Editorial NP: “Ubi concordia, ibi victoria”

Editorial NP: “Ubi concordia, ibi victoria”

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La nueva versión de Enade realizada la semana pasada, denominada “Ubi concordia, ibi victoria” –un slogan que refleja el espíritu de la convocatoria- revisó el progreso económico del país durante las últimas décadas, concluyendo que sus evidentes avances han sido el resultado de un acuerdo nacional mayoritario en torno a normas e institucionalidad que han asegurado la estabilidad social, política y económica en un ambiente de apertura al mundo sobre la base del respeto a derechos humanos como la libertad de emprendimiento, de inversión y comercio, de expresión, opinión y prensa, de propiedad privada y/o colectiva, manifestados en un escenario de justicia, solidaridad y respeto a las leyes y un orden democráticamente instalado.

Es decir, no obstante el complejo proceso de acierto-error que, en lo económico y político, el país acometió entre los 70-90 y que finalmente permitió poner las bases institucionales que aseguraron sus actuales pilares político-sociales, su éxito ha estado especialmente vinculado a la temprana apertura e integración a la corriente mundial de globalización que se profundizó en los 90 y que llegó junto con el advenimiento de Internet y nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la caída de los muros que rodeaban el experimento de ingeniería social estatista que encabezó, a contar del término de la II Guerra Mundial, la ex Unión Soviética, y que concluyó con la “Perestroika” del primer y último presidente soviético elegido democráticamente, Mijaíl Gorbachov.

El subsecuente fin de la Guerra Fría, la transformación de la serie de repúblicas detrás de la “Cortina de Hierro” en economías de tipo capitalistas –lo que, a su turno, auguraba una globalización aún más intensa- si bien eliminó uno de los más graves peligros que se cernían sobre la supervivencia de sociedades en las que se cultivaban las libertades, hizo advertir al Papa Juan Pablo II, ya en esos años, sobre los peligros que, la “hibris” de un poder omnímodo del capital, podría traer, al no existir una oposición viable que contuviera los arrestos de su eventual dominio sin contrapesos.

La profética exhortación papal, a pesar de todo, no impidió la “Década de oro” del capitalismo financiero mundial, comandado por Wall Street y los grandes bancos internacionales “demasiado grandes para caer”, y que, iniciada a mediados de los 90, terminó, como Icaro, en 2008-2009 estrellado contra el piso, en la desastrosa caída del sistema financiero global tras la crisis subprime.

En Chile, aspectos “técnicos” definidos mucho antes como la autonomía del Banco Central –que impide el uso abusivo de la emisión monetaria por parte de la autoridad ejecutiva para sus propios fines políticos- pusieron barreras a las tentaciones “populistas” de gastar más de lo que el Estado recauda, cayendo así en el espiral de una deuda que hoy atormenta a las principales potencias del mundo. O el sistema previsional de ahorro individual, que estimuló el ahorro nacional a niveles históricos.

Es decir, las reglas de juego que Chile se impuso en los 80 e inicios de los 90, hicieron de verdaderos brazos acunadores del desarrollo del capital en el país, así como para el arribo de ahorro externo de casi todo el mundo. Una condición que, empero, sin el acuerdo político alcanzado por las anteriores autoridades y la coalición política de centro izquierda que había derrotado a Pinochet el 88 y luego ganado las elecciones presidenciales del 89, no habría sido posible. Es decir, cuando “Ubi concordia, ibi victoria”.

Así y todo, tras el enorme esfuerzo de esas generaciones que sustentaron el duro trabajo de las casi cuatro décadas citadas, Chile parece estancado en una suerte de trampa de los países de ingreso medio: de un lado, con sus fuerzas aún enfocadas en el desarrollo y sustentación de los sectores productivos que hicieron el milagro de acumulación original (minería, forestación, pesca y fruticultura) y cuya renta y demanda topa techo por razones ajenas al poder de sus operadores nacionales (guerras comerciales, incertidumbre política, nacionalismos y proteccionismo), pero que sus agentes parecen no percibir, manteniendo esperanzas en mejores precios internacionales del cobre, celulosa, harina de pescado o frutas, aunque, a su turno, cuando se consiguen, el tipo de cambio baje a niveles que impiden que nuevos sectores exportadores, con mayor valor agregado, puedan ingresar a los mercados, pero que exigen de ingentes inversiones y altos riesgos que nuestra élites no parecen dispuestas a asumir.

Enade elogió la sustentación de esas bases macroeconómicas e institucionales que han posibilitado este largo proceso, sugiriendo que las mismas han soportado, incluso, malas políticas públicas tributarias y de redistribución que parecen no considerar la indispensable competitividad que se le exige hoy a las empresas para poder estar presentes con éxito en los mercados mundiales. Se alega, empero, de problemas microeconómicos, como la baja productividad de los trabajadores, las dificultades para el emprendimiento, así como la evidente falta de modernización del Estado, que no acompaña, con la agilidad y subsidiariedad bien entendida, los esfuerzos de las firmas chilenas por mantener posiciones, asegurando así empleos, reinversión y tributos.

Sin embargo, no se debería olvidar que, a pesar de la serie de nuevos conceptos que se han añadido a la labor empresarial (p. ej. RSE) su función social central es la “creación de valor”, la reproducción del capital invertido, así como cumplir correctamente con sus deberes impositivos que sustentan al Estado que los acoge. La política, razonable y prudente, por su parte, es la encargada de ajustar los desequilibrios que aquellas gestiones producen en el entorno social y ambiental, mediante reglas públicas que, por un lado, sean equitativas, y por otro, no entorpezcan la competitividad empresarial que genera los recursos necesarios para sus propósitos redistributivos y de igualdad.

