Editorial NP: Promesas y pertinacia

Editorial NP: Promesas y pertinacia

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Si compleja explicación y consecuencias ha tenido la decisión presidencial de indultar a 12 reos comunes y un exfrentista que ya gozó de un similar beneficio anterior, en medio de una severa crisis de percepción de inseguridad ciudadana, más difícil debe ser para buena parte de las comunidades cercanas al proyecto minero Dominga -recientemente rechazado por unanimidad por el respectivo comité de ministros- entender las razones por las cuales su voluntad mayoritaria ha sido excedida por un grupo político de elite que reivindica la profundización democrática hasta casi transformarla en directa, y que decide, por sí y ante sí, clausurar lo que una enorme mayoría local consideraba beneficioso para sus intereses en lugares que, por lo demás, marcan altos niveles de pobreza y desocupación.

En efecto y como se sabe, la comuna de La Higuera, área en la que su ubica la mina, realizó un plebiscito en el que 96% de los votantes apoyó el proyecto. Y la razón es evidente: tienen un 20% de su población bajo la línea de pobreza y el 51 % de los hogares no tiene servicios básicos. Con una inversión estimada en más de US$ 2.500 millones, la mina podría crear unos 10 mil empleos en su momento peak de desarrollo y hasta 30 mil en los cuatro años que se estiman para su construcción. El proyecto, a mayor abundamiento, cuenta con todas las autorizaciones, ha ganado en todas las instancias judiciales y tiene calificación ambiental favorable, tras diez años de tramitación.

Es cierto que, como toda acción, ésta presenta también su propia reacción y opositores, todos los cuales, empero, apuntan a los efectos que el proyecto podría tener sobre la fauna aviar y marina local, así como para sus entornos naturales, los cuales alegan, pueden, a su turno, ser mejor fuente de ingresos para la comuna a través del turismo de temporada que, desde luego, realizarían quienes no habitan allí durante el año y buscan paisajes naturales impolutos para su satisfacción ecológica y animalista de coyuntura. Como consuelo, el Gobierno ha anunciado un plan de subsidios y proyectos locales que, empero, han sido desestimados por el propio alcalde, así como por la mayoría de sus habitantes que buscan, con dignidad, vivir de su propio esfuerzo.

Se trata, en todo caso, de una de las tantas colisiones de intereses que las democracias liberales presentan dado su cultivo de los derechos y libertades de cada quien, gracias a su Estado de Derecho, división de poderes, acatamiento de la voluntad de las mayorías y protección de las minorías que, en los hechos, le dan al proyecto otra oportunidad más en instancias judiciales pendientes.

Pero, ¿se puede afirmar en este caso que la democracia, con todas sus características fundamentales, está siendo honrada para con un proyecto que ha realizado todos su trámites legislativos y normativos recibiendo las respectivas aprobaciones por diferentes poderes y órganos técnicos, cuando un grupo de secretarios de Estado, nominados por el Presidente, concluye unánimemente en su rechazo, contrariando así la voluntad popular local expresa y, considerando, que el propio mandatario manifestó tempranamente su oposición al mismo, respondiendo a esa pequeña clientela sufragante de primera vuelta proveniente del ambientalismo y animalistas? ¿O es que acaso el conjunto de las instituciones que han participado por una década en la tramitación, ajustes y mejoras del mismo están corruptas o incapacitadas para adoptar una decisión dentro de los límites de la ley?

Tal como en el caso de los indultos, pareciera que, para el actual Gobierno, simplemente las mayorías, en ciertos momentos, fueran irrelevantes. Es probable que en su concepción “misional” de la política -en la que, desde luego, representan el papel de los guardianes de la verdad y del bien, mientras sus opositores expresan el mal y el abuso- las mayorías no sean sino instrumentales y sirven cuando aquellas opinan de modo convergente con las suyas, pero que se desechan si los contraría. Y es que la verdad y bondad está de su lado y las opiniones de las mayorías que se oponen son producto de la “enajenación” a raíz de la “dominación burguesa”, “fake news” y control derechista de los medios de comunicación de masas. Se olvidan que, con la misma dominación burguesa, “fake news” y medios de comunicación, accedieron al Ejecutivo.

Esta percepción, que por lo demás se ha ido instalando horizontalmente y alertando a políticos y analistas de diversas tendencias sobre una peligrosa deriva hacia el populismo autoritario, no era fácilmente discernible hasta el 4 de septiembre del 2022, bajo ese violento flujo de aguas turbias que arrastraban al país hacia su refundación a través del trabajo deconstructivo de una Convención Constitucional cuya propuesta, empero, recibió el balde de agua fría de un masivo rechazo a su propuesta.

