Editorial NP: Estado de derecho, democracia liberal y de mercado

Editorial NP: Estado de derecho, democracia liberal y de mercado

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Las democracias liberales son una forma de gobierno relativamente nueva que basa su gobernabilidad y estabilidad de lago plazo en el traspaso que sus ciudadanos hacen de la responsabilidad de tomar decisiones políticas a un grupo menor de representantes elegidos para fungir funciones de liderazgo, sea en el poder ejecutivo o el legislativo, y en ciertas naciones, también, en el poder judicial.

Tales facultades, para que no sean meras discrecionalidades, se deben llevar a cabo dentro del marco de normas permitidas por su Estado de Derecho -que posibilita hacer sólo aquello que está expresamente señalado por la ley-, el que, por tanto, es habitualmente regido por una Constitución cuyos objetivos centrales son fijar límites al poder del gobierno, regulando la protección de los derechos y libertades individuales y sociales, imponiendo restricciones a ciertos actos de sus dirigentes y asegurando el respeto a las minorías políticas circunstanciales.

Estructuralmente, estas democracias, de las que Chile es un ejemplo, se caracterizan por que sus ciudadanos gozan de derechos esenciales establecidos y protegidos por la carta como son el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el debido proceso; a la propiedad privada e intimidad; a derechos económicos, sociales, culturales como a la educación, salud y previsión, así como libertades claves como las de culto, movimiento, pensamiento, expresión, opinión, información, a reunión pacífica y asociación, todos regulados por la Carta o leyes consistentes con la regla y principios generales.

De allí que estas democracias abran a sus ciudadanos el mayor espacio posible de libertades para que desarrollen sus propias iniciativas -en el entendido que los proyectos de vida son personales y familiares, antes que grupales, comunales, regionales o nacionales- sin más limitaciones que las que impone la legislación aprobada por los representantes que fueron electos por esos mismos ciudadanos. Esta característica obliga a un modelo de relaciones sociales definido por la tolerancia y el pluralismo político, posibilitando la coexistencia de las más variadas ideas de organización y gestión del Estado que respeten los principios de libertad e igualdad ante la ley señalados en la Carta, así como entre personas de las más diversas extracciones nacionales, sociales, religiosas, políticas y culturales.

Para asegurar que el vínculo entre el poder político y la ciudadanía se establezca de modo virtuoso y que las apetencias del poder no arrastren a los elegidos a la corrupción del exceso de poder o de su extensión ilimitada en el tiempo, estas democracias liberales celebran elecciones periódicas en las que los grupos políticos democráticos existentes compiten por alcanzar el poder de decisión del Estado. Si estas elecciones las ganan colectividades que defienden el modo de vida liberal republicano, la democracia liberal se perpetúa. Si por descuido ciudadano y libertades mal comprendidas el poder del Estado y la conformación de ley cae en manos de partidos totalitarios de cualquier especie, la democracia liberal colapsa.

La referencia a una democracia liberal como tal, si bien emerge de corrientes del liberalismo político clásico, no tiene necesaria relación con esa ideología pues, no obstante que sus fundamentos tienen origen en esa mirada, puede haber democracias liberales bajo gobiernos de carácter socialdemócrata o socialcristiano, no obstante el mayor énfasis que estas doctrinas ponen en el papel del Estado por sobre la lógica liberal que prefiere que los particulares se hagan cada vez más cargo de sus propias existencias y metas, sin ser carga para terceros a través del Estado.

Chile, de acuerdo con la actual constitución de 1980-2005 es una república democrático-liberal cuyo Estado de derecho está al servicio de las personas y no al revés, como quieren movimientos socialistas para los que el Estado es el fact totum y la propiedad privada no puede estar sobre el bien común -bien que obviamente definen y administran ellos-, porque para el fascismo y nacional socialismo también el Estado tiene gran importancia. La orgánica demócrata liberal, en cambio, reconoce, ampara y protege su autonomía a todos los grupos intermedios que operan dentro de la ley, así como su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, cultural, social o política que respete las normas que regulan esa gestión.

Y dado que, para evitar la confusión socialista, la actual Constitución entiende a la persona humana como anterior al Estado, la familia se instala naturalmente como el núcleo fundamental de la sociedad chilena obligando al Estado a proteger el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos en las tradiciones culturales y religiosas que aquellos estimen de valor, abriendo de ese modo amplios espacios a las libertades y derechos antes descritos.

De allí también que el Estado democrático liberal se obliga a respetar y promover los derechos de todas las personas y, por lo tanto, a garantizar igualdad ante la ley, protegiendo a cada ciudadano frente a cualquier discriminación o abuso por parte de su poder. Una sociedad tal busca, por consiguiente, el mayor crecimiento y desarrollo de las cualidades humanas de sus partícipes, otorgándole oportunidades para que cada uno de quienes estén interesados puedan acceder y actuar en las áreas de toma de decisión públicas relevantes, asegurándose de dar igualdad de posibilidades a hombres, mujeres, minoría sexuales y culturales.

