Editorial NP: Pandemia y el gasto social

Editorial NP: Pandemia y el gasto social

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Una de las críticas más corrientes en los medios es la aparente displicencia del Gobierno y la clase política para responder con urgencia a las necesidades que la población de menores recursos expresa cada vez con mayor malestar, a medida que pasan los días en cuarentenas que se extienden interminables aun con el loable propósito de evitar el descontrol de la letal pandemia viral que azota al mundo, y que, al mismo tiempo, está minando las resistencias económicas y emocionales de millones de personas en todo el orbe.

Y es que parece evidente que, tras estos seis meses de embates silenciosos del enemigo invisible contra las murallas de las ciudades y hogares no hay país alguno que haya sido capaz de sostener incólume una posición defensiva sólida frente a un hostil que ya ha contagiado a más de 10 millones de personas y asesinado a otro medio millón, sin dar muestras de morigerar su ponzoña. Al mismo tiempo, las reservas y capacidad de endeudamiento de las naciones han ido flaqueando, poniendo en peligro la estabilidad de las economías nacionales y el comercio e intercambio mundial.

De hecho, países de altos ingresos, cuyos ahorros para contingencias se han esfumado en gran parte, buscan retomar la actividad para evitar mayor empobrecimiento, pero una vez reabiertos, han debido retornar rápidamente a las cuarentenas y cordones sanitarios ante rebrotes que hacen perder esperanzas de una recuperación más rápida de una de las tragedias humanas más graves de los últimos 100 años.

Chile es un país que, a nivel internacional, se logró ubicar, tras más de 40 años de esfuerzos, entre las naciones de ingresos medios. Pero su modelo inercial de producción y redistribución atascado ha dejado a millones de personas que habían alcanzado niveles de capas medias, aún en los bordes de la línea de pobreza. Como es obvio, su capacidad de resistencia ante una epidemia que obliga a bajar los brazos por meses e impide seguir desarrollando actividades productivas y de servicios no esenciales, es baja. Se trata, como se sabe, de personas cuyo patrimonio creció mediante deuda (70% de sus ingresos) y con una baja capacidad de ahorro que le hubiera permitido sustentarse sin generar recursos por meses y sin verse obligados a recurrir al Estado para practicar el distanciamiento social y auto confinamiento a que obliga la autoridad sanitaria.

Ante la ausencia de tales capacidades, privadas o estatales, por supuesto, nadie está obligado a lo imposible. Mantener a 10 millones de personas encerradas en sus hogares es desafío para cualquier gobierno. De allí que las cuarentenas dispuestas por la autoridad hayan tenido bajo nivel de efectividad para contener la expansión del virus y mientras no surja una vacuna o medicamento, seguiremos enfrentados a las presiones de supervivencia que emergen tanto del miedo al contagio de la enfermedad, como a perder todo lo alcanzando con tanto esfuerzo de los últimos 30 años.

Conscientes de las limitaciones de reparto y acceso que sufren, en especial, las nuevas capas medias, desde el inicio de la pandemia en Chile, y hasta ahora, a pesar de sus obvias diferencias, tanto el Gobierno como el parlamento han conseguido actuaciones de consuno en variados ámbitos, buscando morigerar los graves impactos del Covid 19 en las familias chilenas, pero que en general son poco relevadas por los medios, más interesados en el conflicto que en las “buenas noticias”.

Destacan entre tales acuerdos, el recientemente aprobado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que ha permitido entregar un subsidio de emergencia a casi 1.150.000 hogares en el primer mes de pago del beneficio iniciado el 23 de mayo. Asimismo, con la promulgación de la Ley que amplía el IFE, se aumentó el número de hogares elegibles hasta el 80% de los más vulnerables y el monto por persona desde $65 mil a $100 mil, llegando a entregar hasta $400 mil a un hogar de 4 personas.

Previamente, el Gobierno había dispuesto urgencia a la entrega del llamado Bono de Emergencia Covid19, el primero entregado por la actual administración a más de 1,5 millones de hogares, los que recibieron $50 mil por carga u hogar a partir del 17 de abril pasado.

La constatación de que las cuarentenas generarían la paralización de actividades en miles de micros, pequeñas y medianas empresas comerciales, productivas y de servicios que dan trabajo a cientos de miles de personas y cuya baja resistencia a la inactividad es conocida en la medida que su principal debilidad está en sus flujos de caja, hizo que el Gobierno y parlamento conciliaran una ley de protección al empleo. Este cuerpo legal ha permitido que más de 625 mil trabajadores formales -que hoy estarían cesantes- estén recibiendo un ingreso, no obstante haberse suspendido su contrato con su empleador, sin perder vínculo laboral, ni las prestaciones del Seguro de Cesantía, mientras el empleador sigue pagando las respectivas cotizaciones previsionales. Este compromiso social público privado comenzó a solventarse a fines de abril y se espera su fortalecimiento merced al acuerdo de amplios sectores políticos.

