Editorial NP: En búsqueda de la sanación y unidad nacional

Editorial NP: En búsqueda de la sanación y unidad nacional

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Tal como se preveía, las fuerzas políticas que representaron el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado consiguieron no solo mantener, sino aumentar su votación en los comicios para elegir los 51 consejeros constituyentes que deberán redactar la nueva carta fundamental que regirá al país en los próximos años.

La novedad, empero, es que, del conjunto de aquellas fuerzas, la lista que representaba al Partido Republicano alcanzó un sólido primer puesto, superando el 43,1% de los más de 12,5 millones de sufragios, seguidos por la coalición oficialista Unidad para Chile, con el 33,3% y la lista de centroderecha Chile Seguro, con el 21,6% de los votos. Pueblo originarios, por su parte, consiguió un consejero. Las listas de Todo por Chile y del Partido de la Gente no consiguieron consejeros.

Tales guarismos arrojan como resultados electorales el que Republicanos tendrá en el Consejo Constituyente un total de 22 consejeros; Unidad para Chile, 17; y Chile Seguro, 11, cifras que generan una correlación de fuerzas que otorga a la derecha un grupo de 39 consejeros -superando con largueza los tres quintos- al tiempo que el oficialismo queda con menos de los dos quintos requeridos para posibilitar su veto a las propuestas votadas y, por consiguiente, estableciendo un cuadro en el que se instala lo que algunos analistas llamaron “la venganza del septembrismo”, es decir, un Consejo que es políticamente el reverso de la polémica convención constitucional de octubre del 2020.

Así las cosas, el destino del color y cualidad de la nueva carta constituyente que comienza a redactarse próximamente queda sujeto no solo a la aplastante mayoría de derecha, sino también a la capacidad de veto con la que cuenta el partido Republicano, un subsector cuyo discurso e imagen está vinculado a su muy bien conocida convicción según la cual el 4-S ya había demostrado el rechazo ciudadano a un cambio constitucional y que, realizado dicho plebiscito, llamaba a seguir rigiéndose por la actual carta, tal como, por lo demás, lo indicaba la reforma constituyente que posibilitó dicho trabajo político derivado de la revuelta de octubre de 2019.

Como se sabe, empero, tras el rechazo a la propuesta convencional, desde el propio presidente de la República, hasta los partidos oficialistas y de centroderecha, estuvieron de acuerdo con impulsar un segundo proceso que dejara atrás la actual carta, largamente criticada por las elites partidarias debido a su origen -no obstante sus innumerables modificaciones-, dando paso a un nuevo proceso cuyos resultados se alzan nuevamente como una verdadera bofetada a un gobierno y un oficialismo que, empero, parecieran no aceptar que la “buena nueva” que anunciaron como su programa para una “vida mejor”, simplemente no es una que la mayoría ciudadana considere ni correcta ni necesaria, otorgándole así, a la oposición, clara e indubitable soberanía para avanzar en una constitución más parecida a la actual o, al menos, cercana a la predefinida en la 12 bases acordadas por las colectividades políticas que negociaron el nuevo proceso.

Así, si el subsector de centroderecha que participó en las negociaciones que hicieron posible la realización de este segundo proceso es consistente con sus convicciones y posturas previas a la elección, sus consejeros se verá enfrentados a una incómoda posición de “centro” decisional entre sus coetáneos republicanos -aún con capacidad propia de veto- y sus adversarios democráticos, con los cuales consiguió aquella difícil convergencia para la redacción de una nueva carta que superara la crisis política y de representatividad que se intenta corregir con el nuevo contrato social.

Pero, en tal caso, votaciones de artículos en las que, incluso, sus 11 consejeros pudieran llegar a acuerdos con los 17 de un oficialismo a su vez dividido en sus conocidas dos almas, igualmente deberán contar con la venia de al menos cuatro consejeros republicanos para conseguir instalarlo en el nuevo contrato, cuestión que, como se ve, augura una muy difícil redacción final, sino igual a la presente, al menos, muy parecida, si es que republicanos, a su turno no mueve su propia aguja interna hacia la búsqueda de un acuerdo nacional que reúna a la ciudadanía en torno a principios y valores que superen los tercios ahora esbozados por la votación de ayer.

En todo caso y tal como lo señalara el líder republicano, José Antonio Kast, la elección de concejales más que responder a la pregunta implícita en estos comicios, mostró la victoria de un “sentido común” ya largamente instalado en el país después de décadas de desarrollo de una sociedad democrática y de libertades que en nada se parece a las propuestas más extremas de la izquierda actualmente en el poder ejecutivo.

