Parafraseando al ex Presidente Patricio Aylwin se podría afirmar que “la política es cruel” -y aún de peor forma que el impopular “mercado”- en la medida que, mientras en este último su “crueldad” es resultado de la convergencia inconsciente de millones de individuos adoptando decisiones respecto de sus demandas biológicas o espirituales, reales o culturales; la de la política, por el contrario, es un acto consciente e intencional -aunque de quien tiene la capacidad de hacerlo- de aplastar a su competencia, transformándola en un tipo de “acción de poder” por antonomasia, en la que para triunfar “no solo se hace el mal, sino que debe hacerse”, como sincerara hace siglos el ilustre consiglieri y diplomático florentino, Nicolás Maquiavelo.
En efecto, tanto a raíz del llamado “estallido social” de octubre de 2019, como de la sobreviniente pandemia que aterrizó en Chile el 3 de marzo -lo que, según hoy sabemos, implica que los primeros coronavirus del tipo Covid-19 desembarcaron en febrero- autoridades del Ejecutivo, el propio Presidente, dirigentes de partidos del oficialismo y de sectores de la oposición democrática han estado convocando, casi majaderamente, a un nuevo Pacto Social de similares características al que suscribieron más de una decena de colectividades en noviembre de 2019. Pero, por razones políticas, institucionalmente los partidos de izquierda y de centro izquierda se han negado a avanzar en esa dirección.
Los motivos para dicha conducta sin socorro son conocidos o pueden deducirse. Por de pronto, se trata inicialmente del juego básico y sin matices de “quién impone su voluntad sobre el otro”, sustrato que parece hacer recomendable a ciertas dirigencias mantener una posición divergente inclaudicable, pues, de aquella forma, se mostraría “fortaleza y convicción en lo que se cree”, al tiempo que se impide al “enemigo” mover piezas para alcanzar una mejor posición de gobernanza.
Se trata, dado que no se gobernará según ciertas ideas y propósitos, de “trancar la pelota”, evitando que el juego continúe, probando así “la incapacidad y poca idoneidad” o “ineficiencia” de la derecha para gobernar en función de mayorías. Ejemplos paradigmáticos han sido la demora en la aprobación de la denominada Agenda Social de noviembre pasado y luego del Ingreso Familiar de Emergencia requerido por la cuarentena pandémica, o la abstrusa polémica por las cajas de alimentos que reparte el Gobierno entre 2,5 millones de hogares de menores recursos del país.
En segundo lugar, para la centro izquierda está esa dura presión política que ejerce con decisión martiriológica el Frente Amplio (“lo que le falta a la oposición es dureza”, dijo el diputado Jackson), tanto al interior del Congreso -donde aporta o no con sus votos a la consecución de puntos de gestión que la ex Nueva Mayoría quisiera poner, según sus principios- como en la calle, en la cual compite por las voluntades de simpatizantes históricos de esa izquierda socialdemócrata y socialcristiana a las que acusa de traicionar sus principios, haciéndola revisar el discurso post 90’s y llevándola a afirmar -si no a todos, a varios de sus líderes- esa infausta frase de “no son 30 pesos, son 30 años” de injusticias.
En tercer lugar, una mesa de conversaciones en la que se pudiera redactar un acuerdo nacional social que, previendo las consecuencias económicas que dejará el largo período de enfermedad y convalecencia del país, ofrezca soluciones técnicas y políticas viables y sostenibles para evitar un deterioro serio o hasta un colapso de la democracia liberal, no solo “desmoviliza a las masas”, sino que no es un objetivo que preocupe a varias de las colectividades de oposición cuya meta estratégica, es, precisamente, “superar el capitalismo” y la “democracia burguesa” e instalar una sociedad piramidal estatista y totalitaria, dirigida por ellos.
El acuerdo de noviembre dio claras muestras en ese sentido, reuniendo en esa mesa a quienes verdaderamente participaban de la idea de evitar una crisis democrática, mientras se abstenían aquellos para los cuales tal aprensión es inexistente, pues mantienen la fútil esperanza de que las revueltas persistentes pueden, algún día, culminar en “la toma de La Moneda”.