La sorpresa y perplejidad que esa inesperada postura popular suscitó en el Gobierno y entre sus sostenedores políticos, hizo reconocer al propio Presidente la necesidad de reformular el modo de administración de su proyecto, acatando una voluntad expresa que le indicaba una dirección y ritmo de cambios distinto, ya por segunda vez tras la primera vuelta que lo obligó a recurrir a los votos de sectores que su coalición había repudiado, así como, desde otra perspectiva, que había rechazado con prístina claridad el radicalismo y transformación política, social, económica y cultural que la convención, impulsada por él, había propuesto.

Sin embargo, apenas 90 días después del nuevo fiasco, el mandatario no solo ha intentado seguir avanzando en sus proyectos de primera vuelta u “octubristas” -como suele llamárseles-, tanto en materia de indultos realizados con “desprolijidad”, como el mismo reconoció y que le costaron su debilitamiento político y polémicas con otros poderes del Estado, sino que, ahora, con una nueva postergación de un proyecto avalado mayoritariamente por los propios ciudadanos de Las Higueras.

El convencimiento “iluminado” suele ser porfiado y persistente y, por cierto, tendente a rechazar opiniones distintas o heréticas que, en el pasado, costaron la vida a tantos en la hoguera o los paredones de fusilamiento y que, infaustamente, se sigue expresando en ciertas clérigocracias y democracias populares de oriente. Y es que, de lo que dicha convicción trata, es de la salvación de los equivocados, y porque, en definitiva, “la verdad no es un asunto de mayorías”, como señalara el recién fenecido papa Benedicto XVI.

De allí que, la ciencia moderna ya no la busca en tanto tal, sino que investiga la verificabilidad o comprobación “de lo que es”, a través de una paciente y larga tarea de expertos, quienes, tras dilatados procesos experimentales, consiguen cierta certeza de que las leyes físicas y químicas consolidadas en el corpus normal de las ciencias operan como se propuso en la hipótesis y así mutarlas en tesis verificables. Así y todo, hasta las afirmaciones más sólidas de la ciencia encaran cada cierto tiempo su necesario ajuste, dado los nuevos conocimientos de la interminable búsqueda humana o la aparición de un “cisne negro” que hace variar la convicción original respecto de un universo en permanente cambio.

En el caso de las ciencias sociales y políticas el proceso es aún más laberíntico y es posible que su complejidad sea la que genere esa incertidumbre que provocan las interpretaciones posibles de los datos objetivos con los que la política, economía o sociología trabajan para predecir futuros posibles y comportamientos. Eso explica la plasticidad de los relatos partidistas, pero que, como hemos podido ver y experimentar, son siempre posibles de hacer converger cuando la voluntad y la experticia enfrenta hipótesis en el campo de las ideas y los hechos subsecuentes van demostrando lo acertado o no de las proposiciones en pugna. Uno de los ejemplos de los últimos años han sido las reformas previsional y tributaria, así como lo fueron la educacional y ahora la de salud.

La verificabilidad de lo que se predice en estas materias solo puede certificarse con los hechos que las decisiones adoptadas producen, aunque, por cierto, se inicie luego otra previsible polémica por la obvia multicausalidad de los fenómenos sociales exigiendo así una convergencia más amplia. Pero los hechos convencen a los inteligentes y si bien la discusión sobre los retiros durante la pandemia alertó y/o desechó los previsibles efectos inflacionarios, los actuales resultados en materia de pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, disminución de la demanda, aumento de las tasas de interés para préstamos habitacionales y de consumo, son fenómenos que han obligado a una convergencia partidista cada vez más amplia en el Congreso y expertos, mientras que el Gobierno ha evolucionado desde aprobar esos retiros, a luchar, desde el Ejecutivo y parlamento, contra próximos proyectos que, en tal sentido, enarbolan una nueva minoría.

Para que recordar los impactos predichos de la reforma educacional y la gratuidad en la situación financiera de las Universidades o las propuestas de jóvenes de FA para universalizarla o decretar la condonación de las deudas estudiantiles.

El convencimiento “iluminado” tiene, pues, sus límites en la realidad económica y social que, no obstante su plasticidad casi de “física de partículas”, finalmente opera con leyes que no son tan opinables y que, cuando se trasgreden, tienen consecuencias tan frías como las que tendría violar la ley de la gravedad lanzándose sin paracaídas desde la Torre Paulman.

