Editorial NP: Los defraudados por la Convención

Editorial NP: Los defraudados por la Convención

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Las recientes declaraciones de partidos de centro derecha, el anuncio del movimiento “Amarillos por Chile”, la polémica interna de la DC por la petición de expresidentes a la mesa del  partido para que se otorgue libertad de acción a sus militantes, así como las múltiples opiniones de destacadas  personalidades públicas políticas, académicas, convencionales y especialistas que van decantado en favor del Rechazo al borrador de carta fundamental, vienen a confirmar la tendencia esbozada por diversas encuestas de opinión que muestran una evidente inclinación de la ciudadanía a no aprobar el trabajo realizado de la mayoría de los convencionales.

En efecto, desde hace varios meses y con ocasión del paulatino conocimiento público de las diversas normas propuestas -muchas demasiado ajenas a la tradición cultural y política del país- los sondeos realizados por diferentes firmas de testeos de opinión han mostrado una sistemática ventaja de la opción “Rechazo” al borrador de carta; y si bien los números muestran porciones no decisivas de la ciudadanía en una y otra dirección, las que convergen hacia una mirada negativa aparecen siempre por sobre las que aprueban, aún en lapsos en los que ambas opciones presentan alzas, permaneciendo un grupo indefinido que, con el acercamiento de la fecha de la decisión, van ponderando hacia una u otra de la propuesta binaria dispuesta por el plebiscito, sin que haya aún certeza sobre el resultado. De allí que numerosos sectores ciudadanos hayan advertido públicamente sobre la conveniencia de tener alternativas en caso de que la consulta fuera adversa a las expectativas del Gobierno, sus coaliciones, parte de la Convención y sus simpatizantes, en la medida que, en tal caso, sigue rigiendo la Carta de 2005, ya deslegitimada por casi un 80% de la ciudadanía que votó en la consulta con que se inició el proceso.

La victoria de la alternativa “Apruebo” era solo unos meses después del plebiscito que mandató la redacción de una nueva Carta, el más probable resultado de la consulta ciudadana de salida y, por cierto, la decisión era vista por muchos como una esperanzadora experiencia democrática, única en los más de dos siglos de existencia de Chile como nación, al punto que su aún eventual puesta en práctica sea considerada por analistas como un momento crucial en tanto comienzo del fin efectivo de la república organizada bajo la égida de la Constitución de 1980 y, por consiguiente, el inicio de un período de sanación de las heridas que, no obstante los años que las distancian de sus momentos más trágicos, siguen abiertas en diversos sectores de la ciudadanía.

Ese fundamento de esperanzas en un nuevo comienzo, con reglas imaginadas, pensadas, discutidas, consensuadas y redactadas por la propia ciudadanía activa a través de sus nuevos representantes, la mayoría casi sin conexión con las instituciones o partidos derivados de la carta vigente, que coadyuvaran a resolver las urgentes demandas que dieron origen al proceso y a lograr un definitivo reencuentro de la nación chilena, dividida por un enfrentamiento que se arrastra ya por demasiadas décadas, comenzó, sin embargo,  a debilitarse paulatinamente, cuando, paso a paso y talvez como producto del masivo apoyo inicial recibido, el país fue siendo atónito testigo de los destemplados desplantes de la Convención, la que, desde sus más tempranos comienzos mostró un talante agresivo, revanchista y discrecional, que no solo interrumpió groseramente la entonación del himno nacional en aquella caótica ceremonia de instalación, sino que, con el pasar de los días, fue arrojando a la escena pública sistemáticas intimidaciones de profunda refundación de la estructura político democrática, entre las cuales, incluso, algunos de sus componentes más extremos llegaron a proponer -sin éxito- la eliminación de los principales símbolos del país, la estatización de toda la industria, la “recuperación” de Santiago (Pikunmapu) o hasta la instalación de nuevas estructuras sociales basadas en la orgánica piramidal de la fenecida dictadura comunista de la Unión Soviética. Tales despropósitos no resultaron, pues, gratuitos.

Por cierto, la conformación multifacética de la Convención y las exigencias de aprobación por 2/3 de las normas definitivas, desmontaron muchas de las más dislocadas proposiciones, aunque la exigua presencia de sectores de derecha, que no alcanzaron a elegir siquiera un tercio de la asamblea, posibilitó la conformación aleatoria de diversas alianzas de la mayoría de centroizquierda e izquierda dura, la que terminó por redactar una carta cuyo promedio ideológico arrastró el esperado espíritu consensual hacia más allá del centro y hasta la media entre centro izquierda e izquierda dura, ofreciendo así un texto que, presionado, además, por la necesidad de votos de una minoría de escaños reservados para los representantes de pueblo originarios, que no fue parte del acuerdo del 15 de noviembre, ha terminado por definir a Chile como una nación plurinacional, regional, social y de derecho, al tiempo que debilita la propiedad y el emprendimiento privado en varios ámbitos, aumenta el poder del Estado sobre las libertades individuales, con un Ejecutivo aminorado de corte presidencialista y colegislador, pero acompañado de una sola Cámara de Diputadas y Diputados con fuertes poderes de cogobierno y sin el contrapeso de un Senado que desaparece reemplazado por una Cámara de Regiones con limitadas funciones, así como un poder judicial -crucial para la protección de los derechos ciudadanos frente al poder del Estado- disminuido con la existencia de 11 sistemas de justicia para los hijos de los 11 pueblos naciones que habitan el país, con sus respectivas autonomías territoriales y administrativas. Todas estas propuestas, por lo demás, a ser perfeccionadas por leyes que deben ser discutidas y aprobadas por el actual Congreso, cuya existencia se extiende solo hasta el 2026.

