Editorial NP: Constitución, conductas y desarrollo

Editorial NP: Constitución, conductas y desarrollo

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Un “contrato social” milenario reconocido por la gran mayoría de quienes han crecido bajo las normas de la civilización judeo-cristiana occidental es el que emerge desde los mandamientos que el conductor del pueblo judío, Moisés, bajara desde el monte Sinaí -en donde Dios se los entregó- con el propósito de una mejor vida en común para las 12 tribus que huían de Egipto rumbo hacia la Tierra Prometida.

Así y todo, es seguro que esa misma gran mayoría coincide en que tales preceptos no han sido debidamente cumplidos, ni respetados, tanto por sus suscriptores iniciales, como por quienes siguieron a posteriori las enseñanzas del rabino Jesús, no obstante su evidente sentido común, prolongada estabilidad y peso específico sobre las conciencias humanas, desde hace más de 5 mil años.

Es cierto que resultaría injusto generalizar en este incumplimiento de las normas que fundan nuestra civilización, incluso adicionadas las reformas que añadiera el propio maestro de Nazareth de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, pues muchas almas transcurren sus días en la Tierra, honrándolos, junto a las normas y leyes que se dan los hombres para reglar otras situaciones que no abarcan dichos mandamientos o para definir su periferia y actuar con equidad.

Entonces, ¿Qué nos hace suponer que la dictación de una determinada nueva cantidad de normas y reglas nos otorgará el entorno en el que podremos desarrollar todos nuestros talentos y que el actual cuerpo de leyes nos lo impediría?

Por cierto, la tradición cultural, religiosa y jurídica heredada de España -la letra con sangre entra- es uno de los factores que explica por qué los liderazgos políticos tienden a ver los problemas sociales como de origen legal y que, por consiguiente, creen poder resolver mediante el cambio de las reglas que los rigen. Entonces, los países se atiborran de normas y protocolos y sus ciudadanos debe convivir ya no con 10 mandamientos, sino con más de 21 mil leyes y sobre 300 mil normas que regulan las múltiples y diversas actividades y comportamientos sociales en el caso de Chile.

Desde luego, con ese maremágnum de obligaciones jurídicas el principio de que la ley se da por sabida no tiene asidero con la realidad, por lo que, no solo por rebeldía, sino por ignorancia, en nuestras sociedades latinoamericanas, las leyes y reglas penden como una espada sobre cada pobre cabeza ciudadana. Tal fue el caso de la modesta recolectora que encontró en el basurero de un banco un sobre con 1,5 millón de pesos. Como es obvio, no solo lo tomó y se lo llevó, sino que lo gastó. Tras las investigaciones de rigor, terminó siendo detenida por haber infringido una norma según la cual hallar en la calle algo de valor superior a 1 UTM (casi $50 mil) debe ser declarado ante la autoridad. El no hacerlo constituye un tipo de hurto castigado por la legislación. Ud. ¿lo sabía?

No votar, empero, no está penado -por ahora-, porque en Chile, a contar de 2012, el sufragio es voluntario. Una legislación de solo ocho años que, sin embargo, tras haber sido aprobada por buena parte del actual Congreso, quienes la hicieron buscan volver a imponer el voto obligatorio como modo de exigir esa esquiva comparecencia de voluntades ciudadanas que se han apartado de opinar en una democracia que no representa sus intereses, ni abre espacios a sus aportes.

Sin embargo, el punto no es obligar a votar, sino buscar interesar a quienes, en democracia, tienen ese derecho, permitiendo que su participación no siga estando limitada a elegir representantes ante las instituciones de decisión democráticas, sino también abriendo otros ámbitos de influencia tales como iniciativas populares de ley, plebiscitos revocatorios y/o consultas vinculantes en materia de proyectos de desarrollo locales y/o regionales. Una democracia que amplíe los actuales límites de participación -siempre respetando los derechos y libertades alcanzados- será naturalmente más vital y activa, e incrementará, sin necesidad de presiones legales, el número de quienes quieren dar su voto respecto de determinadas ideas o intereses en juego.

A pocos les atrae intervenir en cuestiones ajenas a su propia incumbencia. Y en Chile, infaustamente, la democracia fue siendo arrebatada paulatinamente por una élite política oligarquizada que, finalmente, tras el estallido del 18 O, se vio enfrentada, el 15 de noviembre, a la decisión de avanzar en un proceso constituyente. Pero su especial cualidad se expresó casi inmediatamente en el hecho que el grupo reunido debió acordar algo de previo y especial pronunciamiento: un “plebiscito de entrada”. Es decir, una consulta en la que se preguntaría a los ciudadanos si aprobarían o rechazarían conformar una convención constituyente para redactar una nueva carta. O sea, la idea de una nueva constitución no estaba para nada naturalizada, sino que se trataba de una demanda de parte de aquellos convocados, hacia otra parte que no lo tuvo nunca en su agenda, ni siquiera tras el 18.