Así las cosas, más allá de metodologías y epistemologías, el Gobierno, no obstante la evidente reacción mayoritaria en contra de buena parte de sus propuestas, ha seguido buscando, gracias a la carismática locuacidad presidencial, conciliar sus programas de primera vuelta con los de segunda y post 4-S, sin hacer mucho caso de mayorías que le están mostrando otro camino, pero que, ingratamente, se parece mucho más al de los repudiados 30 años que a su propuesta refundacional. Así, su tenaz persistencia ha terminado por empujar la salida de más de US$ 50 mil millones de un país que sus propias autoridades económicas afirman, requiere de más inversión. He ahí su dilema.

Lo curioso es que, quienes en el Partido Socialista se han embarcado en la propuesta presidencial de una sola lista para las elecciones de consejeros constituyentes del nuevo proceso, parecieran no sopesar el efecto polarizador que dicha táctica tiene, en la medida que tiende a fortalecer a la coalición más dura y sus lógicas de primera vuelta, incentivando, como reacción, la inflexibilidad de sectores de oposición que alejan al país del cultivo democrático de la negociación y convergencia, al tiempo que, como dijera un exsenador, transforma esa lista única en la “del indulto”, es decir, carga con el rechazo ciudadano (80%) contra un Ejecutivo cuya popularidad ha venido en caída y roza el 25% con que el mandatario alcanzó con sus propias fuerzas.

Hipótesis para tal postura:

  1. Sus promotores buscan mantener “influencia” sobre el círculo más cercano al presidente, de manera de ir conduciendo, con calma y tiza, la administración hacia una de carácter más centroizquierdista;
  2. Cierta nostalgia juvenil los hace aceptar el papel de “vagón de cola” del PC-FA con las esperanzas de un revival de coaliciones políticas reivindicativas al estilo del siglo pasado, aunque ahora sin el peligro de una reacción golpista.
  3. Aislar al PC-FA en una lista aparte y consolidar una segunda socialdemócrata que una al PS-PPD-PR-PL-DC -probablemente mayoritaria en la izquierda- importaría una derrota desastrosa de la coalición original del presidente, por lo que la postura de algunos PS tendría como propósito no debilitarlo aún más.

Sin embargo, para el mandatario pareciera no haber sufrido derrota alguna y aún en minoría evidente, ha indultado a 13 condenados en medio de una grave crisis de seguridad ciudadana; ha dilatado la aprobación de un proyecto minero mayoritariamente aprobado por sus comunidades; sigue avanzando en su reforma previsional, añadiendo más compromisos de gasto fiscal con el propósito de cumplir con “No+AFP”, no obstante el sustantivo mejoramiento de las pensiones gracias a la PGU; mantiene su voluntad de aumentar impuestos afectando a las capas medias y encareciendo servicios; avanza en una reforma de salud que, en combinación “no conspirativa” con el poder judicial, amenaza con derrumbar sin interfaces, el sistema privado y, en consecuencia, el público, obviando el problema de la enorme falta de especialistas médicos que no se resuelve sino en años y después de una gran inversión en educación y que el reciente anuncio de añadir US$ 63 millones al sistema para disminuir listas de espera y en cirugías resulta claramente insuficiente.

La oposición de derechas ha realizado razonables exigencias que certifiquen en los hechos y no solo con disculpas o sacrificando a sus colaboradores, la verdadera voluntad del presidente de seguir los dictámenes democrática y reiteradamente manifestados por las mayorías para retornar a un proceso de negociaciones que rectifique un rumbo que el 69% de la ciudadanía considera equivocado y que facilite la gobernanza en un año que se prevé complicado. Pero La Moneda parece no escuchar porque, en definitiva, materializado el cambio perseguido y dadas las respectivas excusas, ya no hay interés en corregir porque, de lo que se trata, según palabras del mandatario, es de que “cumplo mis promesas”.

Es de esperar que este “cumplimiento de promesas” contramayoritarias no esté indicando un intento gubernativo de materialización forzada de un proyecto de cambios insistentemente rechazado y que, en su tozuda persistencia, termine llevando la situación política hacia una polarización de la que ya se observan señales; y que el Gobierno y sus apoyos maximalistas o adscritos a lista única, adhiriendo realmente a los principios de la democracia liberal, respeten la voluntad popular mayoritaria, actúen con arreglo al Estado de Derecho y de una real separación de poderes, adecuando por fin sus proyectos “octubristas” a los del masivo rumbo marcado el 4-S, abandonando la búsqueda ladina de “cumplir promesas” de primera vuelta y de conseguir mayor poder, avanzando en reformas que pongan en el centro las más urgentes necesidades y demandas reales de las mayorías. (NP)