La suspensión por 90 días del plan de Donald Trump de subir del 10% al 25% los aranceles estadounidenses a productos chinos por un valor de US$ 200 mil millones, es una buena noticia para el mundo, en general, y Chile en particular.
En efecto, dicha alza de tarifas aduaneras -que implicaba afectar a prácticamente todos los bienes y servicios que China vende a EE.UU.- entraba en vigor el 1 de enero próximo, pero en una cena privada de más de dos horas, realizada al margen de las sesiones del G20, Trump y Xi Jinping acordaron una tregua en la guerra comercial, hasta que Beijing proponga una batería de “cambios estructurales” a su política económica, acusada de mantener artificialmente una moneda subvaluada, de trasgresiones a la propiedad intelectual en el área tecnológica, barreras no arancelarias, intrusiones cibernéticas y ciberpiratería, entre otros.
Así y todo, se trata aun solo de una “pausa”, tras la cual, si no hay acuerdos, “los aranceles norteamericanos subirán al 25%”, reiteró la Casa Blanca. En el intertanto, a cambio de este alivio momentáneo, Xi se comprometió a aumentar “sustancialmente” sus compras de “productos agrícolas (soja), energéticos (gas natural), industriales y de otro tipo” a EE.UU., con el objetivo de reducir el fuerte desequilibrio comercial actual. Asimismo, Beijing calificará el fentanilo como “sustancia controlada” e impondrá duras penas a quienes comercien el químico que ha inducido una crisis de adicción a opiáceos en EE.UU.
En todo caso, las palabras con que Trump celebró el acuerdo con Xi fundamentan cierto optimismo respecto de las perspectivas: “Fue un fantástico y productivo encuentro, con posibilidades ilimitadas para Estados Unidos y China. Ha sido para mí un honor trabajar con el Presidente Xi”, dijo el presidente de EEUU., al tiempo que el ministro de RR.EE. chino, Wang Yi, consideraba el acuerdo como “provechoso, no solo para el desarrollo y el bienestar de los dos países, sino también para el crecimiento sostenido de la economía mundial”.
Previamente, en reunión plenaria del G20, el presidente chileno, Sebastián Piñera, había formulado una clara condena a la guerra comercial, dado su impacto en naciones pequeñas y emergentes como la nuestra, instando a ambas superpotencias a iniciar conversaciones y terminar con el conflicto, promoviendo el libre comercio, una postura que Chile, como Estado, ha sostenido en las últimas décadas y que la actual administración ha mantenido y profundizado.
Siendo un país abierto al comercio internacional desde hace varias décadas, Chile ha conseguido dar un salto en su desarrollo, pasando de un per cápita del orden de US$ 2.500 anuales, a casi US$ 25 mil en ese lapso, no obstante que, durante el proceso, ha realizado diversos ajustes a sus políticas económicas y sociales, según los énfasis programáticos de los Gobiernos de diversas tradiciones ideológicas que lo han conducido.
Ha sido un transcurso, no sin dificultades y diferendos, en el que, junto al tema económico, el país ha abordado, además, el perfeccionamiento de su democracia, en una difícil coyuntura histórica en la cual la revolución tecnológica y los cambios geopolíticos mundiales han agregado conflictividad a una sociedad civil que, empoderada y con creciente mejor calidad de vida, ha exigido nuevos derechos que implican mayores cargas para un Estado cuyos ingresos siguen estando determinados por el precio del cobre e impuestos a empresas y personas que siempre son considerados, por quienes los pagan, como altos.
Así, en la colisión entre las exigencias de una mayoría ciudadana de capas medias emergentes que interpela al Estado ante sus insuficiencias o incertidumbres, haciendo legítimo uso de las libertades que le brinda la democracia; y un Estado y su clase política forzada a dar respuestas sociales y económicas efectivas -aunque jerarquizándolas, porque los recursos no alcanzan- según las urgencias que cada administración entiende como prioritarias o sometiéndose a la capacidad de presión de los grupos de interés, el país ha caminado entre la bulla y el desorden, los conflictos y escándalos, aunque también con acuerdos y avenencias, razones y convicciones que han puesto, finalmente, el interés nacional y el de los sectores más débiles de la población en el foco, para ir haciendo converger el conseguido entorno de libertades, cada vez más amplias, con las exigencias de igualdad de oportunidades que atenúen las discordias y cimienten esas libertades.
