La Sala de la Cámara de Diputados ha rechazado con 60 votos en contra y 45 a favor el proyecto de ley que establece un reajuste salarial para los funcionarios públicos, tras una larga negociación del Gobierno con la mesa del Sector que representa al conjunto de esos trabajadores.
En ese proceso, la autoridad ejecutiva consiguió acuerdos con cinco de las siete asociaciones de funcionarios del gremio de la salud que representan al 90% del personal del sector, mediante el cual se les otorgó un reconocimiento económico adicional por su labor de este año en el contexto de la pandemia, no obstante lo cual, las asociaciones disidentes iniciaron un paro.
Como se sabe, la propuesta legislativa del Gobierno plantea un alza nominal de 2,7% para los salarios de hasta $ 1,5 millones, y un incremento de 0,8% para las rentas sobre ese rango. De forma agregada, propone un bono compensatorio de hasta $ 45 mil para las rentas más bajas (hasta $ 545 mil), entre otras bonificaciones.
La propuesta oficial se funda en la convicción de que el país y la economía están viviendo un complejo escenario, tanto por la crisis de salud, que ha significado una caída del producto interno de más de 14% en el segundo semestre, como por el arrastre de los daños a la propiedad pública y privada derivados de la revuelta del 18 O y sus réplicas que se mantienen hasta hoy, todo lo cual amenaza con hacer retroceder el ingreso per cápita a los niveles de 2013 y el empleo en casi 1.8 millones de plazas.
El costo fiscal del reajuste propuesto asciende a alrededor de un millón de millones de pesos, equivalente a unos US$1.400 millones, volumen que permitiría financiar 10,5 millones de bonos IFE de $100.000. Como se ve, es una cifra relevante en momentos en que los ingresos del Gobierno Central se han reducido, al tiempo que el impacto de la pandemia ha llevado a un fuerte aumento del gasto respecto de 2019 y, por consiguiente, de la deuda del Gobierno, que este año superará el 33% del PIB
El rechazo de la propuesta, tanto por parte de un sector de funcionarios públicos, como de la Cámara, no hace justicia al hecho que Chile es uno de los pocos países de la región que han ofrecido un ajuste salarial a sus empleados estatales. Otras naciones del área han congelado o reducido esas remuneraciones en el entendido de que son recursos que provienen de ciudadanos que se han empobrecido por falta de empleo o porque su capacidad de producir se ha visto afectada por el confinamiento obligatorio de la pandemia.
De allí que, por razones de equidad, el esfuerzo del Gobierno se haya centrado en los sectores de menores ingresos del Estado. En él, el 75% de los funcionarios se encuentra en el tramo de mayor reajuste, dada su remuneración inferior a $1.5 millón, mientras que quienes tienen sueldos superiores a ese -y cuyo reajuste es de 0,8%- corresponden al 25% de los empleados públicos, los cuales se ubican en el 8% de las personas con mayores ingresos del país. Como se sabe, además, esta vez las altas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no tendrán reajuste.
Es decir, hay un esfuerzo efectivo por acortar odiosas brechas de desigualdad dentro del propio Estado, que se complementa con el bono mensual especial -imponible y tributable- de hasta $45 mil para los trabajadores con sueldos brutos iguales o inferiores a $545 mil con jornada completa. A mayor abundamiento, el Gobierno ha ofrecido otro bono adicional a través del “Bono Trato Usuario” a funcionarios evaluados en 2018 en los tramos 2 y 3, como si hubieran sido evaluados en el tramo más alto, lo que se expresa en un pago adicional de $85 mil para quienes estaban en tramo 2 y de $160 mil para quienes estaban en tramo 3, un beneficio que alcanza a unos 140 mil funcionarios.
Otros bonos anuales incluidos en el proyecto rechazado corresponden al de Navidad, aguinaldo de Fiestas Patrias, escolar, de vacaciones y otros especiales, un conjunto de beneficios que, por ejemplo, en el caso de un trabajador público que hoy gana $450 mil, recibirá el reajuste de 2,7%, que en su caso equivale a casi $146 mil más al año. Se agrega el bono especial por $540 mil y restantes bonos anuales por aproximadamente $300 mil más. Es decir, en total, el funcionario recibirá casi un millón de pesos más al año, razón por lo que su renta real aumenta en más de 18%. La persona que gana $2.6 millones, en tanto, sólo recibirá el reajuste de 0,8%, lo que al año equivale a unos $250 mil.
Como puede observarse, se trata de un paquete que, en rigor, avanza en equidad y privilegia a los funcionarios del Estado con mejores niveles de ingresos que, para el caso del resto de las capas medias del país, no han subido y, por el contrario, en muchos casos han descendido dramáticamente, no obstante lo cual igual han seguido aportando a ese reajuste pagando los impuestos que permiten entregarlo, a pesar del crítico entorno económico y sanitario que vive el país.
Afortunadamente, el rechazo de la Cámara no puede esta vez ser atribuido al descontento parlamentario por el impacto que el mismo tiene en sus propias remuneraciones, puesto que el proyecto del Gobierno no incluye reajuste a esos sueldos, que, como se sabe, superan los $9 millones mensuales y porque durante la tramitación ninguno ha hecho referencia a ese congelamiento.
Es de esperar que, en la próxima insistencia del Gobierno ante el Senado, el proyecto tenga mayor éxito y que, en paralelo, tras mayor reflexión sobre las condiciones de entorno en el que los funcionarios están recibiendo este ajuste de remuneraciones, senadores y diputados pertinentes consideren su aprobación definitiva, tanto en función de los apretados equilibrios fiscales producto de la doble crisis económica y sanitaria que afecta al país, como respecto de la carga que reajustes de sueldos que ya son superiores a los de sus similares del sector privado, se coloca sobre los hombros de una ciudadanía ya exhausta. (NP)
