Editorial NP: Modernización del Estado y Estrategia Nacional

Editorial NP: Modernización del Estado y Estrategia Nacional

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No obstante las múltiples definiciones que sobre la persona jurídica que denominamos “Estado” y que ha evolucionado a lo largo de la historia para diferenciarlo del concepto de “Gobierno”, como aquel grupo de personas que asume su gestión de modo coyuntural, hay cierta coincidencia académica y política en que aquel constituye una estructura institucional y normativa que busca monopolizar, dentro de un territorio y sobre el conjunto de personas que lo habita, el uso de la violencia legítima como medio de control y solución de controversias internas y externas.

El origen etimológico de la palabra Estado aclara su procedencia sociopolítica: proviniendo del concepto latino status -y este del verbo stare (estar parado)- muestra su singularidad, una que lo diferencia de la orgánica de supervivencia de los grupos cazadores y recolectores, trashumantes o nómades, sin un Estado que los detuviera en un particular territorio. A mayor abundamiento, el verbo stare tiene raíz indoeuropea sta-, y está presente también en el griego ίσταμαι como establecer, estar o poner en pie, detener.

Tal secuencia lingüística pareciera evidenciar el momento de la historia en que emerge la primitiva agricultura, estimulando la instalación de conjuntos humanos en aldeas y ciudades entornando los plantíos y que, junto al establecimiento para protegerlos, el reconocimiento de su producción y evolución durante las estaciones del año, al surgimiento de la escritura -que al mismo tiempo solidificaba mitos, símbolos y discursos que legitimaban las jerarquías de poder emergentes- y las matemáticas -que medían y distribuían el resultado de la nueva actividad económica que se privatizaba territorialmente- requirieron de reglas conductuales que posibilitaran una más estable y armónica convivencia, sea por leyes pretendidamente de origen divino, sea por acuerdo social y, por tanto, obligatorias para todos.

De este modo, entendiendo el Estado como aquel conjunto de leyes e instituciones que validan tanto la autoridad (legitimidad del poder) como la potestad (la fuerza para su aplicación) de un grupo de administradores coyunturales (Gobierno), de modo que aquellos puedan establecer y hacer valer las normas que regulan las relaciones del conjunto social, éste debe contar necesariamente con “soberanía” -esa autoridad suprema que posee el poder último e inapelable- tanto sobre un territorio y población determinado, como en defensa de amenazas externas a tales condiciones. Así las cosas, la existencia del Estado, definido como tal, no depende de la forma que adquieran sus respectivos gobiernos y su presencia se puede afirmar tanto a contar de las ciudades-estado, imperios, reinos y repúblicas, como si aquel es administrado por gobiernos dictatoriales, totalitarios o democrático liberales circunstanciales.

En su evolución hasta las actuales democracias se ha entendido el Estado como el “ámbito de acción del derecho” (Kelsen), instalándose el concepto de “Estado de Derecho”, en cuya estructura se incluyen los entes jurídicos resultantes de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y del imperio de la ley, así como funciones como, v.gr., la emisión de moneda, la recaudación de impuestos, policía o fuerzas armadas, factores que lo terminan por elevar a su categoría de “persona jurídica”, con un espacio con población permanente, un territorio definido y un gobierno capaz de mantener control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir las relaciones internacionales con otros Estados (Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, 1933).

Alcanzar estas definiciones no ha sido un proceso sin dificultades. Desde Hegel, para quien el Estado es la realización de la idea ética en cuanto voluntad, clara por sí misma, que se piensa, se conoce y se cumple lo que sabe, hasta Marx, para quien aquel es el reino de la fuerza, del interés parcial, cuyo propósito es el bienestar de quienes detentan el poder; o Grocio, quien lo define como la asociación perfecta de hombres libres, unidos para gozar de sus derechos y la utilidad común, la idea del Estado como órgano de dominación ético-normativa, de clases o grupos de interés parcial, ha afectado su inicial estabilidad definitoria y junto con la idea de progreso, ha debido enfrentar la invectiva de variados grupos que lo asumen críticamente como escollo a la libertad o instrumento de dominación de una clase sobre otra, impulsando ya sea su eliminación o su adecuación jurídica al servicio de los nuevos grupos en el poder.

Las revoluciones y guerras del siglo XIX y XX contribuyeron a minar esa idea del Estado como aquel conjunto de normas e instituciones cuyas leyes que parecían instaladas ad aeternum otorgaban estabilidad a la convivencia social, operando sobre poblaciones cuyos limitados derechos no constituían carga notable para los Estados decimonónicos y cuya estructura de propiedad de la tierra era definida por el propio Estado, habitualmente perteneciente a una élite noble ligada a la monarquía dominante.

