Editorial NP: Estado de Bienestar y liberalismo

Editorial NP: Estado de Bienestar y liberalismo

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A diferencia de las ciencias duras, en las sociales los conceptos y definiciones suelen tener fronteras difusas que, por lo general, complican la conversación entre estudiosos e investigadores con fundamentos ontológicos distintos, y que, por cierto, no suelen explicitarse, haciendo aún más difícil las convergencias a la hora de acordar soluciones destinadas a enfrentar diagnósticos comunes, pero que se observan desde causas y lógicas distintas sobre el origen de los problemas a encarar.

A esas dificultades se añade el hecho de que las ciencias sociales son un instrumento de conocimientos acumulados y estructurados en escuelas diversas, cuyos fundamentos difieren muchas veces como consecuencia del llamado “sesgo de comprobación” que tiende a elegir y acumular hechos -en un entorno social caótico de aquellos- que validan mediante discursos relativamente coherentes una determinada postura o desautorizan otra.

Adicionalmente, las necesarias convergencias que dan eficiencia y eficacia a la acción político social se hacen aún más abstrusas como consecuencia del uso partisano de los datos recolectados, los que, con el objetivo de atraer más apoyos a las posiciones proclamadas por los diferentes sectores en pugna de verificabilidad, tienden a ser simplificados en su complejidad por motivos comunicacionales.

Los investigadores del siglo XIX, hijos del positivismo, ya percibían tales dificultades, razón por la que una amplia diversidad de cientistas sociales buscaron en el uso de leyes de la física, química y matemática, integrar sus métodos y conocimientos, en el entendido que su robustez teórica y experimental podría permitirles afirmaciones axiomáticas que, desarrolladas mediante dicho instrumental, permitieran certezas cognitivas y su correlato con la convicción requeridas para la toma de decisiones y acción en el ámbito de la problemática social.

Es el caso de la polémica histórica sobre el papel del Estado y del mercado en las sociedades modernas y de la reiterada colisión en los hechos de los valores de libertad e igualdad que ha hecho oscilar el pensamiento social de Occidente entre sistemas más estatistas o más ciudadanos, más autoritarios o más liberales, más igualitarios o más libertarios. El último de los cuales corresponde al llamado Estado de Bienestar.

La decadencia de los sistemas monárquico-feudales en los siglos XVIII y XIX, la emergencia de las ideas republicanas, la democracia, el Estado de Derecho y el liberalismo como contra-relato destinado a impulsar una más justa y racional distribución del poder político, económico y social concentrado y monopolizado por las monarquías europeas; así como el desarrollo del conocimiento y las ciencias que precedieron, acompañaron e impulsaron el inicio de la era industrial, si bien importaron un relevante avance en materias de derechos y libertades políticas, sociales y económicas para la ciudadanía, generaron nuevas desigualdades que dieron origen al desarrollo de escuelas político-sociales y económicas que promovieron el surgimiento de los denominados Estados de Bienestar.

En términos generales, el concepto surge en relación con las reivindicaciones de los trabajadores, tanto recién integrados a la industria, como de los rezagados, especialmente referidas a horarios de trabajo y sus condiciones. La emergente organización obrera que las democracias liberales fueron haciendo posible tomó la forma de agrupaciones gremiales, sindicales y de partidos políticos que, como el socialdemócrata, enfrentaron aquellas políticas públicas asentadas en un liberalismo extremo que dejaba a cada quien las consecuencias de sus actos individuales, intercambios y contratos, minimizando la intervención de los Estados en la actividad diaria de ciudadanos hastiados de la injerencia desbordada de las monarquías o los señoríos feudales en la vida privada, religiosa y personal de los súbditos.

Tanto tras la I Guerra Mundial, que indujo a la Alemania de Otto von Bismarck a crear un sistema de pensiones contributivo que obligó a empresarios y trabajadores a financiar un sistema de pensiones, como de la II Guerra Mundial, cuando los países occidentales implementaron modelos de economía mixta (Keynes), que otorgaron al Estado diversas funciones de redistribución destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, la idea de la solidaridad social, mediante el uso de herramientas político sociales y ya no solo de la caridad religiosa tradicional, se expandió hacia otras prestaciones que, además, se fueron constituyendo como derechos, entre ellos, la gratuidad y universalidad de servicios de salud y educación que se entienden deben estar a disposición de todos quienes lo necesiten.

