Dos declaraciones políticas formuladas inesperadamente por principales figuras del Gobierno caracterizaron la semana pasada, generando repercusiones y réplicas que se extienden hasta la presente y que, con seguridad, provocarán -si es que ya no lo han hecho- nuevos reordenamientos en el sacudido terreno de la contingencia político social a la que, las actuales autoridades, ya parecen haber acostumbrado al país.
En efecto, las peliagudas afirmaciones del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, ante un público juvenil reunido virtualmente en la red y con los que el secretario de Estado desvaloró la cualidad moral de gobiernos anteriores de derecha y centroizquierda, así como el llamado del Presidente Boric a las coaliciones oficialistas a acelerar acuerdos en función de un Plan B, en caso que ganara la opción “Rechazo” en el plebiscito del 4 de septiembre, marcan un ante y un después del proceso iniciado tras la entrega del proyecto de constitución por parte de la Convención respectiva y auguran más dificultades, tanto para la campaña del “Apruebo”, como en la conducción del actual Gobierno.
Por de pronto, las destempladas afirmaciones de Jackson dieron lugar a la décimo séptima petición de disculpas por parte de una autoridad del gabinete en lo que va de la administración, aunque, esta vez, en un ambiente en que, pasada ya la “luna de miel” ciudadana y partisana con el Ejecutivo, han sido recibidas con desagrado y evidente molestia por parte de los aludidos, quienes, con justa razón, comienzan a ver en este especial modo de comportamiento un patrón que responde más bien a imposturas, tras las que se esconden intenciones de largo plazo no debidamente transparentadas, más que inocentes errores, al menos hasta que la primera fase del plan esté ejecutada, es decir, cuando la nueva constitución, sus principios y normas, estén aprobadas, transformando en obligatorias sus consecuencias para toda la ciudadanía, so pena de la acción coercitiva del Estado y sus instituciones.
Es decir, afirmaciones tajantes y protorevolucionarias que buscan mantener la épica a través de la cual el FA y el PC consiguieron, en un específico momento histórico, que, entablada la competencia democrática interna, derrotaran las postulaciones de la centroizquierda socialdemócrata, socialcristiana y liberal social en las primarias presidenciales, estarían cumpliendo la función de sostener esas lealtades juveniles y de extrema izquierda que son entendidas como la base electoral dura del Gobierno, especialmente luego que, enfrentados a una derecha en la cual su polo más rígido hizo lo propio con precandidatos de centroderecha y moderados, ambos sectores debieran disputar por un electorado de centro y, por lo tanto, sofrenar sus discursos más ardientes de primera vuelta, desvío que, desde luego, generó inmediatas reacciones de la izquierda maximalista en contra del nuevo relato.
Conseguido el objetivo de alcanzar el poder Ejecutivo, tras haber logrado, meses antes, llevar a los curules de la Convención a una mayoría de candidatos surgidos desde el propio FA, el PC, movimientos sociales identitarios, de género y pueblos originarios que culminaron imponiéndose ideológicamente sobre una derecha, centroizquierda y centro subrepresentadas -como lo demostró la posterior elección de parlamentarios-, el propio gobierno fue vinculando su suerte a la de la convención –sine qua non político del que depende su logro estratégico transformador- , la que, luego de entregar una propuesta que hasta el propio Presidente advirtió inicialmente como “partisana”, no ha impedido que la estrategia inicial del FA-PC haya seguido su libreto original, aunque, en el ínterin, hayan tenido que acallar voces más francas y directas de ex convencionales que, como la expresidenta de la Convención, han interpretado públicamente el texto sin malicia, aunque mostrando sus verdaderas posibles consecuencias, reemplazándolos con voceros más duchos en el arte dialéctico de apaciguar miedos legítimos surgido de su lectura más cuidadosa, así como de sus atraviesos y conexiones que, de ser aprobada, se transformarán en serios dolores de cabeza para el eventual nuevo tribunal constitucional propuesto (la corte constitucional), como para el nuevo poder judicial (los sistemas de justicia)
Y es que, tras un más detenido análisis, la mayoría de los especialistas, académicos, políticos y ciudadanía, en general, han coincidido en calificarla como un fracaso, muy lejos de cumplir con el propósito para el cual fue convocada la Convención, cual era buscar un acuerdo social que fuera “la casa de todos”. Más bien, aquella evacuó uno que echa las bases de un país que quedará regido por normas que lo fragmentan, no solo en tanto no representa los anhelos democráticos de amplios segmentos de la población en términos de sus convicciones políticas, sino que, además, aúpa nuevos divisionismos de carácter territorial identitario racial, de género y minorías sexuales, al tiempo que atenúa la fuerza del poder Ejecutivo, concentra poder en una cámara única, sin contrapesos; y debilita un poder del Estado clave a la hora de la defensa de los más débiles frente a la potencia de ese mismo Estado: el poder judicial.
