Editorial NP: Reformas admisibles y constitucionales

Editorial NP: Reformas admisibles y constitucionales

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En un entorno político social, de salud pública y económico que deriva en una de las más graves crisis que haya vivido el país en las últimas décadas, el Ejecutivo obtuvo relevantes puntos al sostener -no obstante las presiones- su avance en las reformas necesarias para abordar tan desastrosa coyuntura, manteniendo estricto apego y obediencia a la Constitución y las leyes que la Primera Magistratura juró respetar y hacer respetar al asumir el mando de la República.

Las crisis suelen mostrar el material del cual están hechos quienes tienen la pesada carga de liderar grupos e instituciones que hacen de marco de referencias a la siempre accidentada navegación de los Estados a través del obscuro e inescrutable mar del tiempo-espacio en períodos tormentosos. Y buena parte de las veces, esa incertidumbre y los peligros reales o artificiosos, los hacen caer en la tentación de olvidar toda forma, regla, protocolo o acuerdo, intentando, en el desbande y liberación normativa, ganar ciertas ventajas que, supuestamente, se perderían acatando las leyes.

Así las cosas, en un fin de mes en el que no solo la pandemia sigue golpeando fuerte al país, sino que además se conocieron resultados económicos funestos, con una caída del IMACEC histórica de sobre el 15% y un desempleo que escala hacia el 12% de la fuerza de trabajo, el Ejecutivo tuvo la capacidad de llegar a un acuerdo mediante el cual el Gobierno apoyará una indicación parlamentaria al proyecto ‘Crianza Segura’ que crea una licencia médica parental que durará tres meses -o lo que se extienda el estado de emergencia- y a la que se podrán acoger las madres y padres cuyo postnatal se haya acabado desde el 18 de marzo o esté pronto a vencer.

Este nuevo permiso médico será de cargo de la respectiva Isapre o de Fonasa, según corresponda, eludiendo así el sesgo de inconstitucionalidad que mostraba una indicación de un conjunto de diputados de diversos partidos que aprobaron un postnatal de emergencia inadmisible desde una perspectiva institucional, en la medida que irrogaba gasto fiscal que solo la Presidencia está facultada para realizar.

La aparente justicia invocada por sobre su inadmisibilidad jurídica tuvo la fuerza “moral” suficiente para quebrar voluntades de diputados de centro derecha que acudieron a la moción sin importar estar trasgrediendo la Constitución, al tiempo que, en la oposición, incluso la presidente del Senado llegó a afirmar que prefería el “sacrilegio constitucional” a no apoyar la admisibilidad del prospecto.

Parece innecesario reiterar el profundo daño que conductas “morales” de esta naturaleza le hacen a democracia en la medida que aquella se funda precisamente en un complejo acuerdo social aprobado y acatado mayoritariamente que se expresa en un conjunto de normas y protocolos negociados y dificultosamente equilibrados con los cuales los ciudadanos se relacionarán para una vida en común, pacífica y armoniosa que, reemplazando a los mandamientos y a la justicia divina, otorga al Estado la potestad de sancionar a quienes trasgreden sus normas, basado en un modelo de crimen y castigo debidamente dictado por un poder legislativo y gestionado por un poder judicial, cada uno independiente en sus ámbitos de autoridad.

Por cierto, las leyes humanas presentan amplias posibilidades de ser interpretadas con arreglo a los diferentes procesos témporo-espaciales a través de los cuales hayan transitado y evolucionado y dependiendo de los momentos y entornos sociales, políticos, económicos y culturales en los que hayan sido redactadas. En épocas de cambio, estas ampliaciones hermenéuticas son aún más habituales, aunque, desde luego, su elasticidad no es infinita y tiene los límites que hace posible el propio sistema democrático en el que se desenvuelve la exégesis.

Chile, en este sentido, está en un momento complejo, en la medida que se encuentra en un interregno en el cual la Carta que nos rige desde 1980 se encuentra cuestionada y, tras una revuelta de proporciones, merced a un acuerdo de la mayoría de los partidos democráticos con representación en el Congreso, está en medio de un lapso constituyente cuyo primer paso se dará con el plebiscito de octubre próximo.

Es decir, probablemente para representantes más jóvenes e inexpertos, así como para ciertos sectores maximalistas, se podría actuar sin contenciones en la medida que la Constitución actual no merecería respeto ni obediencia alguna, pues está profundamente deslegitimada. Pero, en tal caso ¿a través de qué mecanismos, instituciones o marcos regulatorios se ordena el diálogo democrático que permita un nuevo acuerdo de convivencia?

Desde luego, la mera concepción de justicia o equidad que estaría detrás de proyectos inadmisibles planteados en el Congreso no permite convergencias simples en la medida que, sin parangón, cada versión de justicia y equidad queda sujeta a la de cada quien. Un rango similar se puede observar en las diversas concepciones de libertad, de lo racional o lo humanitario. La superación pacífica de controversias o adecuación a los cambios solo es posible mediante el respeto al acuerdo social y las leyes que conforman las instituciones y que son las que dan sentido al concepto de nación o patria, sin las cuales se impone la ley de la selva, dando amplia ventaja al más poderoso o fuerte. El respeto a las leyes es, en tal caso, la mejor defensa del débil o eventual víctima de injusticia, aunque, por cierto, la persistencia de privilegios por descomedidos motivos de poder político, económico, social, religioso, militar o cultural, no solo destruyen la vigencia de esos preceptos, sino también la confianza de quienes acatan las reglas acordadas.