En todo caso, el acuerdo se suscribió y quedó integrado a la Constitución de 2005 y, por consiguiente, para modificarlo se requiere de otra reforma constitucional y altos quorum. El proceso ha seguido, pues, su curso y, en la actualidad, se desarrolla en su fase de difusión protagonizada por partidarios del “apruebo” o el “rechazo”. Pero durante ésta, las posturas político partidistas tradicionales se han redistribuido sin sesgo claro, aunque sectores tradicionales de izquierda y derecha han exigido definir posiciones, según la añeja división partidista surgida del plebiscito de 1988. No obstante, la evolución de los acontecimientos encuentra al país político en un proceso de reorganización que ha tendido a resquebrajar antiguas alianzas y a conformar nuevas según un conjunto de ideas y circunstancias emergentes en las primeras décadas del siglo XXI, más ajustadas a la nueva sociedad de la información.

Es decir, demasiados chilenos no quieren el statu quo y estiman necesarias reformas que ajusten el contrato social a las nuevas exigencias, aunque repudian un cambio refundacional. Son quienes no están ni por el rechazo abrupto, ni por el apruebo amplio. Pero la propuesta del 15 de noviembre tiene condición binaria, salvo aquellas que proponen rechazar para luego reformar; o aprobar para evitar que la izquierda se apodere de su eventual victoria.

Pero, el verdadero debate no está en este momento constituyente, que es apenas confirmatorio, sino en la creencia en que los problemas de previsión, educación, salud, salarios, abusos y otros se resolverán mágicamente con una nueva constitución. Una mirada como esa solo crea expectativas que serán malogradas muy rápidamente, en especial por realidades económicas que el país deberá asumir en los próximos años, tras el retroceso de a lo menos siete años que, según el Banco Central, ya ha provocado la pandemia.

Y es que la estabilidad y progreso no están necesariamente ligadan a nuevas constituciones o leyes y mandatos que, por lo demás, por lo general no se cumplen o se cumplen a medias. Hay países con cartas centenarias que las han ido adecuando a las circunstancias, sin grandes conflictos; otros, de larga tradición democrática que ni siquiera tienen constituciones escritas; y algunos con cartas muy legitimadas, pero cuyos gobiernos usan las fuerzas del Estado para someter de modo abyecto a sus ciudadanos. No se ve, pues, correlación perfecta entre desarrollo y nueva carta y más parece un bocado político de sectores que ven la derogación de la constitución de 1980-2005 como una victoria tardía en contra de la dictadura militar, no obstante, los centenares de cambios que la alejan sustantivamente de la original de 1980 y que esté firmada por un presidente socialista.

Por cierto, más allá que se cumplan o no los preceptos constitucionales, entre ellos, la instalación de derechos sociales fuertes, exigibles ante la justicia, como a la educación, la salud o la vivienda, más allá de “propender” a ellos, las sociedades no pueden vivir sin reglas que sean lo más ampliamente compartidas posible. El país no puede continuar con el actual estado de cosas en los que ni siquiera quienes formulan las leyes en el Congreso las respetan, privilegiando una supuesta “justicia” o “moral” superior devenida de no se sabe qué mandamiento divino; o que se arrogan derechos que la Carta no les entrega. Lo mismo para actuaciones de jueces que asumen decisiones interpretativas que corresponden al poder legislativo o de un Gobierno que se autolimita más allá de lo prudente en usar instrumentos legales que tiene para hacer cumplir la carta vigente.

Bien parece que cuando los contenidos de palabras que en el pasado mostraban un significado consensuado y respetado se disuelven en múltiples direcciones, lo que expresa esa crisis de entendimiento es una lucha de poder, que es lo que funda el significado y uso adecuado de las palabras en un momento social determinado. Polemizar sobre los nuevos preceptos que contendrá la eventual nueva carta a discutir en 2021 y 2022 enfrentará, pues, las delicadas y divergentes interpretaciones que cada sector político ideológico querrá brindar a los conceptos que se plasmen en ese nuevo contrato social. Pero que aquel posibilite una mejor vida, más armonía, progreso y desarrollo social, económico, político y cultural, está por verse, porque, como con los mandamientos del Sinaí, siempre seguirá habiendo quienes preferirán mantener su idolatría al becerro de oro. (NP)

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