Por cierto, son interpretaciones, como bien se han encargado de reiterar los voceros de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático, las dos coaliciones del Gobierno, para tranquilizar las obvias preocupaciones que emergen desde la ciudadanía, de la propia centro izquierda, el centro y la derecha en todas sus expresiones, respecto de la verdadera cualidad democrática de la Carta a plebiscitar, de sus consecuencias de mediano y largo plazo y de su impacto para el desarrollo económico, aspecto tan crucial para que los derechos exigibles al Estado, instalados en el proyecto convencional, no queden como “letra muerta” al no contar con los recursos necesarios -que se han calculado desde US$ 20 mil a unos US$ 40 mil millones- y puedan, así, materializarse efectivamente para cumplir, aunque sea en muchos años más, con las expectativas ciudadanas que los eligió.
Porque, a estas alturas de las excusas y disculpas ministeriales, la incertidumbre, propia de estos procesos, crece cuando se afirma que la carta no prohíbe el acceso ciudadano a una salud entregada por particulares, pero al mismo tiempo se afirma que el plan universal de salud implica que todos deben cotizar en un fondo común, dejando al sistema de salud privado sin esa fuente de ingresos que lo hace posible para sus 3,3 millones de usuarios; o que, como consecuencia, no aumentarán las listas de espera en el sistema público, porque los ingresos que se desviarán desde las Isapres mejoran el financiamiento estatal, no obstante que no superan el 15% del monto que requiere el Estado para dar una efectiva mejor atención a sus beneficiario. O también, que el derecho a la vivienda social “digna” descrito en la Carta, da derecho a una casa propia, pero que es matizado con un derecho a la vivienda “arrendada” o “derecho de habitabilidad”, porque la propia no solo es cara, sino que al poder heredarse, posibilita lucro con fondos fiscales a sus correspondientes herederos cuando aquellos quisieran venderla.
“Nadie nace sabiendo”, ha explicado el mandatario al dar cuenta de las mitigaciones o “errores” de sus ministros, tratándolos como niños (“le pasaría Ud. una locomotora a un niño”, decía un slogan de la campaña de Jorge Alessandri, en los 60) , pero que, a estas alturas, ya no parecen ser tales, sino más bien un modo oblicuo de sostener simpatías electorales a través de la incerteza y la imprecisión metódica, discurso doble que se posibilita merced a una característica cognitiva de la especie, muy bien documentada, según cual se tiende a escuchar e incorporar a la memoria de largo plazo solo aquello que se desea o necesita, desechando opiniones o argumentos que contradicen los que ya han sido adoptados como verdades. De allí la potente inercia de la cultura y que sus mitos sostenidos por largo tiempo sean difíciles de reencauzar, pero que, las corrientes neomarxistas han investigado latamente y que, a mayor abundamiento, son extensamente difundidos en las academias del mundo mediante la lectura de filósofos como Gramsci, Laclau o Adorno; o a través de escritos sobre la relevancia del lenguaje en la formación de cultura que exponen teóricos como Derridá o Foucault.
De allí que la segunda declaración de la semana pasada, esta vez emitida por el mandatario y sin disculpas de por medio, tenga relación directa con la primera, en la medida que, nuevamente, el Gobierno encara una elección en la que moderados o “amarillos” definirán su resultado y porque si las encuestas están en lo correcto, un “Apruebo” sin apellidos, tajante y protorevolucionario, ha quedado en inmensa minoría, dando paso al discurso socialista democrático mayoritario de “Aprobar para mejorar”, pero cuyas probabilidades se alejan mientras más se lee, analizan y comprenden las consecuencias posibles de las “tramposas” normas de la nueva Carta.