De allí la inevitabilidad del segundo punto del Ejecutivo respecto de la ley que limita la reelección de autoridades públicas, evitando que se mantengan en sus cargos por décadas como ha ocurrido con diversos parlamentarios y alcaldes, descartando un veto solicitado por fuerzas oficialistas y oposición para precisar que, respecto de los alcaldes y concejales en ejercicio, los cambios introducidos se aplicarían desde las próximas elecciones.

El Presidente, ante un proyecto con más de 14 años de tramitación y que representaba una de las principales exigencia ciudadanas del estallido del 18-O, reiteró los conceptos involucrados en dicha legislación: limitar las reelecciones contribuye al perfeccionamiento de la democracia, pues permite renovación y oxigenación en los cargos de elección popular; mayor igualdad de oportunidades en la postulación y responder a una amplia demanda por renovación, participación y transparencia.

El veto como excepción para sostener privilegios competitivos de los mismos que estaban siendo cuestionados habría enervado la situación pues nada justificaba obviar la exigencia para alcaldes y concejales afirmando que ya estaban fuera de plazo, si es que algunos de aquellos hubieran querido competir por otro cargo.  De allí que las normas regirán «in actum», es decir, inmediatamente para las próximas elecciones del 2021, tal como, por lo demás, lo expusieran expertos constitucionalistas.

Este debate, legítimo en democracia, tendía nuevamente hacia la desinstitucionalización, al tiempo que trababa otra pugna al interior del oficialismo y entre Ejecutivo y Legislativo, a raíz de la porfiada tramitación de normas inadmisibles. El mandatario recordó que “no hay democracia sin separación de los Poderes del Estado y sin que los distintos poderes del Estado respeten estrictamente la Constitución y las leyes, y atribuciones de cada uno. Todos los ciudadanos debemos cumplir la Constitución y las leyes. Pero muy especialmente quienes somos autoridades elegidas por el pueblo”.

No ha sido éste, pues, un llamado sin fundamentos. Días antes, el Gobierno había decidido no impugnar ante el Tribunal Constitucional otro polémico proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia y que fuera despachado por el Congreso. La Moneda había advertido que el contenido de la moción, que implica la postergación por ley de pagos a privados, podría constituir infracciones a normas constitucionales.

Sin embargo, luego que ésta fuera aprobada con votos de la oposición y del oficialismo, el Ejecutivo llegó a la decisión de no acudir al TC, no solo ante las bajas posibilidades de ganar la impugnación de un beneficio que ya entregaban las empresas, gracias a un acuerdo con el Gobierno y de manera voluntaria, sino también porque se proyectaría un Ejecutivo que, en medio de la pandemia, buscaba derogar un beneficio a los más vulnerables otorgado por el Congreso. Nuevamente la cuestión de la justicia “moral” se imponía sobre la institucionalidad y legislación vigente, lo que afortunadamente se produjo contemporáneamente a la rebaja de remuneraciones de las autoridades por hasta el 25% del sueldo, otra de las demandas ciudadanas que, en contexto de pandemia y gasto social enorme, permitió equilibrar la percepción de equidad respecto de una clase política que, no obstante los profundos cambios de los últimos seis meses, continúa con bajísima popularidad.

Es previsible que dados los meses de penosa situación económica que vienen, incluso superada la pandemia, mociones parlamentarias formuladas por exigencia moral seguirán sucediéndose, aun cuando no sea más que por razones de mercadeo político. Varios de algunos jóvenes y tradicionales parlamentarios saben que no importa si el proyecto se aprueba o no, pues no están allí para perfeccionar la democracia, sino para suplantarla y de lo que se trata es atraer la voluntad popular ofreciendo lo inalcanzable.

Sin embargo, no habría que despreciar el tremendo poder político que la “equidad” social impone en el comportamiento de las fuerzas políticas enfrentadas a populismos emergentes cuyo discurso está basado en el valor moral e igual dignidad que cada ser humano siente en lo más profundo de su ser, pero cuya racionalidad y verificación efectiva no solo es inaccesible, sino muchas veces incompresible para ciudadanos que o no entienden o malentienden las razones de la autoridad para denegar ciertas demandas, como, por ejemplo, las relativas a financiar la calamidad de la pandemia con recursos propios extraídos de los ahorros para una jubilación decente.

De allí la necesidad de un trabajo partidario de mayor densidad y calado por parte de las diversas colectividades democráticas en las amplias bases nacionales para seguir explicando y convenciendo sobre los beneficios y virtudes de la democracia, de sus objetivos y metodologías consistentes con los principios de quienes creen en ella como sistema para la mejor convivencia de las personas y de la familia como núcleo de la sociedad; la protección constitucional de las libertades individuales de movimiento, expresión, información, opinión, prensa, reunión, educación, asociación y religión; del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al trabajo, la propiedad y a emprender lo propio; a la igualdad ante la ley, a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es decir, a vivir en una sociedad de hombres libres, que libremente colaboran entre ellos en función de sus propias rutas hacia la felicidad, todo lo cual importa un profundo respeto a la ley que, aprobada por mayorías, brinda segura protección a esa libertad. (NP)

 

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