Editorial NP: Un complejo proceso constituyente

Editorial NP: Un complejo proceso constituyente

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Los presidentes de los partidos de oposición y Chile Vamos que suscribieron el reciente Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución acordaron un plazo que culmina hoy para aclarar y/o entregar propuestas que no fueron incluidas en el pacto original, al tiempo que, junto con ratificar su pleno respaldo al documento firmado la semana pasada, dieron inicio al trabajo de la comisión técnica asesora que elaborará el proyecto de reforma que viabiliza la realización de un plebiscito de entrada fijado para abril del 2020.

La oposición ya hizo entrega de sus documentos respectivos a Chile Vamos el sábado y éstos se comprometieron a entregar el suyo hoy lunes, de manera que, si surgiera algún acuerdo que exige unanimidad de los partidos para incorporar temas no considerados en el suscrito la semana pasada, se trabajará hoy para ingresar al Congreso el proyecto de reforma que posibilite el plebiscito para ser despachado esta semana y así cumplir con los plazos que ha planteado el Servel.

Entre dichos temas se requiere formalizar materias destinadas a enriquecer aspectos relevantes como la participación efectiva de independientes, pueblos originarios, cuotas de género, edad para votar e inclusión de chilenos en el exterior, entre otros, los que, una vez definidos, serán parte del mandato que los suscriptores del Acuerdo entregarán a la Comisión Técnica paritaria nominada por las colectividades la semana pasada. En los casos en que no hubiere consenso -lo que no sería extraño habida consideración de las divergencias de entrada- será dicha comisión la encargada de proponer la legislación correspondiente para implementar el acuerdo suscrito.

Por de pronto, la DC, el Frente Amplio y Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) enviaron tres documentos distintos al oficialismo, aunque en ellos hay aspectos coincidentes, como la idea de rebajar a 16 años la edad para votar en las sucesivas elecciones, pero no para ser candidatos a la convención mixta o la constituyente.

También coinciden en ampliar la cantidad de integrantes de la Convención que elaborará la nueva carta, pero el eje PS-PPD-PR y el FA -“tentativamente”- se inclinan por el doble de escaños que la Cámara de Diputados, o sea, 310, mientras la DC propone que, si se elige la fórmula de Convención mixta, se aplique un factor de corrección para los distritos con un número impar de representantes, redondeando y aumentando a 172.

Asimismo, los tres documentos proponen que los independientes puedan formar listas de candidatos para competir en mejores condiciones: la DC estima que deberían reunir firmas y presentar una propuesta programática, así como eliminar los pactos entre partidos. Si eso no genera consenso, plantean elección uninominal en lista única. El FA, por su parte, propone permitir pactos mixtos entre partidos e independientes.

Todos concuerdan en autorizar el voto de los chilenos en el extranjero, e incluso, el FA propone el sufragio obligatorio en todas las elecciones, lo que no fue acordado en el pacto del viernes 15 que, como se sabe, solo lo fijó para el plebiscito de salida. La paridad de género, a su turno, figura en las tres propuestas: el PS-PPD-PR y el FA piden que sea 50/50, y la DC que se asegure el 40% de candidaturas y elegibilidad, con “ajuste nacional al final”.

Respecto de los pueblos indígenas, el eje PS-PPD-PR propone que tengan al menos el 10% de escaños reservados, guarismo que la DC apoya, pero añadiendo que “cada pueblo” elija al menos un integrante. El FA propone que se les asegure un 15% de cupos.

La complejidad del iniciado proceso constitucional en comento es, pues, evidente en la medida que los propios comparecientes e impulsores han expresado dudas y diferencias en materias claves como asegurar la más amplia participación ciudadana, no solo en su ratificación mediante el voto, sino en todo el proceso que comienza. Tal cuestión no es trivial y bien las consultas comunales aprobadas unánimemente por 330 municipios del país pudieron ser un interesante insumo ciudadano que se integrara al proceso nacional, aunque fueron los propios partidos políticos que prefirieron suspenderla, habida cuenta del Acuerdo.

El nuevo contrato social -que reemplazará a uno considerado espurio en su origen- exige de la mayor legitimidad social que pueda lograrse en aspectos tan diversos como los que pueden ser objeto de institucionalización del modo de vida que los chilenos queremos.

Solo en materia de participación de los independientes, tanto los partidos como la comisión de expertos, enfrentan un desafío de proporciones en la medida que fundamento relevante de las manifestaciones de los últimas cinco semanas ha sido, por un lado, la evidente despartidización ciudadana, la masiva crítica a su accionar y su deslegitimación como conductores democráticos; y por otra, la insuficiencia de los movimientos sociales emergentes para ofrecer una canalización consistente y programática a su participación orgánica en el proceso de discusión en la Convención. Por de pronto, la multiplicidad de demandas que aquellos han expresado en las calles muestra la enorme diversidad de intereses en pugna y las dificultades que dichas divergencias significarán a la hora de institucionalizarlas en una nueva carta magna.