Se añadieron, en lo laboral, aquellos subsidios a quienes pierden el empleo y/o las pensiones de invalidez y orfandad destinados a asegurar ingresos mínimos de subsistencia a aquellas personas que podrían quedar en la marginalidad. El fortalecimiento de los Estados, tanto por el crecimiento económico, como por el aumento de la inestabilidad de la vida laboral liberalizada, ha seguido extendiendo la idea de Estado de Bienestar más allá de todo lo anterior, alcanzando áreas como los apoyos a la vivienda, a la juventud, las subvenciones a la pequeña actividad económica, así como respecto del medioambiente.

Pero el liberalismo extremo original ha ido, a su turno, integrando parte de ese sentido común implicado en las concepciones y ampliación del papel del Estado en el bienestar ciudadano, generando tendencias o escuelas de pensamiento liberal con fuerte acento en lo social, al tiempo que la propia socialdemocracia ha ido asumiendo aspectos del liberalismo, en especial, respecto del papel que le asigna a la libertad de emprendimiento de la sociedad civil, así como a las asociaciones posibles del Estado con privados de origen nacional o extranjero para abordar iniciativas de infraestructura necesarias para el desarrollo y que exigen grandes inversiones y tiempo de maduración.

Sin embargo, en ambos vectores del desarrollo ideológico del liberalismo y la socialdemocracia han subsistido disidencias que apuntan a cierta recuperación de la ortodoxia en las que el papel del Estado en lo económico social o se tiende a reducir significativamente de manera de posibilitar que el costo social del Estado para los contribuyentes sea más bajo y la libre asignación privada del capital permita destinarlo hacia aquellos sectores de mercado con mayor rentabilidad para conseguir un crecimiento más rápido; o el papel del Estado se incrementa tan sustantivamente para reorientar las decisiones del mercado libre y favorecer una mayor igualdad que termina por reducir o eliminar espacios de libertad a la iniciativa ciudadana, acaparando nuevamente, de modo monárquico, las decisiones de inversión y gasto social siguiendo las ideas e intereses de quienes lo administran coyunturalmente y arrebatando así autonomía a sus ciudadanos.

Pero, entre ambas posturas, la economía política en el mundo muestra hoy una enorme graduación de la histórica oposición entre Mercado-Estado y/o de los conceptos de Libertad-Igualdad que muchas veces parecen inservibles en las disquisiciones políticas entre derechas e izquierdas, en la medida que, como pudo observarse en Chile durante décadas, la coordinación de acciones del Estado, sabia y prudentemente equilibradas con las mayores libertades posibles para las iniciativas y emprendimientos de la ciudadanía, permiten una virtuosa generación de políticas públicas de desarrollo y crecimiento que aprovecha el conjunto de las fuerzas del sistema.

Las presiones ideológicas que reciben las convergencias hacia el “justo medio” o “centrismo” desde sus polos más extremos, tanto de quienes acusan lo obrado de “neoliberalismo” o “fascismo” como quienes ven lo porvenir como “marxismo” o “comunismo”, tienden a dificultar una más sana y efectiva conversación entre ciudadanos que, vistas las votaciones de los últimos años, muestran claras preferencias por las libertades propias de una democracia liberal abierta, plural, tolerante, sin trabas a la libre iniciativa de las personas en todos los campos, conviviendo armónicamente con un Estado eficiente y eficaz al servicio de sus ciudadanos, que junto con proteger su seguridad física interna y externa, asegure pisos mínimos ante el eventual fracaso de los proyectos personales, al menos en materias como la salud, educación y previsión.

Pero si bien dichas orientaciones estratégicas parecen constituir un sentido común muy arraigado en Chile, tanto la expansión sin contrapeso del poder económico que puede tentar a su uso indebido, discriminando y afectando la dignidad a las personas; como el incremento de un poder estatal inmoderado que pudiera hacer acariciar la idea de imponer justicia y orden a sangre y fuego, restando libertades a los ciudadanos, son desviaciones que deben ser aquilatadas en la conversación sobre el contrato social que regirá las relaciones ciudadanía-Estado y entre los ciudadanos, buscando nuevos equilibrios que desescoren la nave encallada en la desconfianza y el malestar y la vuelvan a ubicar con su proa en la dirección que permita la reanudación del viaje al desarrollo iniciado hace décadas.

