Un raciocinio político ingenuo -no experto- podría explicar el reciente acuerdo constitucional suscrito desde la UDI y hasta el PC, como el resultado del tour de force provocado por la aplastante derrota de la propuesta constituyente maximalista presentada por la anterior convención, en la medida de que todos los convocados habrían entendido el mensaje de la ciudadanía como un llamado a la moderación.
Pero más en detalle, en la derecha, el partido Republicano ha calificado el compromiso como un “nuevo error” al tiempo que otros han llegado a calificar a sus suscriptores como “traidores”, mientras que, en la izquierda, dirigentes del PC han despreciado el acuerdo como “la máxima cocinería jamás desarrollada en la historia del Parlamento chileno”, al tiempo que directivos de otras colectividades del FA ya han manifestado su intención de intentar modificar diversos aspectos del acuerdo teniendo las respectivas mayorías.
Es decir, la idea de un acuerdo marco que asegure el proceso y de una moderación política que inunda al conjunto de las fuerzas políticas participantes en el nuevo proceso tiene sus primeros fallos dado que, no obstante haberse suscrito por prácticamente el conjunto de los partidos del parlamento, la propuesta de principios o bordes, así como el órgano constituyente y su conformación, no son fácilmente digerible por sectores más a la izquierda en la medida que dispone de normas que buscan evitar el desmantelamiento de la democracia liberal, hecho que aleja a esas colectividades de sus propósitos políticos estratégicos de largo plazo por un buen tiempo.
Tal vez la única explicación plausible e ingenua de la suscripción de un acuerdo de dichas características por parte de la dirigencia PC y de otras colectividades del FA es que ante la alternativa de permanecer bajo la soberanía de la “Constitución de Pinochet” por varios años más, bien valía la pena transar exigencias y abrir un segundo proceso constituyente para redactar una nueva carta en democracia. La larga historia política de partido revolucionario le ha informado al PC y sus adláteres que siempre hay una nueva oportunidad después de las negociaciones, porque todo texto puede ser reinterpretado.
Ese es el peligro y error del que alerta José A. Kast en este nuevo proceso, porque desde su perspectiva la izquierda no ha bajado ni bajará sus estandartes estratégicos y porque el país puede seguir funcionando con la actual carta, al tiempo que, como es sabido, las demandas de la gente no están en el tema constitucional, sino en cuestiones practicas como mejores pensiones, salud, educación, seguridad ciudadana. Desde tal perspectiva, nada de estos logros exige de cambios en los equilibrios de poder, sino de una mejor política, así como de prioridades distintas con foco en las principales demandas ciudadanas y, por sobre todo, un acuerdo social que proteja sus derechos y libertades, permitiendo que cada quien pueda desarrollar sus proyectos personales y familiares sin más exigencias que la de cumplir las leyes.
¿Pueden estas posturas que insisten en revitalizar las propuestas de un proceso malogrado o las que ven en ese fracaso un llamado a mantener la constitución actual, desviar la aparente buena intención implícita de los suscriptores terminando por hacer imposible la redacción de una nueva carta moderada? ¿Podrían estas fuerzas generar tensiones y vectores que amenacen con hacer naufragar esta segunda oportunidad?
Si se miran las encuestas, la suma de los simpatizantes de aquella derecha que ve el acuerdo como un nuevo error y de quienes estiman que se trata de “la máxima cocinería jamás desarrollada en la historia del Parlamento chileno” se observan cifras muy cercanas a la de quienes, desde la centroizquierda y hasta la centroderecha, están por impulsar la redacción de una nueva carta que integre los cambios en los equilibrios de poder exigidos y convenidos por los partidos. Se trata de un equilibrio inestable que seguramente acompañará todo el nuevo proceso y cuya popularidad o rechazo también dependerá sustantivamente del tono en que se lleve a cabo la negociación, así como de la configuración de fuerzas que queden representadas en el Consejo Constitucional.
Es de esperar que el resultado del reciente plebiscito sea indiciario de que efectivamente la sociedad chilena ha incorporado la democracia liberal occidental como su modo de vida y que, propuesta que sea una nueva carta que asegure dicha forma de vivir con su respeto a las libertades y derechos de cada quien, esta sea aprobada por un porcentaje similar, poniendo así término definitivo a la larga disputa iniciada en los 80, aunque, por cierto, abriendo caminos para las nuevas diferencias. (NP)