Con una propiedad privada poco extendida, concepciones como el ultraliberalismo o el anarquismo, estimaban deseable la total desaparición de los Estados para reemplazarlo por asociaciones libres de ciudadanos productores, al tiempo que otras, como el comunismo, aceptan su existencia transicional durante la fase socialista en la que el Estado es el dueño de los medios de producción. Otras derivadas comunitaristas le otorgan más o menos potestad, difiriendo respecto de su organización o el alcance de sus facultades.

En el prolongado juego político estratégico de presiones de unos y otros, de sus oscilaciones entre una mayor o menor presencia en la economía y en la vida diaria de las personas, los Estados democráticos modernos del último siglo han sido testigos de impulsos sociales que los han arrastrado desde cambios y reformas menores hasta profundas transformaciones y/o reemplazo de sus leyes, constituciones e instituciones fundantes. Pero solo aquellos Estados que han conseguido cierta coincidencia de sus élites respecto del destino nacional deseado han sido exitosos.

Tal proceso se conoce como “modernización del Estado”, es decir, una puesta al día de las orgánicas y normas que las habilitan, aunque, desde luego, aquello ocurra siempre buscando que tales adecuaciones se ajusten a los intereses y crecientes derechos de los grupos que -ganado cierto poder de representación- pueden presionar con éxito para que la pétrea estructura del Estado sea permeada por las nuevas normas y leyes que se ajustan de mejor manera a los intereses y derechos emergentes exigidos por aquellos.

Chile ha vivido estos procesos en variadas oportunidades, la ultima de las cuales, iniciada a contar de 1980, ha devenido en un largo juicio de ajustes y cambios que aún no concluye y que ahora se busca seguir profundizando con las propuestas de modificación o modernización del Estado que el actual Gobierno prepara respecto de una serie de instituciones provenientes de anteriores conformaciones legales, así como de su actual carta, una cuya pervivencia, por lo demás, también se encuentra en suspenso luego que, hace un par de años, está a la espera una discusión sobre la propuesta de nueva constitución preparada y redactada por la anterior administración.

Demás parece relevar el hecho de que dicho proyecto -que también es entendido por los sectores que apoyaban al gobierno anterior como “modernización”- está paralizado debido a que no cuenta con las voluntades políticas suficientes como para ser siquiera puesto en tabla y que, con cierta seguridad, las propuestas que surjan del actual Gobierno con miras a modernizar instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República o el propio Congreso Nacional, tienen un destino similar, si es que no hay un acuerdo nacional respecto del Chile que se desea alcanzar con los cambios normativos y legales que cada gobierno de turno ha ido planteando.

Es decir, en dicho zigzagueo, las dificultades que se observan para conseguir normar ciertos ámbitos jurídicos preciados para lograr mayor igualdad de derechos o darle mayor impulso a la actividad económica, social y política del país (como una política tributaria racional y pro crecimiento, una ley laboral moderna, justa y realista, una reforma previsional que proteja el ahorro vital de los trabajadores), tienen su base en aquella trágica diferencia estratégica que ha persistido por décadas y que se ha sostenido a pesar de las muchas evidencias de que la unidad de voluntades políticas y sociales en torno a las libertades de asociación, expresión, opinión, al libre emprendimiento,el respeto a la propiedad privada, la apertura al intercambio internacional, el crecimiento económico; la democracia y ampliación de los derechos con arreglo a las posibilidades reales de la economía, la protección de los derechos humanos, entre otros, conforman el Estado de cosas que posibilita una mejor vida para todos quienes habitan en el territorio nacional.

El país no saldrá de su actual inercia mientras sus élites políticas, económicas, sociales y culturales no consigan una convergencia mayoritaria en tales principios y valores y que aquellos se expresen nítidamente en las leyes que se evacuan de un Congreso en el que la citada diferencia estratégica se hace cada vez más patente, paralizando así casi toda iniciativa coherente con el modelo que le otorgó al país su enorme éxito en las últimas décadas.

Así, tampoco, si desde el parlamento emergen ideas de legislación inconsistentes con dicho modo de vida -o simplemente inconstitucionales, al menos en el actual ordenamiento- las que, a mayor abundamiento, y por diversas razones, terminan siendo avaladas por quienes debieran defender los principios y valores que sustentan la forma de organización del Estado y sociedad libre que transformó al país, tras casi dos siglos de mediocridad, en uno que está en los umbrales del desarrollo, pero cuyas contradicciones internas le impiden dar los pasos necesarios para traspasarlo. (NP)

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