Es más, en su mayoría se trata de exigencias cuya resolución ni siquiera pasa por aspectos constitucionales, sino propiamente legales, los cuales están en manos de los propios partidos con representación en el Congreso acordar y resolver. En efecto, contrariamente a lo socialmente instalado, la constitución actual no establece un sistema económico determinado y por primera vez en una carta se estableció la libertad de realizar actividades económicas sujetas a regulación por parte del Estado. Y aunque se limita la actividad empresarial de aquel, ésta no eliminó las empresas estatales, manteniendo la nacionalización del cobre, la reserva para el Estado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos y hasta hace posible, en ciertos casos, la actividad empresarial del Estado previa autorización por una ley de quórum calificado, al tiempo que reconoce, ya hace casi 40 años, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

En materia protección a la salud, en tanto, la Constitución actual obliga al Estado a asegurar el acceso a ella de todos los habitantes del país y establece cotizaciones obligatorias, pero no señala porcentaje alguno y aunque autoriza a participar a instituciones públicas y/o privadas, tampoco específica sus formas. Asimismo, en materia de seguridad social si bien apunta a cotizaciones obligatorias, no obliga a un porcentaje determinado, otorgando, eso sí, libertad a la participación de instituciones públicas y privadas en su servicio. En materia de educación consolida la libertad de enseñanza, garantizando la gratuidad en los niveles básicos y medios, y en etapas finales de la educación parvularia, pero tampoco señala fórmulas específicas, todas las cuales son objeto de ley modificables por el Congreso, lo cual, por lo demás, se ha venido haciendo por años. Es decir, la actual carta permite cambios de políticas para mejorar los sistemas de pensiones o de salud, transporte, vivienda, o educación, sin que ninguna de las demandas y propuestas que se han hecho sean impedidas por la Constitución.

Seguramente habrá acuerdo en reducir la edad de votación en los plebiscitos que vienen. La relevancia de la participación estudiantil en las manifestaciones pareciera recomendar aquello. Sin embargo, resulta contradictorio impulsar el sufragio juvenil plebiscitario, y, al mismo tiempo, denegarles la oportunidad de representar políticamente sus opiniones dentro de la Convención. Idéntico paternalismo se observa en la lógica de asegurar cupos a los pueblos originarios, cuya proporción censal es, en Chile, del 15%, guarismo más que suficiente para que los propios pueblos puedan elegir a sus representantes en la proporción propuesta por los partidos sin necesidad de dispensas que no los dignifican.

Así y todo, si aquello ocurre, es de esperar que sean estos pueblos los que se organicen y actúen, evitando el incómodo pleito que ha ocurrido con los cupos en materia de género en la participación político partidista, en la que las presiones por forzar tales propuestas han suscitado más de un incordio al interior de las colectividades. Las nuevas designaciones de género, a su turno, cuentan con sus respectivos movimientos sociales que pueden discutir, consensuar y llevar a sus representantes a la elección convencional sin la tutela de colectividades sobre las que, por lo demás, han expresado su público rechazo.

Y si la resolución de los pocos diferendos a que se han abocado los suscriptores del Acuerdo ha implicado e implicará dificultades para su ajuste, es más que previsible que la discusión en Convención de la carta será de enorme dificultad para los elegidos, máxime si el número se eleva a más de 300 y con plazos tan reducidos como el de apenas un año.

De allí la aprensión de sectores de centro derecha respecto de lo que se hará en casos en los que los representantes convencionales no consigan acuerdo y que tales diferendos se zanjen en discusión parlamentaria de leyes ordinarias u orgánicas, sin que aquellas tengan una exigencia de votación supramayoritaria que asegure que esos artículos insolutos representen realmente un amplio consenso social, sin el cual la Constitución de 2022 tendrá una segura corta duración. Es de esperar que la fórmula que perdure sea aquella según la cual la Convención será la que decidirá ante sí -también por dos tercios- lo qué deba dejarse fuera de la Constitución que ella redacte y que ningún tercio minoritario, vía bloqueo, siga como estrategia política el llevar a leyes ordinarias y con menores quorum buena parte de los aspectos que hoy generarán diferencias.

A mayor abundamiento, el estado de incertidumbre social, político, económico y cultural en el que este proceso se está llevando a cabo, no parece el mejor escenario para la toma de decisiones racionales, conscientes y de largo plazo y, desde luego, exige de parte de todos los liderazgos responsables que aún quedan, converger con urgencia en un llamado a la paz y reencuentro social sin reservas. Y que aquellos sectores que creen poder sacar ventajas de la situación de caos con la que la actuación inmisericorde de la delincuencia y el anarquismo siguen embistiendo las vidas, bienestar y patrimonios de los habitantes de las principales ciudades del país, abandonen sus trincheras antes que la última ratio emerja imparable como la solución definitiva al desorden, con todos los costos que, por décadas, se deben pagar por sus consecuencias. (NP)

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