayor- son irrevocables hasta los próximos comicios. (NP)

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