Y es que, para la continuidad del actual Gobierno y su estrategia de toma del poder, no obstante que el proyecto convencional ajusta perfectamente con sus objetivos estratégicos, resulta hoy más realista aceptar que los tiempos exigen flexibilizar posiciones -tal como lo hicieron para la segunda vuelta presidencial- abriendo paso a la posibilidad de avanzar en un “acuerdo nacional” para iniciar a la brevedad un nuevo eventual proceso constituyente, tras la previsible victoria del “Rechazo”; o, al menos, para una reforma de la actual carta que posibilite aquel proceso, reduciendo su quorum de 2/3 a 4/7 para hacer viable la prolongación, una propuesta para la cual sus promotores tienen ya un preacuerdo con buena parte de la derecha en el Congreso.
Así las cosas, aunque nunca es recomendable asegurar un futuro determinado, todo parece indicar que la estrategia original del FA-PC, a la que lograron arrastrar victoriosos a sectores del socialismo democrático o exConcertación por algún tiempo, está llegando a su fin y sus fuerzas se aprestan a reacomodarse en el nuevo escenario de batalla, aunque con el costo de haber aceptado desde ya una posible victoria del “Rechazo”, así como acercándose a lo que la evidencia histórica muestra en tales reorganizaciones, es decir, los cambios de generalatos necesarios para la nueva etapa, un asunto que, empero, la prudencia indicaría se realizará después del 4 de septiembre.
Desde luego, la propuesta de una eventual unidad de las coaliciones formadas tras el liderazgo de Boric para continuar las batallas por la victoria final, si ganaba el Apruebo, ya está desahuciada. Incumbentes senadores PS ya la han dado por “muerta”, así como influyentes dirigentes DC, PS, PR y PPD han decantado por el “Rechazo” o por la libertad de consciencia a sus militantes, en especial producto de las ¿inoportunas? declaraciones de Jackson, quien, por lo demás tiene, hasta ahora, el mando de negociar los puntos para el acuerdo pre plebiscitario al que Boric ha instado a sus coaliciones, pero que llegará a dicha mesa cargado con el estigma del grave ¿error? de haber desvalorado moralmente a quienes tendrá al frente y, por consiguiente, no se debería esperar de esta gestión un éxito muy inmediato, el que, por demás, talvez, tampoco se está buscando realmente.
Al mismo tiempo, por el lado FA-PC se encontrará con sectores que siguen fieles a la estrategia original, sucedánea de la fracasada insurrección del 18-O (con sus víctimas y presos a los que Boric ha vuelto a dar renovadas esperanzas con el reciente anuncio de medidas compensatorias) que, a lo más, mediante indicaciones, buscarán hacer tiempo para evitar transparentar aquellos aspectos “mejorables” del proyecto convencional antes del plebiscito, dado que tal “lista de supermercado” puede ser el cuchillo con el que el “Apruebo” termine por dar el corte final a su propia yugular, complicando de paso las perspectivas de la alianza que sostiene al Gobierno que, en tal caso, tenderá a su disgregación, aumentando las dificultades de gobernanza de la actual administración en los próximos casi cuatro años.
Como se ve, no obstante la inexperiencia de los conductores políticos, la inocencia de sus errores y/o disculpas o la mayor o menor sagacidad ciudadana, finalmente hay mentiras e imposturas que tienen “patas cortas” y, más temprano que tarde, las conspiraciones de silencio u operaciones “tranquilizante” quedan al descubierto cuando las libertades posibilitan discusiones abiertas y democráticamente contrastadas. Porque si hay algo que caracteriza a la democracia es que, tras los disensos, nadie queda totalmente conforme, porque, en cada negociación, algo del ideal perseguido se debe perder para conseguir acuerdos. No obstante, la experiencia de las viejas democracias enseña que, en ese juego de discusión leal y transparente, si la polémica es realmente democrática y de buena fe, aún en la insuficiencia de logros partisanos, cada cual va adecuando sus caminos hacia la propia meta, a la par que el tiempo, la razón y la realidad muta de modo que, finalmente, hace posible a todas las partes, una vida más plena y buena para todos. (NP)
