Editorial NP: Dignidad y libertad mal entendida

Editorial NP: Dignidad y libertad mal entendida

Compartir

La reciente semana, nuevamente Carabineros debió detener a decenas de personas que participaban en fiestas clandestinas en diversas localidades, en momentos en los que, desde hace ya varios días, los contagios con el coronavirus Covid 19 han venido en alza sistemática, superando los 4 mil casos diarios, al tiempo que centenares de autos sin permisos para desplazarse y salir de vacaciones son devueltos a sus ciudades de origen en un entorno de salubridad pública de obvio peligro y en el que los decesos llegan a casi a 18 mil y las hospitalizaciones copan sobre el 90% de las camas UCI necesarias para atender el eventual aumento de demanda producto del descuido de muchos.

A mayor abundamiento, la policía ha seguido informando sobre detenciones por infracciones a las normas dictadas por la autoridad sanitaria que van desde moverse en horarios no autorizados, hasta el no uso de la mascarilla preventiva o no respetar la distancia exigida para evitar una extensión rápida de contagios en locales cerrados. En paralelo, ya casi como un rito maquinal y neurótico, grupos de jóvenes se reúnen los viernes en el centro de Santiago para realizar desórdenes que siguen deteriorando la vida ciudadana de transeúntes y arruinando a un comercio que ya había quedado casi fuera de camino a contar de los sucesos del 18 de octubre del 2019 y que arroja la triste cifra de mas de 3 mil locales cerrados indefinidamente.

La generalización, sin embargo, no es una buena práctica mental. Aquella es una de las principales falacias a las que estamos enfrentados como sociedad, merced tanto a un extendido discurso político irreflexivo, como a su retransmisión periodística despreocupada y, por cierto, los fenómenos antes descritos solo incluyen a un reducido porcentaje de la población global que, por motivos de ignorancia, indolencia, o simple rebeldía mal entendida, creen honrar y proteger, con estas acciones, los derechos y libertades que la democracia le ofrece a sus ciudadanos.

No obstante, la libertad, para ser tal, es una condición que, siendo la opuesta a una situación de dominio o esclavitud, necesariamente se expresa frente a un otro y exige, por lo tanto, de un marco de referencias morales previo para la actuación social conjunta, sin el cual aquella -como pura ausencia de coerción- parecería innecesaria, porque en un entorno en el que la persona operara sin resistencia alguna, no habría de que “liberarse”.

Así, sin el acuerdo conductual social que, en consecuencia, traslada esa libertad hacia la cualidad humana única de autocontrol ante los propios impulsos irracionales de nuestra animalidad, los vínculos interpersonales estarían regidos por la “ley de la selva” (estado de naturaleza), ámbito en donde cada quien haría lo que sus pulsos o voluntad quieren o desean, según sea su poder y fuerza, imponiendo o siendo subyugado por el poder y fuerza de otros.

Es decir, la libertad, tan demandada por quienes trasgreden las normas y acuerdos sociales vigentes como manifestación de su inconformidad, es un derecho exigible que -más allá de la equidad o igualdad reivindicada- surge obligatoriamente de la existencia y respeto a ese contrato con los otros, para quienes también esa libertad es sagrada. Infringir las normas dispuestas por el cuerpo social quebranta, pues, el acuerdo y la libertad de los otros y falta el respeto a la dignidad de quienes están dispuestos a obedecerlas, no solo en función de su propia seguridad, sino también la de los otros.

¿Qué dignidad puede tener, entonces, la violación de las normas?

El rechazo visceral que demócratas y libertarios muestran contra el uso abusivo de los poderes de iure o de facto o dictaduras de diversa especie, así como la persistente lucha defensiva de la democracia por sostener -incluso mediante la legítima coerción- el respeto a la ley y la constitución que la rige -mientras rige- se sustenta en la convicción profunda de que la tan buscada armonía social básica está irremediablemente anclada al cuidado de que las libertades de unos, no afecten las libertades de otros, evitando estimular a que los ofendidos opten por el libertinaje de la ausencia de norma y ya no sean posible la negociación y conciliación entre las partes en conflicto.

La fuerza del Estado, cuando es democrático y representativo -aun cuando sus normas estén en permanente polémica, merced a los cambios de mayorías y minorías-, es la que asegura la resolución pacífica de las controversias que naturalmente surgen en las sociedades libres, porque no opera con la discrecionalidad de la voluntad coyuntural de un individuo o grupo, sino porque actúa con arreglo a la aplicación de justicia a través de un poder distinto del que dispone el uso de la fuerza de coerción, así como del que legisla y propone las reglas que dirigen la conducta de los ciudadanos, evitando la concentración del poder moral en pocas manos, como ocurre en ciertas dictaduras.

¿Qué dignidad hay, entonces, en la lucha reivindicativa violenta en contra de una democracia? ¿Qué dignidad tiene una fuerza que trasgrede la libertad de otros en función de la propia? ¿Qué tiene de digno imponer por la fuerza el propio deseo? ¿No es eso lo que hace el violador de una mujer cuando usa su fuerza sobre su débil humanidad? ¿Quién asegura que tras el desate de la irregulable violencia sea posible allegar justicia a los males que la violencia atrajo? ¿Es que acaso, aquellos que sin pudor contagian a otros, o dañan y destruyen la dignidad y propiedad de otros, que amenazan, golpean, queman, hieren o asesinan, creen estar restituyendo una dignidad y justicia que se les ha negado?

Desde luego, hay trasgresiones más graves que otras. De allí que los tribunales actúen con arreglo a normas y leyes discutidas y tramitadas por representantes de la sociedad democrática en sus respectivos parlamentos, buscando cierta justa relación entre crimen y castigo. Es cierto, también, que habrá parlamentarios corruptos y jueces prevaricadores que distorsionarán la justa aplicación del derecho. Así y todo, la democracia, como hemos visto, tiene sus propios mecanismos de defensa. Pero tras las pequeñas violaciones a las libertades de otros, proclamadas como ecuánimes reclamos de justicia propia, siempre sobrevendrán otras de mayor gravedad. De tal escalada de acción y reacción está plagada la historia del hombre.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, recuerda la declaración universal de los DD.HH. Ser libres permite decidir si una persona quiere hacer algo o no, haciéndose responsable de sus actos, en la medida que comprende sus consecuencias, es decir, entiende que la sociedad en que vive tiene reglas y obligaciones que deben ser acatadas o sufrir las consecuencias de la trasgresión. Atropellos que, si a pesar de todo se entienden “dignos”, no debiera olvidarse que dignidad es la condición del que “se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás”.

Nada muy parecido, entonces, a la supuesta dignidad enarbolada por infractores de todo volumen que, aunque minoritarios, contaminan la democracia y la necesaria armonía de un país ya bastante sacudido por los virus del voluntarismo adolescente y de la interminable pandemia. (NP)

Dejar una respuesta