Editorial NP: Los nuevos clivajes en marcha

Editorial NP: Los nuevos clivajes en marcha

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A estas alturas de los acontecimientos y tal como lo han indicado la mayor parte de las encuestas, una enorme mayoría de los ciudadanos ha terminado por calificar la nueva carta redactada por la Convención Constitucional como de mediocre a mala, al tiempo que, quienes se ubican en la franja de los que la aprueban sin apellidos, conforman un pequeño grupo que, siendo o no, parte de aquellos que se inclinaron por una nueva constitución y en contra de que el desafío fuera encarado por la institución democrática que por antonomasia tiene la función constituyente, hoy preparan fuerzas para encarar la derrota y revisan nuevas estrategias.

En efecto, durante la semana pasada, el Presidente de la República, en un acto minuciosa y debidamente organizado, anunció el lanzamiento de la campaña oficial de promoción de la participación ciudadana en el plebiscito de salida, “Chile vota informado”, oportunidad en la que, por primera vez después de meses, dio respuesta a consultas periodísticas sobre lo que la prensa ha denominado “Plan B”, es decir, la eventualidad de que el resultado del plebiscito de salida fuera el “Rechazo”, poniendo al país en la incómoda posición de no contar con un nuevo contrato social mediante el cual continuar encauzando al país; y la necesidad de seguir rigiéndose por la Carta de 2005 vigente, pero que, en el plebiscito de entrada, fuera rechazada por casi el 80% de los votantes.

En la ocasión, como se sabe, el mandatario, haciendo una propia interpretación de los preceptos constitucionales que guían el proceso, afirmó, con total certeza, que, en ese caso, el país se vería enfrentado a un nuevo curso constituyente, el que, partiendo de cero, habría de esperar un año o año y medio más, para que una nueva convención volviera a realizar el trabajo que la ciudadanía no aprobó de la primera. Adicionalmente, uniéndose a la amplia mayoría que ha manifestado sus aprehensiones sobre el texto, el mandatario reconoció que, desde su punto de vista, éste presenta normas que pueden ser mejoradas con posterioridad a su aprobación, tal como, por ejemplo, las referidas al Poder Judicial.

Más allá del hecho que el Presidente sobrepasó límites en sus funciones al hacer tales afirmaciones, pues, para continuar con el curso constituyente -como se deduce de la actual carta- se requiere de una nueva modificación constitucional aprobada por el Congreso que ordene al Ejecutivo el inicio de un segundo proceso. El cambio normativo que el actual garantiza, culmina con el plebiscito de salida del 4 de septiembre, el que, de arrojar como resultado el rechazo del texto propuesto, deja rigiendo, en adelante, a la actual Carta de 2005. Y punto.

Es decir, los negociadores del acuerdo que terminó con la reforma constitucional que dio origen al actual proceso no abrieron puerta legal alguna a un eventual segundo momento constituyente, seguramente, en el entendido de que un resultado negativo era imposible, aunque, por cierto, tras la arrolladora expresión ciudadana del plebiscito de entrada, resulta hoy de obvia necesidad la apertura de una puerta de salida política que permita que, de suceder lo previsto por las encuestas, el país tenga un camino transparente de resolución del impasse provocado por una desequilibrada propuesta de aquella mayoría de izquierda que concibió el momento constituyente como una revancha igualitarista contra la elite encarnada por la derecha y la ex concertación en el Ejecutivo y el Congreso.

De allí, las tempranas advertencias de sectores de centroizquierda y centro en el sentido de avanzar desde ya hacia un acuerdo político, el que incluye a senadores DC como Ximena Rincón, Matías Walker y/o el independiente Pedro Araya y que, como se sabe, propusieron, ya con aprobación casi unánime del Senado, reducir los quórums supramayoritarios para reformar la actual carta desde sus 2/3 a 4/7, de manera de contar con una alternativa viable preparada para ir a un segundo momento constituyente vía reformas a la constitución actual.

También, por cierto, los llamados de autoridades institucionales, como la del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), quien en su cuenta al país propuso un acuerdo nacional por la paz y una nueva constitución que, en conjunto con la Presidencia, posibilite, vía nueva reforma constitucional a la actual carta, los cambios institucionales pertinentes para iniciar ese segundo curso, uno que, por lo demás, también durante la semana pasada, incluyó declaraciones favorables de varios ministros y dirigentes oficialistas, en el sentido de que el Gobierno no será obstáculo para tales reformas o acuerdos; y hasta del Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, que se allanaron a estudiar la propuesta aprobada en el Senado, en la Cámara de Diputados.

Es decir, la amplia gama de ciudadanos que parece haber ido decantando hacia el “Rechazo”, entre ellos al menos dos expresidentes de la República, así como la creciente cantidad de quienes, manifestando su opción por el “Apruebo”, lo hacen “para mejorar” la propuesta -que incluye al propio mandatario actual y a la expresidente Bachelet, sin considerar la fría neutralidad del expresidente Lagos al respecto- ha ido doblegando la voluntad de sectores más intransigentes, los que, en vista del posible fracaso del curso actual, comienzan a revisar estrategias y a formular argumentos según los cuales, entre reformar la actual carta y aprobar la nueva, sería “más fácil avanzar en las transformaciones” aprobando la propuesta convencional.

