Editorial NP: Polisemia, discurso político y demagogia

Editorial NP: Polisemia, discurso político y demagogia

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La polisemia (del griego poli: muchos y sema: significado) es un reconocido fenómeno del lenguaje que se observa cuando un único término, signo lingüístico o significante tiene más de una decodificación posible, razón por la cual las palabras con esas características, para ser comprendidas, deben integrarse a un contexto, dado que es en él donde se esclarece cuál de los sentidos es el que el emisor está utilizando.

Pero la polisemia, por razones de endoculturación lingüística, suele ir mucho más allá de juegos como “el cabo Martínez llevó a cabo su acción en Cabo de Hornos sin dejar cabos sueltos”, suscitando reinterpretaciones aleatorias de los mensajes que provienen de las naturales variaciones cromáticas con que los individuos aprenden su lengua madre y la integran a su habla y escritura (cuando la tiene). Tal fenómeno, como se sabe, limita la precisión de lo comunicado y muchas veces -cuando no hay posibilidad de retroalimentación- termina por ser entendido según la especial forma de interpretación que el receptor del mensaje le dio, estabilizándose así compresivamente en su fuero interno, de un modo diverso al del comunicador.

La polisemia es muchas veces un recurso retórico poético que busca asombrar o derivar en nuevas hermenéuticas de lecturas que, dependiendo del receptor, exaltan la belleza del significante o profundizan en la densidad del significado de esos términos “gemelos”; o bien, como un recurso prosaico y persuasivo que busca aquietar la potencia de la palabra usada, alivianando el peso de su contenido y obligando a coordinar, las más de las veces en reiteraciones sucesivas, el real sentido de lo que se dice.

En ese marco de imprecisiones, palabras “talismán”, con múltiples interpretaciones, suelen repetirse hasta el hartazgo en discursos políticos, en el entendido que los receptores comprenden perfectamente lo que se expresa, aunque, por cierto, las más de las veces estén implicados significados muy distintos: democracia, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, cooperación, patria, derechos, adecuadamente distribuidas en un relato, esbozan descripciones de sueños que cada quien descifra según su particular definición de aquellas, en un proceso mental que es muchas veces irreflexivo, pero que, aun así, opera uniendo significante y significado, con aquel racimo emotivo que rodea el concepto según fue aprendido e incorporado al léxico propio.

El lenguaje, como es sabido, nomina, informa y norma a los hablantes de los grupos humanos, transformándolos en comunidad (común unidad), la que, a su turno, se organiza según una especial jerarquía y distribución de los poderes que la conforman como colectivo. De allí que en períodos de cambios sociales las palabras y sus significados sean las primeras víctimas de las resignificaciones, pues se van imponiendo, en paralelo, con el nuevo modo y uso de los términos que emergen en el léxico de fuerzas sociales que buscan expresarse siguiendo un relato que quiere relevar sus propias vocaciones, voluntad e intereses y que, a juicio de dichos desafiantes, la estructura de poder vigente discrimina y/o excluye.

Se alega así, entonces, que “padres”, entendido como la nominación genérica de “padre y madre”, corresponde a un tipo de lenguaje patriarcal que, al no designar explícitamente lo femenino, invisibiliza a ese género, por lo que las o los ofendidos (as) intentan neologismos como “mapadre”. Similar fenómeno se observa con la adición del neutro “elles” para no excluir a quienes no se sienten parte de la definición de género que importan los artículos “ellos” o “ellas”, por identificarse con una tercera opción fluida, lésbica o trans. Para qué ahondar en la actual normalización del uso de la nominación neutral “Presidente”, derivada ahora en “Presidenta” y respecto de la cual, no obstante la ortodoxia idiomática (ente: ser, no enta), la propia RAE terminó por regularizar su uso con género, tal como, por lo demás, se han integrado al riquísimo idioma hispánico -con más de 100 mil términos- otras neopalabras, dado su uso corriente local o universal, merced a su extendida usanza y aceptación de “mercado”, acatando así el inevitable dinamismo del lenguaje (p. ej. El verbo “achaplinarse” proveniente del nombre del actor Charle Chaplin; o “cantinfleo”, devenido del especial modo de hablar del artista mexicano Mario Moreno, “Cantinflas”, ambos conceptos aceptados por la RAE). La historia del uso dirá si los neologismos surgidos en las últimas décadas pervivirán.

Desde luego, este tipo de novedades suscitan polémica, aunque para efectos de gobernanza, los diferendos lingüísticos por razones identitarias sean menos preocupantes que aquellas resignificaciones que ponen en tela de juicio términos claves para la proyección del orden social instalado, tales como libertad, igualdad, democracia, Estado, nación o república. Cada uno de ellos, en los últimos años, ha tenido violentos sacudones hermenéuticos con consecuencias que pueden ser gravitantes en momentos en los que el país vive un proceso de redefiniciones políticas, sociales, económicas y culturales en la forma de la redacción, aprobación o rechazo de una nueva constitución. Como debería ser evidente, en una Carta, el uso de términos fundantes mal comprendidos o mañosamente difundidos pudiera alterar seriamente la convivencia al dar paso a la consolidación legal de nuevas significaciones ad hoc a los reajustes de los balances de poder que estos instrumentos de organización social buscan reglar.