Una diversidad y pluralidad como la que se expresa en las sociedades liberales exige de un arbitraje judicial y de una fuerza del Estado transparente, honesta, culta y experta de manera que permita a cada quien recibir efectivamente lo que le es propio, única forma de asegurar un orden público acatado por todos y que no se rompe por la sensación de injusticia, otorgando de esa forma seguridad al país como un todo, así como protección a su población y familias.

Esta característica implica establecer la debida separación e independencia entre los poderes clásicos del Estado, así como mecanismos democráticos que aseguren el buen desempeño de cada cual, evitando presiones o injerencias de unos sobre otros. Esta separación es crucial pues hace la diferencia entre vivir en sociedades democráticas y libres consolidadas o en autoritarias o totalitarias en las que decisiones discrecionales adoptadas por una persona o grupos de personas limitan las libertades y derechos de sus ciudadanos mediante el uso, muchas veces ilegítimo, de la fuerza del Estado y de sus aparatos de orden y seguridad.

Un Estado de derecho está obligado, por consiguiente, a cumplir con las leyes, protocolos y normas dispuestas cada vez que se enfrenta a la necesidad de limitar o suspender derechos y libertades, al tiempo que obligado a respetar las sentencias del poder judicial ejecutoriadas y los tratados internacionales vigentes que el país haya suscrito. En consecuencia, ninguna persona electa en algún cargo público puede atribuirse más derechos que los que expresamente les confiere la Constitución o las leyes. La democracia liberal pone así cercos que limitan la emergencia de pequeños salvadores.

Junto a la independencia y autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la modernidad ha enseñado la necesidad de ofrecer idéntica autonomía e independencia a órganos colaboradores de los principales, pero en los que un desviado poder partidista puede provocar desequilibrios políticos o económicos. Entre ellos, el Banco Central, necesariamente independiente en su tarea de sostener el poder adquisitivo de la moneda, evitando que autoridades ejecutivas trasgredan, mediante emisión inorgánica, sus obligaciones de mantener el equilibrio fiscal y macro del Estado; o el Tribunal Constitucional, cuya labor de fundamentar letra y espíritu de la carta en los casos de colisión de visiones o derechos es crucial para la pacificación y salida institucional de las tensiones políticas.

Todos y cada uno de los anteriores preceptos tienen por único y central propósito evitar que la concentración de un excesivo poder político en las manos de una persona o grupo de personas convierta al Estado en una herramienta de mantención de un poder discrecional que transforme en tragedia la vida de quienes quedan sujetos a su tutela y arbitrio.

De allí que para evitar subrepticias derivas hacia gobiernos de tipo dictatorial como los observados en la región, Europa, Asia y África, las democracias liberales desarrollan mecanismos para mantener los actos de los órganos del Estado de modo público y transparente, sometiendo el actuar de sus componentes a la Constitución y las leyes. La libertad de prensa, en tal caso, es uno de los principales antídotos en contra de la corrupción o el delito de poder en el ejercicio de la función estatal, una libertad que las democracias liberales complementan con duros castigos a los transgresores.

Una democracia liberal entiende que, más allá de las necesidades que emergen de la producción de bienes y servicios claves para la sobrevivencia y bienestar de las generaciones presentes, tal actividad debe realizarse junto con las inversiones indispensables para mantener un medioambiente libre de contaminación que asegure un entorno sano y limpio a las futuras generaciones. No pueden alegarse efectos en la competitividad de un proyecto para trasgredir equilibrios medioambientales. El desarrollo sustentable es un principio que está siendo integrado cada vez más ampliamente a la batería de derechos que la humanidad va exigiendo como resultado de su propio desarrollo.

Las complejidades de gobernanza propias de las democracias liberales- que no de las autoritarias- con todas las exigencias derivadas de su Estado de derecho y ciudadanos de cultura diversa, plural, abierta y libre van haciendo cada vez más evidente de que las mejores soluciones a los problemas públicos son las que surgen más cerca del problema.

La descentralización en la administración del Estado es una tendencia universal creciente producto del avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que el Estado chileno deberá acompañar promoviendo mayor fortalecimiento de la regionalización, así como el desarrollo más equitativo entre regiones, provincias y comunas. Es menester evitar caer en aquella paternalista doctrina en la que cada problema que surge en un territorio debe ser resuelto por gente de otros territorios. Esta ha sido la base de la permanente discordia entre regiones y el centro, así como de protestas y desórdenes de parte de quienes creen estar siendo tratados con injusticia.

La descentralización, casi como en la neurociencia, no es solo un tema de gobernanza, sino también de traspaso de mayores responsabilidades políticas a una ciudadanía más adulta y responsable, que vincula acciones con su responsabilidad por las consecuencias. Hasta ahora, cuando mide lo que da, versus lo que recibe, emerge disconformidad. Y si bien aquella no será superada mágicamente por una nueva o modificada constitución, puede ser el primer paso para lograr esa democracia liberal de Estado de derecho y social de mercado madura que dirigencias liberales, socialdemócratas y socialcristianas buscaron en las recientes tres décadas de mayor desarrollo de la historia del país. (NP)

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