Indiciario del mapa político profundo que recorre Chile ha sido el resultado de las negociaciones partidistas que se produjeron con ocasión del término del plazo para inscribir las candidaturas a alcaldes, concejales y gobernadores que deberán ser elegidos en abril del 2021.
En efecto, resulta común escuchar que el país muestra, por tradición, una geografía política de tres tercios cuantitativamente similares (derecha, centro e izquierda), razón, entre otras, por las que se da por entendido que, en un proceso de toma de decisiones políticas, el exigir dos tercios como mayoría significativa para acatar normas, obliga, al menos a dos de esos tercios -con ideologías políticas diferentes- a consensuar posturas, al tiempo que la minoría resultante, no siendo irrelevante, estimula la subsistencia de una oposición oficial significativa que otorga dinamismo a la democracia.
Sin embargo, las recientes negociaciones al interior de los citados tercios han dado como cociente la conformación de cuatro bloques en los que se pueden diferenciar el tercio de derecha y sus partidos habituales (RN, UDI, Evopoli y PRI) -aunque sin la participación del Republicano-; el tercio de centro-izquierda, que agrupa a tres sub Pactos: Unidad Constituyente, con el PS, PPD e independientes; Pacto Democracia Cristiana, con la DC, Ciudadanos e Independientes; y el Pacto Cambio Radical Progresista, con el PR, PRO (del ex candidato presidencial ME-O) e independientes.
El tercio de izquierda llega dividido en dos pactos: Unidad para el Cambio, conformado por el PC y el FRVS; y Frente Amplio, que reúne a RD, Comunes, Fuerza Común, Convergencia Social, Unir y Partido Liberal, cuya postura ideológica no parece converger en los principios y valores del resto de sus socios que apuntan a un modelo político económico más proclive al dirigismo estatal que a la libertad de elegir de las personas.
Finalmente, al margen de los pactos quedaron los Partido Igualdad, Pirata y Humanista, encabezados por la diputada Pamela Jiles; y el Partido Ecologista Verde, liderado por el diputado Félix González, quienes abandonaron el Frente Amplio el año pasado.
Siguiendo la lógica cultural de los tres tercios, entonces, se podría afirmar que quienes han podido sostener su capacidad de convocatoria son los tercios de derecha y centro, mientras que el de la izquierda radical ha terminado dividido en conjuntos que, si se ha de seguir la tendencia votante del actual Congreso, le dan clara ventaja electoral al más reciente Frente Amplio ante el más tradicional PC-FRVS y los partidos más pequeños escindidos del FA.
Dado que diversas posiciones programáticas de los partidos de los conglomerados de centro e izquierda no son convergentes en una amplia lista de factores estructurales del actual modelo democrático liberal y de mercado, se supondría que, tal como ocurrió en las negociaciones de la semana pasada, difícilmente podrán conseguir mayores coincidencias de ideas entre sus sectores estatizantes igualitarios y centralistas, marxistas leninistas; y sus componentes liberales autonomistas y descentralizadores ecologistas, en la eventual participación de sus representantes en una convención a la que arribaran organizados en las mismas alianzas a las que han llegado en las recientes negociaciones.
De ser así, no se ve cómo una eventual Convención pudiera consensuar mayorías de dos tercios o dispuesta a contravenir el acuerdo político que dio inicio al proceso y que, como se sabe, estableció que “el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”, convención que “no podrá alterar los quorum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos”.
Y ante alertas producidas por interpretaciones de izquierda maximalista que han incitado a los posibles convencionales a un acto originario que reduzca los quorum planteados en la Constitución de 2005 en la que el acuerdo quedó inscrito, en su artículo 135 se agrega que “le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente les reconoce esta Constitución”, refiriéndose a la de 2005 vigente.
La reforma que dio vida a este proceso contempla, además, el órgano judicial encargado de conocer de las transgresiones de la convención, al tiempo que a los convencionales se les pueden aplicar normas constitucionales que sancionan con la pérdida del cargo a quienes propicien cambios del orden jurídico institucional por medios distintos a los establecidos en la carta, la que, por lo demás, nos seguirá rigiendo hasta la debida culminación del proceso constituyente.
Es de este conjunto de normas que emerge la sólida convicción de importantes dirigentes políticos, así como de destacados directores de empresas y del propio Presidente de la República de instar a votar sin temores y con plena confianza de que, no obstante el resultado de esta consulta, el tránsito desde el actual orden a uno nuevo está plenamente protegido contra quienes quisieran aprovechar el momento para inducir cambios que ni siquiera los grandes bancos de inversión internacionales creen posibles en un Chile en el que, señalan, la mayoría quiere reformas que ajusten el sistema, pero no para destruirlo, sino para consolidar el modo de vida y modelo pro negocios que ha hecho crecer al país como ningún otro de la región en las últimas décadas.
Una buena participación, ojalá superior al 53% que marcan las encuestas, legitimará, pues, socialmente el inicio de un proceso que ya tiene aval jurídico constitucional y que cuenta con macizas barreras de protección frente a eventuales aventuras soberanistas.
Lo relevante será la discusión al interior de la Convención, hecho que dependerá de la calidad ética, intelectual y política de quienes sean electos para defender la libertad, el Estado de Derecho y la democracia liberal. De ellos se espera actúen con el corazón ardiente, pero también con filoso y frio discurrir lógico, de manera de otorgar coherencia, sistematicidad y consistencia al eventual nuevo pacto que Chile se dé, pero que, en aquella imposible convergencia ideológica opositora, amenaza con concluir en un confuso listado de expectativas irrealizables en el actual estado de desarrollo nacional. (NP)