Porque, en efecto, puede haber cierta unanimidad en que Chile sea definido como un Estado “democrático”, pero, en la evolución de los acontecimientos, como se sabe, la definición de la democracia original griega poco tiene que ver con la “democracia liberal” o “burguesa” y esta, a su turno, con las “populares”, “iliberales” o “autoritarias”, no obstante que todas se asumen “democracias” en el sentido de que posibilitan, con mayor o menor intensidad y extensión, la expresión política del “demos”, así como una cierta división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Asimismo, se pudiera considerar como aceptable que tal Estado mute desde un carácter “subsidiario”, es decir que auxilia a sus ciudadanos en aquellos aspectos en que éstos no pueden o no están interesados en actuar, a uno “social”; aunque, por cierto, siempre que lo “social” se entienda como “solidario” y no llegue a concebirse como un derecho preferente del poder de quienes administran el Estado a ocupar espacios de actividad que las personas puedan o estén interesada en desarrollar, debiendo entablar una competencia asimétrica con su gigantesca capacidad jurídico-normativa, económica y político-cultural que es, por lo demás, lo que los padres fundadores del sistema de libertades previeron y la razón por la cual las constituciones apuntan, primero que nada, a proteger los derechos de los individuos respecto del poder del Estado y sus bien posibles discrecionalidades cuando su poder es ilimitado

También se podría aceptar que se redefina a Chile como Estado “plurinacional” (del latín, pluri- (muchos), natus (nacido)) admitido que en el territorio conviven personas de los más variados orígenes nacionales, entre ellos, descendientes mixtos de pueblos denominados “originales” y que merced a la latina expresión del derecho “uti possidetis”puede usted seguir teniendo tal como usted posee») pudieran acatarse -para mejor convivir- ciertos privilegios de propiedad a reivindicar sobre tierras debidamente certificadas como pertenecientes a sus antepasados, aunque a través de juicios justos, independientes y bajo ley única, así como con el debido respeto por la propiedad traslapada, legítimamente adquirida con posterioridad. Es decir, mediante expropiaciones pagadas al contado y de acuerdo al daño efectivamente causado por parte del Estado que busca materializar la restitución.

La polisemia de lo “plurinacional”, si es que no se limita, puede permitir interpretar las citadas reivindicaciones como la creación de espacios territoriales “autónomos” (aunque financiados por el resto de los territorios y ciudadanos chilenos), con autoridades ejecutivas, normas de convivencia y sistemas de justicias propias, a la manera de un pequeño Estado-nación que sigue sus propias tradiciones culturales. Tal hecho no solo suscitará divisiones del Estado chileno, sino previsibles y permanentes conflictos de interpretación jurídica sobre derechos, propiedad, faltas, delitos o crímenes entre jueces indígenas nominados al efecto y regidos por sus particulares patrones morales y conductuales; y las normas y hermenéuticas occidentales a las que adhieren los jueces de la Corte Suprema como última instancia. Propuestas constitucionales como la descrita amenazan con la eventualidad de ser interpretadas por jueces nativos como que, p. ej, un “natus” de descendencia rapa nui que ha abusado sexualmente de una mujer, siguiendo sus tradiciones deba ser eximidos de culpa por sus magistrados, traspasando así, a la Suprema, la represión de una conducta aceptada por su cosmovisión.

Asimismo, se podría admitir que los sistemas políticos en las democracias liberales muestran diversidad de estructuras de organización de sus poderes y que varias de ellas conviven con relativa armonía mediante un modelo legislativo unicameral y sin el contrapeso de un Senado, aunque combinado con un ejecutivo de corte presidencialista, es decir, en el que el poder del primer mandatario no se vea paralizado por el del Congreso; o contrario sensu, que el parlamento, a su turno, no sea capturado por una mayoría oficialista que trasforme al Presidente en un dictador legal, máxime cuando los quorum de aprobación de leyes solo exigen de mayorías absolutas y, adicionalmente, la Carta propuesta debilita la capacidad del Poder Judicial como última instancia ciudadana frente a los abusos del Estado, al transformarlo en un conjunto de sistemas judiciales diversos.

“El papel aguanta todo”, dice un viejo refrán y, por cierto, los discursos políticos ahítos de términos talismanes, tantas veces irreflexivos respecto de sus límites y consecuencias, pueden brindar esperanzas y tranquilidad a una ciudadanía ya suficientemente enervada por una realidad hosca y desafiante.

Pero lo cierto es que los términos que describen ciertas realidades poseen una profunda polisemia y, por consiguiente, es menester que cada quien se pregunte si es que las quimeras de más derechos universales asegurados por el Estado, de mayor libertad, igualdad y prosperidad, son realmente un contexto posible con derechos de propiedad individual restringida y la colectivización de ciertos bienes.

Que una dilución normativa del tratamiento judicial habitual de crimen y castigo en más de una decena de sistemas judiciales es efectivamente consistente con una mayor justicia social; o que el buen vivir en un medioambiente libre de contaminación combina con una mayor producción y productividad industrial y empleo, bajas tasas de interés e inflación cuando, al mismo tiempo se redestinan ahorros previsionales en las AFP’s a más consumo.

Que constreñir el aporte del ahorro privado en salud para traspasar al Estado la responsabilidad de gastar nuestros tributos en ese derecho para todos los habitantes del país es una promesa consistente con mantener la disciplina fiscal y un bajo endeudamiento estatal.

Por más polisémicos que todos estos conceptos sean y que el discurso político pueda, entonces, amañarlos a su antojo gracias a la plasticidad del lenguaje, la vida enseña que cuando se toman decisiones y se opta por una acción determinada, las alternativas posibles no solo se esfuman, sino que insistir en intentar respirar y tomar agua al mismo tiempo es sencillamente contradictorio e irrealizable. Es, por lo demás, la razón por la que los mayores han reiterado históricamente a sus hijos que «no se puede conseguir todo a la vez». (NP)