Editorial NP: El desafío del crecimiento económico 2019-2021

Editorial NP: El desafío del crecimiento económico 2019-2021

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Tal como se había estimado, la economía chilena creció 4% en 2018, superando largamente el promedio de 1,7% del período 2014-2017, gracias a un aumento de la inversión, la que, tras mostrar un débil comportamiento durante ese lapso, habría crecido más de 5,4% en 2018.

La sustantiva recuperación parece mostrar que los mercados han renovado su confianza en la conducción económica iniciada luego de las elecciones presidenciales de 2017, aunque, por cierto, se trate aún de inversiones mayoritariamente dirigidas a mejorar la productividad de actividades ya en marcha, como maquinarias de última generación o tecnologías de la información y comunicaciones y no, todavía, de recursos destinados a nuevos proyectos.

A nivel de expertos, ha habido, por años, una polémica respecto de la real capacidad de crecimiento potencial de Chile, la que se mueve entre el actual ritmo de 3%, hasta cifras que oscilan entre el 4% y hasta el 6% anual.  Las diferencias de tales proyecciones no son triviales, en la medida que un punto de crecimiento del PIB, en sus actuales niveles de producción, significan la creación de valor adicional nominal por casi US$ 3.000 millones, un monto equivalente a los costos anuales de la reciente reforma educacional.

El crecimiento de 4% conseguido en 2018 es, pues, un logro relevante, en la medida que responde básicamente a una mejor gestión de lo que se heredó de la administración anterior, con los ajustes requeridos para una mayor eficacia y eficiencia del aparato productivo público, así como un más decidido traspaso de responsabilidades de creación y emprendimiento a los particulares, mediante la simplificación de las muchas veces costosas exigencias normativo-administrativas.

Si a dicha mejor administración se añaden las modernizaciones programáticas prometidas por el actual Gobierno en materia tributaria, laboral y de pensiones, es de suponer que el cansino ritmo de crecimiento observado en el cuatrienio anterior pueda ser sistemáticamente duplicado o más, en un futuro próximo, al tiempo que la mayor inversión y empleo asociados, elevar la capacidad adquisitiva de los consumidores, actualmente estancada merced al bajo ritmo de aumento de remuneraciones, derivado de la ralentización de la economía interna e internacional.

Sin embargo, la actual composición política del parlamento ha puesto y pondrá “lomos de toro” a una más dinámica gestión modernizadora del gobierno, en la medida que no cuenta con las mayorías legislativas que le permitan avanzar fluidamente en aquellas, pues se trata de decisiones que van en contra de anteriores, aprobadas y sancionadas por los mismos que ahora se ven abocados a su corrección. La discusión parlamentaria respecto de las citadas reformas no tiene, en consecuencia, buen pronóstico y es probable que La Moneda tenga que negociar con paciencia y tino sus objetivos, así como evitar transar aspectos de esas modernizaciones que, finalmente, no faciliten ni impulsen más inversión, ni más empleo.

En efecto, sectores empresariales de gran incidencia en la generación de valor, como los exportadores mineros, fruticultores, forestales o pesqueros, enfrentan a nivel mundial una aguda competencia de precios con sus pares, en un entorno en el que la incertidumbre respecto de la actividad de las principales zonas económicas de orbe han ido al alza debido tanto al aún alto endeudamiento derivado de la crisis del 2008, como de la guerra comercial desatada entre EE.UU. y China, las dos principales potencias económicas del mundo. Demás está señalar que el precio actual del cobre, bajo los US$ 3 la libra, es resultado de tales factores.

En este cuadro, las empresas chilenas enfrentan un sistema tributario que, por un lado, aplica una sobretasa de casi 10% a las rentas provenientes del capital, desincentivando la inversión, al tiempo que impone una tasa de tributos corporativos superior al de su competencia OCDE: mientras en Chile esa tasa llegó en 2018 a un 27%, durante el mismo período la tasa promedio comparable en dichos países bajó hasta el 24%. Y no obstante que el programa de Piñera propuso corregir esta obvia desventaja, el cambio no fue incluido en el proyecto de reforma tributaria enviado por el Gobierno al Congreso. Competir con esta desventaja impositiva -que afecta la rentabilidad con la que se pueden emprender nuevos proyectos, generar más actividad y empleo- pone una mochila que, más temprano que tarde, incidirá en el factor que precisamente permitió el envión al crecimiento del año pasado.

Es cierto que el Estado ha asumido en los últimos años una serie de responsabilidades sociales que importan una cantidad de nuevo recursos que deben ser recaudados de alguna parte. Y que las insuficiencias que el país muestra cada vez que enfrenta las periódicas catástrofes naturales que lo afectan, ponen razonables dudas sobre las posibilidades que existen para los gobiernos de quitar peso a esa mochila, pues, a su turno, el país ha ido incrementando su deuda pública hasta alturas peligrosas para naciones de ingreso medio, al tiempo que los niveles de endeudamiento empresarial también ponen su nota de alarma.

¿Puede Chile endeudarse más? Por cierto que sí. Su reputación como país ordenado y cumplidor le permitiría tomar deudas superiores, aunque a mayores costos, puesto que las clasificadoras de riesgo internacionales ya ubican al país en zona de riesgo, debido a su aún sustantiva dependencia de minería, sector en el que, por lo demás, Chile se ubica entre los productores de mayor eficiencia, productividad y tecnología del mundo. Sus otros sectores exportadores como la fruticultura, pesca y forestal han seguido evolucionando hacia la aplicación de más tecnología y mayor productividad, aunque aún están en la media de sus competidores. En todo caso, el sector primario explica menos del 5% del PIB, mientras que el secundario lo hace con 31% y el terciario un nada despreciable 64%. Es decir, Chile ha ido derivando fuertemente hacia una economía de servicios.

Pero, tanto los servicios, como una producción primaria y secundaria más tecnológicamente afianzada, exigen de un nuevo tipo de trabajador, el que, según el último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, no tenemos aún presente, puesto que Chile muestra un mercado laboral con claras deficiencias en contratación y despido, así como una rigidez que limita su eficacia, reduciendo el interés de innovadores y firmas de alta tecnología por instalarse en el territorio nacional.

Por otro lado, las potencialidades del Sence en materia de apoyo a la capacitación permanente de los trabajadores se ven restringidas por una estructura normativa y legal añeja que requiere de una urgente reforma que posibilite el aumento de los beneficiados con el conocimiento tecnológico y que permitan a las centenares de miles de Pymes incrementar su productividad y la del país.

En la Sociedad del Conocimiento y la Información, el principal factor de progreso económico y social son las personas y, por consiguiente, la principal inversión nacional debería estar destinada hacia aquellas. El sabio sentido común ya ha apoyado en los hechos esta prioridad y hoy en Chile más de 1.100.000 personas cursan profesiones y oficios en la educación terciaria. Experiencias como la de Corea del Sur, Singapur y la propia China, muestran la relevancia que, para el desarrollo nacional, tiene una ciudadanía más culta y capacitada para la competencia y la creatividad productiva y de servicios globalizada.

Una reforma laboral que no considere tales factores está destinada al fracaso y pondrá en jaque la capacidad de crecimiento real de nuestra economía, pues, más temprano que tarde, competidores más capaces, innovadores y con mochilas más livianas, dejarán a nuestras empresas y sus trabajadores “protegidos” en la calle, tal como ya lo experimentó el propio EE.UU. con su industria automotriz en los 80. (NP)

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