A tal mirada se han sumado sectores de centroizquierda socialdemócrata y/o liberal social, así como socialcristianos que apuntan como clave de su aceptación al texto el “sustantivo” cambio que ofrece la nueva carta al pasar de un «Estado subsidiario» a uno de carácter «social de derechos».

Así y todo, las transformaciones que la propuesta convencional formula respecto de centenarias instituciones republicanas, el principio de realidad de los votantes y lo ultra petita de algunos ajustes a exigencias de tratados internacionales, han seguido mermando el apoyo de esa original mayoría ciudadana que había optado por una nueva carta.

La evidente preocupación del oficialismo por el curso del proceso quedó de manifiesto no solo con la voluntariosa respuesta que el mandatario diera en el acto de marras respecto de un Plan B, sino con el hecho que dicho fracaso puede importar dificultades adicionales al mismo Gobierno, especialmente en un lapso de previsible baja actividad económica y aumento de las demandas populares, en tanto la ciudadanía ve a Gobierno y Convención profundamente imbricados, al punto que varios asistentes pidieran al Presidente firmar los cuadernillos con la propuesta convencional que se había repartido, no haciendo diferencias entre lo uno y lo otro. Probablemente, de haber sido José Antonio Kast el mandatario, a nadie se le habría ocurrido pedirle validar el documento con su firma.

Más allá que la situación hizo ingenuo (o consciente) partícipe al Presidente en un acto de campaña, contraviniendo expreso dictamen de Contraloría, le agrega saña el que el periodista que lo alertaba de la infracción fuera sujeto de bullying por parte de una pobladora y que, a mayor abundamiento, aquel fuera celebrado por los asistentes y la delegación presidencial con carcajadas.

Si bien no parece haber mucha consciencia de los deberes y derechos que este proceso implica, la situación jurídica en caso de que se imponga el “Rechazo” es, sin embargo, bien clara: rige la carta de 2005. Aunque, desde luego, no lo es políticamente. Tampoco lo es que la reducción del quorum de 2/3 a 4/7 sea un evidente momento de “desbloqueo” constituyente final, pues, la actual conformación del Congreso pudiera traer sorpresas al momento de las decisiones efectivas de reformas o, aún más, para la materialización de un segundo acuerdo por una nueva constitución que importe una reforma de la actual carta para iniciar otro curso “desde cero”.

De allí la urgencia de avanzar en estas conversaciones, de manera de evitar un eventual nuevo impasse que deje al país dividido entre quienes solo aceptan reformar nuevamente la presente constitución y quienes están por redactar otra nueva. Este escenario no es del todo descartable si se observa la distribución de fuerzas políticas en el Parlamento y es uno de los motivos por el cual sectores de centro derecha, liberales y socialcristianos han buscado activamente avanzar en un consenso previo al 4 de septiembre mediante la expresión pública de un compromiso de “Rechazar para reformar” (o “Aprobar para mejorar”) y su apoyo a la propuesta de los 4/7, versus quienes insisten en el carácter binario del plebiscito, tanto en la derecha como en la izquierda.

Infaustamente, la “verdad” social y política respecto de las preferencias de largo plazo de los ciudadanos no es posible de inferir ni construir sobre el análisis de las votaciones de mayorías circunstanciales, puesto que, como hemos sido testigos en los últimos años, parte relevante de la voluntad popular suele oscilar no solo en sus preferencias partidistas, sino también con arreglo a demandas y necesidades muy distintas a las de las elites que conducen la gobernanza democrática. Así, mientras la gente pide mejores pensiones, las elites políticas van a por una nueva carta.

Es decir, en el escenario social siempre habrá quienes demanden para sí la cualidad de intérpretes exclusivos del pueblo, gracias al conocimiento que tienen de lo que aquel quiere, ofreciendo múltiples argumentos y juicios fundados de mejor o peor manera, sobre dicha pretensión. De este modo, entonces, no es improbable que si el “Apruebo” se impusiera, tal como en el caso inverso, las elites políticas de centro y centro izquierda en el Congreso se vean expuestas a fuertes presiones desde su propio extremo para impedir que el flujo de los acontecimientos gire hacia efectivas reformas o “mejoras” de la aprobada propuesta convencional y, mucho menos, hacia la redacción de una nueva carta a partir de una “hoja en blanco”.

Desde luego, solo si se toma el texto de la rezagada Constitución redactada bajo la administración Bachelet II y se compara con el de la Convención, las “mejoras” son tantas y en tan variados ámbitos, que, contrariamente a lo expresado por la ex mandataria, pareciera mejor para el centro y centroizquierda democráticos reformar la actual o ir a otra «hoja en blanco», que aprobar la propuesta convencional, justificando así la extendida postura de sectores moderados que han decantado por el “rechazo”, pues no ven en la carta a plebiscitar el 4 de septiembre bases firmes para hacer más fácil las transformaciones, sino, por el contrario, nuevas interpretaciones, reinterpretaciones, conflictos y candados para avanzar hacia una mejor y nueva constitución consistente con un país moderno, democrático, con un Estado social de derecho, amplias libertades económicas, políticas y culturales; y protección de los derechos humanos y sociales que posibiliten una prosperidad acorde con el desarrollo que el mundo, ya en su segunda década del siglo XXI, ha alcanzado. (NP)