Las cuarentenas impiden, además, el normal flujo de distribución de alimentos en ciudades que deben cerrar la mayoría de sus negocios pequeños o medianos, al tiempo que se limita la circulación de efectivo, tanto por razones de salud, como por el menor uso de ese sistema de pago por miedo al contagio. De hecho, los cajeros automáticos han reducido su actividad en más de 50%. En tal marco, el Gobierno buscó subsanar efectos no deseados del confinamiento obligatorio disponiendo la entrega directa, casa por casa, de una caja de alimentos para 2,5 millones de los hogares más vulnerables. No obstante las críticas, el sistema ha morigerado el impacto de estas semanas en cuarentenas en parte relevante de las grandes ciudades del país.

Junto a los beneficios dispuestos para los trabajadores contratados, así como para las familias de menores recursos, el Congreso y el Ejecutivo consiguieron acordar un beneficio especial para los trabajadores independientes, dado el alto número de ellos en la actual fuerza laboral. La legislación aprobada está permitiendo apoyar a 1,2 millones de estos trabajadores afectados por la pandemia, entregando recursos por hasta el 70% de la caída de sus ingresos con boleta (con un máximo de $100 mil para ingresos menores de $500 mil) durante tres meses, así como la opción de acceder a un crédito del fisco con tasa de interés de 0%.

Se afirma -y con razón- que la puerta de entrada al aparato del Estado son los municipios. Y en los hechos, son estas corporaciones las que reciben en primer lugar la presión de las demandas sociales que surgen desde las bases ciudadanas en todo el país. Sin embargo, dadas sus amplias funciones y el modelo de financiamiento vigente, la mayoría de las municipalidades, salvo las excepciones de las comunas ricas, presentan un déficit crónico, el que, con ocasión de la pandemia se ha incrementado. De allí que Gobierno y Congreso convergieran nuevamente en realizar una transferencia extra hacia el Fondo Solidario Municipal de $80 mil millones que serán repartidos en todas las Municipalidades de Chile para enfrentar aspectos sociales de la pandemia. Asimismo, acordaron un Ingreso Mínimo Garantizado, un aporte con el que el Estado contribuye a incrementar hasta al menos $300 mil líquidos, el sueldo de cerca de unos 670 mil trabajadores de menores ingresos, llegando a transferir un aporte por hasta casi $60.000 a cada trabajador y sus familias y que comenzó a ser pagado el 29 de mayo.

En Chile, por consiguiente, prácticamente no quedan trabajadores que ganen menos de $300 mil líquidos mensuales. Un avance social que da nuevos y consensuados pasos hacia las metas de igualdad e inclusión demandadas el 18-O.

En conjunto, esta nueva red de protección social alcanza a cerca de 10 millones de personas, es decir tres de cada cuatro hogares en Chile, al tiempo que se entiende que los restantes 8 millones corresponden a familias que han logrado sostener su línea de defensa merced a las propias capacidades de ahorro, aunque, por cierto, en los niveles medios y bajos de estos segmentos la duración del confinamiento y la parálisis productiva y de servicios está haciendo mella en sus limitados recursos, por lo que han surgido otra serie de propuestas de acceso a dineros como autorizar legalmente el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales de las AFP’s.

Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la pandemia de Covid-19 amenaza con “reavivar tensiones sociales, deprimiendo la actividad económica, acentuando los malos balances corporativos y aumentando la pobreza y desigualdad en Latinoamérica y el Caribe”, lugares en donde el organismo pronostica para este año “la peor contracción económica registrada” en la región (-9,4%). Para el caso de Chile, en tanto, el FMI prevé una caída de -7,5%, contracción que tal vez está en la perspectiva del presidente de RN, Mario Desbordes, al advertir que el malestar que visualiza en la clase media -incluso desde antes de la pandemia- podría terminar resultando más caro que “soltar el 10% de los fondos de AFP’s” para sostener la línea de resistencia por más tiempo y estimular la demanda y reactivar la economía.

El paquete de medidas económicas antes señaladas y acordadas por el Gobierno y la mayoría de la oposición democrática en el Congreso implica gastos fiscales por alrededor de US$ 12 mil millones, una cifra nada despreciable para un país de US$ 260 mil millones de PIB anual. Si se produjera una corrida y todos los cotizantes sacaran el 10% de los fondos de AFP’s, aquello explicaría casi el doble de la cifra anterior liberada en la economía. Obviamente, esos recursos colaborarían en una más rápida reactivación tras los varios meses de paralización que aun parecen faltar para superar la crisis. Un programa en esa dirección ha sido recomendando, por lo demás, por la muy ortodoxa presidenta del BCE y ex del FMI, Christine Lagarde, quien se mostró partidaria de estimular la demanda para impulsar la ya bien deteriorada economía europea, de modo que la reactivación no sea siguiendo el símbolo de la raíz cuadrada: una brusca caída, una subida leve y una estabilización larga y tediosa.