Conversaciones exploratorias como las del senador PS, José Miguel Insulza y del diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, también han sido objeto de “bulling” político, el que ha venido no solo desde la oposición, sino también desde el propio oficialismo, respondiendo a miradas estratégicas distintas que se expresan tácticamente en desavenencias nunca plenamente explicadas. Por de pronto, la insistencia de Desbordes en propiciar que un llamado oficial al propuesto Pacto Social debe ser comandado por el Presidente de la República ha elevado sospechas de que se trata de una operación de salvataje de la imagen del primer mandatario, ubicado en las encuestas en niveles inferiores al tercio de derecha que Chile ha mostrado históricamente, lo que hace recomendable no vincularse a la propuesta. No se le debe dar oxigeno al enemigo que aparece al borde de la asfixia.
Algo similar ha ocurrido con llamados del empresariado, Universidades y grupos de profesionales y organizaciones civiles a “pensar Chile”, todas acciones que buscan reemplazar la emocionalidad desatada de la protesta callejera violenta, por el encuentro discursivo y racional de la conversación y contraposición de ideas que, desde la perspectiva de esa oposición, “desmovilizan” y “elitizan” la discusión.
Tampoco parece conveniente para la izquierda el desarrollo de una mesa de diálogo leal y abierto que se encuentre buscando soluciones efectivas y horizontales y que la terminen ubicando como un centro relevante de convergencias de la moderación política, justo en días de campañas electorales de autoridades locales, regionales, parlamentarias y Presidenciales y de una nueva convención constituyente. En especial cuando, además, en la oposición no emergen liderazgos nacionales evidentes que pre anuncien la posibilidad de unas presidenciales exitosas y que, por consiguiente, haya comenzado a circular como “único árbol parado” al que “todos desean volver a subirse”, el nombre de la ex Presidente Michelle Bachelet, la que, en tal caso, aunque “sobre su cadáver”, se vería enfrentada a la competencia de derecha del también hasta ahora más obvio candidato a la primera magistratura de acuerdo a las encuestas de opinión: el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
El escenario descrito, empero, podría hasta tener sentido en el espacio de la natural “crueldad” política. Pero este se está desarrollando entre los pliegues de una de las desgracias de salud pública más graves del último siglo y cuya extensión en el tiempo está amenazando con provocar una de las recesiones mundiales y nacional también de las más grandes de la historia contemporánea. Si Jackson et al se sienten -como parece- conductores revolucionarios que emulando a Lenin aprovecharán la crisis mundial para lanzar un renovado asalto al cielo e imponer la justicia y solidaridad socialista, su persistente oposición a todos los actos de Gobierno pudiera hasta considerarse un acto de racionalidad política. Pero esta izquierda maximalista aún no consigue informar cuál sería el modelo económico -que no el capitalismo rapaz- que utilizaría para llevar a la humanidad a su redención por lo que, despejado el tema propiamente ideológico, deja solo como motivación la tosca y cerril lucha por el poder en sí mismo y no por un supuesto e incógnito nuevo mejor modo de vida.
Por lo demás, en estos meses de inquietud social y calamidad sanitaria el actual Gobierno ha ido construyendo un modelo político y socioeconómico que, considerando las demandas que emergieron bruscamente en octubre y midiendo con cautela los niveles de gasto fiscal y endeudamiento que pueden soportar los chilenos de esta generación y las siguientes, nada tiene que ver con el criticado “neoliberalismo” que da unidad, contenido y propósito a las estrategias políticas de la izquierda.
Más bien, diría algún economista ordoliberal de Friburgo, se trata de la edificación subrepticia de un Estado de Bienestar al estilo de los de post II guerra mundial en Europa. Pero, ni siquiera así sectores socialdemócratas y socialcristianos que pudieran tener más coincidencias con éstos que con la izquierda dura, se han permitido dar el paso hacia un nuevo lapso histórico de convergencia y unidad nacional como el que permitió el primer salto hacia el desarrollo y que podría ahora ayudar a dar el paso final para su integración definitiva a las naciones propiamente del primer mundo.