Pero si bien las razones microeconómicas pudieran explicar, en parte, la ralentización de nuestra economía, no dan total cuenta de nuevos fenómenos político-económicos que están presentes en este emergente fenómeno de ralentización y cierre de fronteras.

El Presidente Trump, por ejemplo, ha iniciado una guerra comercial con China por razones que están en la base del nuevo escenario, porque, si bien Beijing usa instrumentos del capitalismo para competir internacionalmente, merced a su estructura política fuertemente centralizada puede hacer lo que democracias liberales occidentales no pueden, v. gr., mantener bajos salarios (a costa de un férreo control ciudadano) o una moneda artificialmente subvaluada, para seguir colocado sus productos a mejores precios que los de su competencia. Otros países realizan similares operaciones económico-políticas con el propósito de defender sus intereses nacionales y responder a la intranquilidad social interna que la incertidumbre de la competencia y globalización ha instalado.

Así y todo, China, con su moneda devaluada transfiere buena cantidad del esfuerzo de millones de sus trabajadores para el beneficio de compradores a bajo costo de todo el mundo, y EE.UU., al subir los aranceles de productos chinos, aumenta el valor de los de la competencia en igual medida, encareciéndolos, con lo cual China ha podido elevar el precio de los suyos en otros mercados, anulando así los efectos de la medida política de Trump.

Como se ve, aun cuando es difícil engañar a la economía desde las decisiones políticas, sus efectos coyunturales pueden ser muchas veces devastadores y producir escenarios que no convienen a nadie, y menos aún a naciones pequeñas y abiertas al mundo como Chile.

La correcta defensa de naciones como la nuestra se ubica en la dirección contraria a las medidas de Trump. Es decir, en vez de entrar en pánico y cerrarse, se debe buscar aún más apertura, con más y mejores acuerdos comerciales; tramitar normativas y leyes que alivianen la carga de nuestras firmas, posibilitando su mayor competitividad interna y externa; acompañar, desde los poderes del Estado, de modo oficial y sostenido, la salida de nuestras empresas al exterior o estimular su ubicación en zonas de fronteras nacionales, interiores o regionales ejecutando prioritariamente las OO.PP. pertinentes; buscar una convergencia subsidiaria que reúna empresa-Estado-universidades para la investigación aplicada en el desarrollo de nuevas tecnologías en áreas de ventajas competitivas y sus derivadas; hacer un uso más eficiente y evaluado de los escasos recursos fiscales en materia social; ayudar y estimular una mejor gestión del emprendimiento micro y pequeño, desburocratizando y aligerando su carga administrativa mediante las nuevas tecnologías; ofrecer mejor información subsidiaria de mercados, para advertir de amenazas y oportunidades; apoyar de manera subsidiaria nuevas empresas surgidas de grupos emprendedores de profesionales universitarios recién titulados; asegurar una capacitación laboral eficaz, permanente y evaluable y proporcionar normas que mejoren la flexibilidad de entrada y salida de los mercados; es decir, un Estado que coopera con los emprendedores y el crecimiento y nunca al revés. Donde “Ubi concordia, ibi victoria

Es probable que, en lo sucesivo y dado el contexto externo, nuestros emprendedores y empresas internacionalizadas sufran las consecuencias de decisiones de política extranjera que afecten a la economía nacional y general. La tentación proteccionista está la vuelta de la esquina en varios puntos del globo y también aquí. En tal caso, el papel de nuestro Estado es insustituible para negociaciones que eviten o disminuyan los daños de aquellas decisiones arbitrarias.

Curiosamente, la socialista China (aunque cuando hoy se la defina como capitalista de Estado) y la ex socialista y hoy capitalista Rusia –aunque también bajo la égida de una concepción de democracia autoritaria, con fuerte influencia política en la economía- se han transformado en principales defensores de la globalización y libertad de comercio. Son señales que provienen de Estados que por décadas hicieron lo posible por un desarrollo desde arriba, planificado políticamente y ajeno a los mercados, hecho que debiera ser advertido por quienes, en Chile, insisten en fórmulas dirigistas que solo atrasan a los pueblos en sus objetivos de mejor y más plena vida.

La lucha por las libertades, entre ellas la de comercio amplio a nivel mundial, es una que se corresponde perfectamente con los intereses de Chile, sus empresas y su gente, una lucha en torno a la cual habrá que seguir creando concordias internas para enfrentar victoriosamente los previsibles quiebres al fair play del proteccionismo que amenaza con detener el positivo flujo de intercambio global, retrotrayéndonos a un orbe de tipo feudal, cerrado al comercio y definido según los intereses de los grupos políticos dominantes de las democracias autoritarias emergentes.

Chile, por su parte, unido y concorde, puede resultar victorioso si es que, en vez de tentarse en sustituir desde el Estado las decisiones de los millones de personas que libremente concurren a los mercados para satisfacer sus propias y especiales demandas y necesidades, mantiene firme el timón por la ruta de su actual democracia liberal, abierta y acogedora, iniciado ya hace décadas, y que ha sido el que ha hecho posible los notables avances conseguidos. (NP)

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