Corridos las cercos de la democracia liberal hasta llegar a la instalación de propuestas orgánico- constitucionales extraídas de ideologías identitarias colectivistas foráneas, cuyos preceptos no parecen posibles de acatamiento, pues los descendientes de pueblos originarios en Chile no superan el 13% de la población, se constituye, además, como un enorme desafío, pues, si bien tendría cierto sentido en sociedades latinoamericanas cuyo componente indígena racial y cultural es mayoritario,  será de difícil aceptación en Chile, como lo reconociera el propio ideólogo de esta neo-revolución, el boliviano Álvaro García Linera.

De allí que sea cada vez probable que esas esperanzas depositadas por parte de la ciudadanía en los eventuales beneficios de una nueva constitución, sean defraudadas, no solo por la posibilidad de un Rechazo mayoritario en el plebiscito de septiembre, sino porque, con seguridad, si ganara el Apruebo, en un Congreso en el que la división político social de la que el país adolece por más de 50 años ha vuelto a su cauce, con seguridad pondrá diques a los desbordes de la Convención, reencauzando la carta hacia el punto medio correspondiente a “la casa de todos” y bajo la cual puedan convivir efectivamente, sin necesariamente converger, las diversas ideas de país y modos de vida que Chile presenta en su actual pluralidad liberal.

Para aquello, la propia derecha, buena parte de la cual, por lo demás, estuvo por el Apruebo como modo de solucionar pacíficamente un diferendo que había escalado a niveles cercanos a una revolución, en octubre de 2019 -como la calificara el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue- ya ha manifestado su disponibilidad, gane el Apruebo o el Rechazo, a buscar convergencias y mayorías necesarias para modificar la carta emanada de la Convención o la propia constitución vigente, de manera de seguir avanzando hacia la resolución definitiva del pertinaz conflicto de más de medio siglo que agobia al país.

Por su parte, amplios sectores moderados del centro y centro izquierda también han mostrado su voluntad de seguir adelante con este proceso de cambio constitucional si el Rechazo fuera el resultado, varios de ellos señalando que las reformas reiteradamente solicitadas a la Convención y sistemáticamente demandadas con urgencia por la ciudadanía, finalmente no se realizaron, razón por la que el movimiento “Amarillos por Chile” ha declarado que esta situación los obliga a optar por el Rechazo, tal como por lo demás, han adelantado otros tantos grupos y personalidades que estuvieron inicialmente dentro de la mayoría que aprobó la redacción de una nueva carta. Otros tantos han insistido en que votarán Apruebo, aunque, por cierto, coinciden con los primeros en el sentido de que el borrador propuesto debe ser modificado para evitar revivir otro largo período en el que la mitad de la población no se sienta representada por el contrato social y, por consiguiente, se deban soportar otros decenios adicionales de conflictos sociales y políticos.

Aproximadamente un quinto de los encuestados que aún declara aquiescencia sin condiciones a la nueva carta -monto que, por lo demás, coincide con el apoyo al actual Gobierno y que parece unir la suerte de ambos- se verá defraudado, tarde o temprano, sea por el Rechazo, donde basta que el 40% de quienes votaron favorablemente el plebiscito de entrada se sume al 20% que lo rechazó para derrotar al Apruebo; o por una reforma sustantiva en el Congreso a la carta convencional aprobada.

En tales escenarios, más vale que Gobierno, sus coaliciones y simpatizantes, reconozcan democráticamente -y sin presiones callejeras o intentando rodear el Congreso- que la propuesta de Constitución redactada por la Convención  sobrepasó con mucho el sentido común de esa inmensa mayoría ciudadana para quien la modernización capitalista y democrática del país no representa aquel supuesto “infierno neoliberal” que la nueva carta parece querer exorcizar, sino que la vigencia de un Estado unitario, democrático, social y de Derecho, que ha demostrado otorgar los más amplios espacio de libertad -hasta el grado de rescindir su propia constitución-; mejores perspectivas de vida gracias al propio esfuerzo, de creciente meritocracia y tolerancia, de derechos evolutivos en persistente desarrollo de acuerdo a las capacidades y recursos del país, de pluralidad y más integración al mundo, a sus bienes, servicios e ideas, características que han permitido a Chile ocupar el primer lugar en desarrollo humano en la región, atraer a cientos de miles de emigrados de naciones con constituciones similares a la que se quiere instaurar aquí y que, como finalmente reconociera el propio Presidente Boric, valida un lapso de la historia sobre el cual habrá que seguir construyendo un mejor país que asegure, además del éxito de quienes lo han alcanzado, un piso digno de trato y derechos para quienes no han tenido mejor suerte o están iniciando el camino a construir sus propios sueños. (NP)