En efecto, temas como el sistema político, los derechos y deberes ciudadanos, la conformación y característica de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); las instituciones centrales descentralizadas y autónomas, el sistema electoral, el modelo de administración regional y local, entre otros aspectos que deben incluirse en la carta, fueron muy someramente discutidos públicamente y la escasa participación del Ejecutivo, así como la poca propaganda de los aspirantes a ocupar un puesto en el Consejo, centró sus mensajes en cuestiones derivadas de la triple crisis política, social y económica que enfrenta el país y que, desde luego, son los problemas que más acuciantemente exige una ciudadanía cansada de la incapacidad del Gobierno para resolverlas con eficiencia y eficacia, aunque, en particular, la relativa a la seguridad ciudadana y la migración descontrolada, ambos temas que republicanos supieron encarnar con firmeza y claridad.

Colaboró en la nueva y abrumadora derrota del oficialismo una crisis económica, expresada en alta inflación, pérdida del poder adquisitivo, desocupación, endeudamiento, salida de capitales, bajo nivel de inversiones, baja producción y generación de empleos, que la ciudadanía entiende resultado de políticas económicas ideológicas ausentes de realismo y aquella permanente amenaza del oficialismo al modelo de administración privada, mérito y formas de gestión de los ahorros ciudadanos basados en conceptos de libertad y propiedad individual en variados ámbitos de las políticas públicas forzadas a avanzar hacia fórmulas estatistas que han provocado la ruina de otras naciones que las han aplicado o siguen intentando hacerlo.

Los “porfiados hechos”, empero, han vuelto a emerger con fuerza este domingo mostrando nuevamente al Gobierno el camino que la mayoría quiere seguir y que refuta fuerte y claro afirmaciones de parlamentarios, ministros y autoridades de La Moneda en el sentido de que cualquiera fuere el resultado de las elecciones de ayer, el oficialismo continuará impulsando los proyectos de su programa, una postura no solo altanera sino, además, provocativamente amenazante de los valores de la democracia liberal.

La discusión en el Congreso de los proyectos en marcha tales como los de la reforma tributaria, a la salud y previsional, podrían seguir estancados, si es que una mayoría democrática de centro-izquierda y derecha no consigue converger en puntos medios de negociación que las hagan posible aún en un mínimo común, máxime si, además, en paralelo en la polémica constitucional se inicia un curso que sin considerar los hechos político-sociales que llevaron al país al proceso actual, busque imponer voluntades mayoritarias de similar modo a lo ocuurido en la fallida convención de 2020.

Es de esperar que este traslado ciudadano de soberanía democrática de modo abrumador a los sectores de derecha del país abran la oportunidad de una negociación diferente en la que las buenas ideas, principios y valores de la democracia liberal occidental queden estampados en equilibrado conjunto con ideas y valores de sectores democráticos de centroizquierda que, aún con grandes diferencias y esfuerzos, se lograron alcanzar en la Comisión de Expertos y que, de alguna forma parecieran mostrar un camino intermedio que, de una parte permita una competencia partidista democrático electoral que posibilite una gobernanza racional y moderada de cambios y ajustes periódicos frente a los desafíos del futuro para oficialismos y oposiciones de turno, al tiempo que deje atrás un convenio social que habiendo respondido a la necesidades de aquellos momentos, fue quedando obsoleto frente a los profundos cambios sociales, culturales, políticos y económicos de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Una ruta de imposiciones de mayorías abrumadoras que irrespete permanentemente la voluntad de las minorías sin considerar aquellas propuestas que efectivamente puedan mejorar la vida de todos los chilenos, de un modo pragmático, aunque siempre cuidando evitar que sus efectos impacten en los principios y valores que los chilenos han estado señalando ya por varios años a sus elites partidarias, será el inicio de un proceso de polarización que terminará por agudizar la enfermedad que el país está sufriendo y para cuya sanación, como señalara José Antonio Kast, se requiere de una mirada de unidad nacional, patriotismo, moderación, tolerancia, inteligencia aplicada y buena voluntad de todas las partes, para continuar el camino de una nueva democracia liberal estable, fuerte, participativa y de amplios consensos que vuelva a ser ejemplo y faro de libertad y progreso América latina y el mundo. (NP)