La centro izquierda no logra, pues, romper el lazo ideológico tendido por el lenguaje del maximalismo neomarxista según el cual los gobiernos en los que participó y fructificó “fueron 30 años” que en nada contribuyeron a superar la enorme pobreza e impiedad vital que Chile vivió por decenios, no obstante las evidencias reconocidas por una enorme mayoría de países, centros de investigación, universidades y organismos internacionales. De allí estrategias fuera del marco jurídico llevadas a cabo en el Congreso donde durante los últimos meses dicha izquierda ha presentado sucesivas iniciativas inconstitucionales que, junto con subir irresponsablemente las apuestas de gasto y cambios político-económicos, rebasan los límites de la carta fundamental como señal de su rechazo al acuerdo social que nos rige y que abre puertas a otro tipo de manifestaciones ad nutum.
En un mundo que, en su convalecencia, será más pobre que hace seis meses y al que no se podrá recurrir por ayuda infinita porque los recursos serán aún más escasos, la emergencia de tensiones por motivos económicos -desempleo, alimentación, vestimenta, educación, vivienda, salud- será muy probable y podrá justificar el surgimiento de acciones de colectividades políticas que, como las recientes de El Bosque, confunden planos e impulsan o validan la violencia como método de expresión política.
En su “crueldad” la política entiende que una asonada de un grupo de jóvenes enfrentados a Carabineros a pedradas y bombas molotov incita la transmisión en directo del hecho por TV, y amplía la expresión de las demandas y la fama de sus portavoces, aunque no traiga soluciones inmediatas, razón por la que es ese acto y no la “olla común” -que si resuelve la urgencia- el que será destacado. Una situación similar se produce en el ámbito de lo institucional: es el conflicto, no el acuerdo, el que atrae mayor interés periodístico, poniendo en la palestra pública los nombres y rostros que se quieren relevar ante los votantes.
En esas condiciones, políticas de convergencia nacional, cuyo objetivo sea la solución conjunta de los graves problemas que el país y sus ciudadanos deben enfrentar en las próximas semanas, meses y tal vez años, no son viables. La política de los acuerdos parece posible solo cuando la derecha es oposición. Lo infausto es que la “cruel política” haga inviables coincidencias posibles aun cuando, para que todos podamos convivir con menos agobio estos momentos de abatimiento, sea indispensable converger en propósitos nacionales, evitando el desperdicio de energías que se produce cuando unos tiran y otros retienen la carreta.
En democracias autoritarias, objetivos nacionales pueden convocar a una sola conducción y destino común que mueva la nave en la dirección deseada. Por supuesto, quienes en ellas buscan ir en dirección opuesta, no son bienvenidos. La política democrático liberal, empero, entiende estas contradicciones como propias de la libertad y busca que se resuelvan ganando, con perseverancia, la voluntad de mayorías ciudadanas que den estabilidad a las decisiones políticas, al tiempo que tiende a aislar socialmente a los revoltosos, cuyas miradas polarizantes impiden ver verdad alguna en el pensamiento del otro.
Planes y políticas de más lago plazo -al menos hasta que termine el actual Gobierno- para superar las emergencias inmediata y mediatas, serían muy recomendables para dar a la ciudadanía señales claras del camino que se está siguiendo en medio de la obscuridad del presente mar de incertidumbres y conseguir así, conocido el destino, que la tripulación otorgue su necesaria aquiescencia para una gobernanza que no exija represión, y evitando que el uso mañoso y malintencionado de las interpretaciones del maximalismo siga afectando las almas inocentes de quienes los siguen en sus imposturas.
Ingratamente, el diseño de políticas realizado solo por el actual Ejecutivo y sus afines, resta mayor complejidad de perspectivas a las decisiones, aunque igual exigirá del acuerdo parlamentario con aquellos congresistas que lealmente han buscado proteger la democracia y creen en la naturaleza intangible de las libertades y las decisiones personales en el ámbito diario de la vida privada, validando el emprendimiento e intercambio en los diversos mercados que coexisten en las sociedades libres y vacunadas del igualitarismo totalitario. (NP)