En este transcurso, unos Gobiernos han enfatizado en la igualdad, promoviendo el uso e incremento de los recursos estatales para morigerar las diferencias sociales y económicas aunque, con ello, limitando los espacios a emprendimientos ciudadanos que deben financiar el proceso redistributivo y, por tanto, restar recursos a su propio crecimiento; y otros que han buscado estimular el crecimiento para generar el capital que las nuevas exigencias sociales imponen, incitando la participación e inversión empresarial privada en los más amplios sectores, la que, dado el ambiente comercial internacional, debe competir lo más ligera posible con sus pares externos, aunque para ello se requiera reducir el impacto de una excesiva burocracia estatal y alta tributación de empresas y personas de manera de posibilitar que éstas hagan un uso más eficiente de esos recursos para sus propios objetivos, acelerando así el crecimiento y creación de empleos.
Dichos vaivenes en los usos del capital son los que sustantivamente explican las alzas y bajas del ritmo de crecimiento histórico nacional que, en 2014, 2015, 2016 y 2017, fue de 1,8%, 2,3%, 1,3% y 1,5% respectivamente y que, en 2018, pese a la ralentización actual, se proyecta alcance a entre 3,5% y 4%. Y es que, entre 2014 y 2017, la inversión disminuyó sistemáticamente 4,8%, 0,3%, 0,7% y 1,1% mientras que, en 2018, la expansión de la formación bruta de capital fijo se prevé crecerá en alrededor del 5% y para 2019, en 4,5%. ¿No será posible un punto medio en el que los esfuerzos por una mayor igualdad socioeconómica no afecten la competitividad de nuestras empresas y trabajadores en un entorno mundial de competencia hostil?
Hasta ahora, no obstante, la competencia internacional y el comercio libre han sido condiciones que le han permitido a Chile ocupar un puesto entre las naciones con mayor nivel de desarrollo económico y social de la región y ser copartícipe del exclusivo club mundial de aquellos países en el llamado G20. Pero esta posición no está clavada en la rueda de la fortuna. Eventos internacionales como una guerra comercial desatada, la merma de los consensos internos en torno al modelo de desarrollo, la destrucción de la legitimidad de nuestras instituciones vertebrales de seguridad nacional e interna o de nuestro modo de convivencia constitucional, la pérdida de las certezas jurídicas de respeto a los derechos de cada cual, pueden poner en peligro todo lo avanzando. La historia nos enseña feroces ejemplos de retroceso civilizatorio, tanto en Chile como en otras áreas del orbe.
La “tregua” sino-norteamericana es, pues, una buena noticia y augura meses de recuperación de las confianzas, nuevos proyectos, inversiones y mejores expectativas económicas. La mala noticia es que es solo una “tregua” y que, en 90 días, el pesimismo internacional que ha rodeado la lucha de intereses entre China y EE.UU. podría retornar, afectando las perspectivas de un posterior avance.
En el plano interno, en tanto, la ausencia de una oposición organizada, simplemente reactiva, sin liderazgos ni propuestas claras, si bien pareciera una oportunidad para el Gobierno, no augura la necesaria moderación y prudencia que requiere el momento nacional y mundial, en la medida que cada dirigente, enfrascado en su propia lucha de supervivencia política, puede, a través de una red mediática de cada vez más largo alcance e influencia social y política, suscitar tensiones que se agreguen a las que ya se han producido como consecuencia del develamiento de irregularidades e ilegalidades cometidas por parte de integrantes de algunas de nuestras principales instituciones republicanas y respecto de las cuales, solo una clase política convergente puede y debe poner en sólido contexto constitucional y legal, con la autoridad de quienes ya han vivido tal proceso, ajustando su comportamiento y el del conjunto del Estado y sus funcionarios a las normas democráticamente establecidas, así como promoviendo las debidas sanciones contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, sin caer en populismos jurídicos.
Si el eventual resurgimiento de la guerra comercial en 90 días más, con el añadido de un fracaso de la COP24, sin EEUU, que con seguridad incidirá en las perspectivas medioambientales del mundo entero, nos sorprende en el actual nivel de desautorización de instituciones básicas, con partidos políticos relevantes en plena reorganización, una oposición sin rumbo, organizaciones ciudadanas cada vez más militantes y sin más pilares que lo que sustentan a un Ejecutivo que, merced a los problemas derivados de las circunstancias político económicas analizadas, ha seguido perdiendo popularidad, las perspectivas de 2019 no son nada halagüeñas. (NP)