Dependiendo de cómo se saquen y más allá de su impacto en la inflación o en el valor patrimonial de los fondos, “soltar el 10%” de los ahorros actuales de las AFP’s podría ser prematuro e inoportuno, dado el hecho que el Estado aún está redistribuyendo impuestos y ahorros de todos los chilenos en los planes sociales antes descritos. No cabe duda, sin embargo, que, si la crisis sanitaria se extiende -como parecen indicar los rebrotes y la ausencia de medicamentos o vacunas probadas- llegará el momento en el que, ante un Fisco sin más recursos que endeudarse, los ahorros para la vejez de los chilenos pudieran ser la única solución que permita sostener la resistencia de los sectores medios, sin tener que lamentar aumentos en las muertes producto de una eventual imposibilidad de mantener el confinamiento en zonas urbanas por razones económicas.

El dilema planteado refiere, pues, a la urgente necesidad de sostener y mejorar un modelo económico de crecimiento e inclusión que fortalezca el ahorro y propiedad personal y familiar de los ciudadanos de manera que, en el futuro, sean capaces por sí mismos de enfrentar crisis como las que estamos viviendo, gracias a sus ahorros y patrimonios consolidados como recias torres de defensa preparadas para años de sitio. Tal como las grandes ciudades del medioevo, mientras más reservas de agua y alimentos, más resistencia al invasor. Y en el caso de los hogares, más libertad y herramientas que evitan el avasallamiento político, social y económico que genera el uso de la riqueza y ahorro de todos los ciudadanos desde el poder de un Estado que, merced a tributos expropiadores, juega un papel paternalista y sojuzgador de las libertades de la gente.

En las democracias liberales, el Estado es de Derecho, subsidiario y solidario, en la forma y fondo en que la actual administración ha estado materializando esos valores: subsidiario, ante tareas que los particulares no logran coordinar por sí mismos al no contar con la potestad de la legitimidad política, tales como proteger la salud en pandemia u ofrecer educación de calidad para todos; y solidario, en la medida que los recursos que se usan en los programas de emergencia corresponden a impuestos pagados por todos, incluidos los beneficiarios actuales que, en cada compra, han aportado con 19% de IVA. Seguir usando esos caudales tributarios y los que provienen de empresas nacionales con utilidades -aunque sean pocas- parece mejor camino, por ahora, pues así no se recarga a ciudadanos de capas medias emergentes, haciéndolos consumir parte de sus escasos ahorros destinados por ley para una vejez digna.

Concentrar la acción de estos meses en enfrentar la crisis sanitaria y acordar ampliamente los modos y métodos que se utilizarán para superar la crisis económica y social son tareas suficientemente desafiantes como para que todos quienes aman la democracia y libertad se enfoquen en ellas y así superar el trance sin el estallido de una revuelta de proporciones que puede detonar por el “aleteo de una mariposa”, tirando al tacho de la basura el Estado de Derecho y la democracia liberal y abierta al mundo. No habría que olvidar que durante 2019 estas revueltas por variados motivos económicos y políticos estallaron en más de 80 países según declaró la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Prestigiar la acción parlamentaria y de Gobierno apuntada hacia la unidad de objetivos inmediatos es indispensable para que la clase política recobre su equilibrio, de manera que, en los próximos meses, gracias a una estrategia de acuerdos y consensos racionales, se puedan seguir sosteniendo las murallas de la ciudad contra los embates que seguramente, más temprano que tarde, desatarán las fuerzas obscuras de los autoritarismos populistas cuando la crisis económica que se aproxima esté en su apogeo.

No ha sido, pues, realmente, la displicencia del Gobierno o la oposición la que atrasa las convergencias entre demócratas, sino la natural brega por el poder político que, en democracia, es legítima y necesaria, máxime en tiempos de elecciones, aun en medio de una pandemia. Sin embargo, las urgencias ciudadanas de hoy hacen ver estos juegos como alejados de las demandas diarias, pues no se entienden sus propósitos. Pareciera demás recordar que detrás de cada argumentación y contraargumentación hay consideraciones políticas y estratégicas que son parte de esa lucha por la voluntad y corazón de los votantes y que, más allá de aprovechar sus obvias deficiencias para desprestigiarla, habrá que observar la política en marcha con la mayor profundidad en lo referido a los motivos más densos de sus diferencias y los objetivos que cada quien tiene en mente para continuar en su lucha por el poder político, aun poniendo en riesgo, tantas veces, estrategias sociales que benefician a gran parte de la ciudadanía y que de aprobarse de consuno mejorarían sustantivamente la imagen del Congreso y el Ejecutivo. (NP)

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