Polémicas públicas simplificadas y de escasa densidad en datos duros, como las relativas a la licitación del litio, el proyecto Dominga o la crisis de Latam, tratadas casi informalmente por actores de la política; las derivadas de la indispensable reforma previsional, la PGU o los necesarios cambios a la carga tributaria; la eventual eliminación del tope por años de servicios, el aumento del sueldo mínimo o la disminución de la jornada semanal a 40 horas; el mercado del gas o los precios de la bencina, no se condicen realmente con un país que, no obstante el impacto de la pandemia, muestra capacidad para crecer a un ritmo de sobre el 10% en un año de crisis, que exporta más de US$90 mil millones; con sectores medios que reducen su nivel de deuda más de 30% y un sueldo mínimo que sube automáticamente a $350 mil; un comercio que crece a ritmos mensuales sobre 10%, un desempleo que cae al 7,5%; y un Estado que subsidia la bencina en más de US$ 600 millones anuales y cuya deuda bruta ya supera los US$ 100 mil millones, pero que atrae proyectos de inversión por más de US$ 30 mil millones en la minería, mientras el resto de la inversión extranjera continúa fluyendo en volúmenes de casi US$ 16 mil millones.

Es decir, la actividad política requiere ponerse a la altura del conocimiento, formas y nuevas capacidades socio económicas y productivas de un país cuya gente ha sido capaz de generar una riqueza y prosperidad nacional durante décadas fundada en una sociedad civil auto organizada en empresas, ONG, gremios, sindicatos y emprendimientos; así como en un Estado democrático que, más allá de su crisis institucional en proceso de reajuste, no solo recauda eficientemente impuestos, al punto que la evasión no supera el 8% del PIB, sino que luego los redistribuye -no obstante sus ineficiencias y/o corruptelas estimadas en unos US$ 5 mil millones- en un amplio y creciente gasto social en salud, educación, previsión o seguridad, en volúmenes que, en 2021, superaron presupuestariamente los US$ 90 mil millones. Ambos, ciudadanía y Fisco, mercado y Estado, conforman, pues, un sistema económico social que no merece ser caricaturizado ni como “neoliberalismo fascista”, ni como “socialista-comunista”.

A mayor abundamiento, el nuevo gobierno de izquierda, con seguridad, deberá abordar duras medidas de austeridad fiscal para encarar los desequilibrios económicos que un gobierno de derecha produjo a raíz tanto de la pandemia como la trasgresión parlamentaria de izquierda y derecha de la norma constitucional que deja en manos de la Presidencia de la República la atribución del gasto público. Asimismo, de retiros de ahorros previsionales que varios de los mismos parlamentarios que ahora deberán limitar el gasto del Fisco, posibilitaron el año pasado, recalentando la economía con una expansión monetaria de casi US$ 75 mil millones, sin el respectivo respaldo productivo y que elevó la inflación a niveles récord de sobre el 7%.

Curioso, porque lo que se ha afirmado tradicionalmente es que la derecha es buena produciendo dinero y la izquierda, gastándolo. Ahora, oh trucos de la modernidad, la izquierda será quien deberá jugar el papel del tacaño para tener los recursos que posibiliten realizar sus promesas electorales, mientras la derecha, desde la oposición, liberará su mano dadivosa en el parlamento para el pueblo demandante. Tormentas que impone la diosa Fortuna y que solo pueden ser amainadas mediante la conversación política racional, no partisana, basada en datos verificables y conocimiento científico que posibilite alcanzar soluciones reales y de largo plazo a las insuficiencias del acuerdo social hoy en rediseño.

La ciudadanía hija de la revolución digital y de la sociedad de la información, en todo caso, ya no comulga con ruedas de carreta y sabe distinguir los discursos francos, honestos y realistas de aquellos que, en política, abusan de los sesgos de comprobación, falacias y hasta mentiras de las que se nutrió gran parte de una polémica ideológica propia del siglo XX, polarizada y apuntada a la búsqueda de poder por el poder, y que, dado un equivocado diagnóstico, ha seguido promoviendo soluciones erróneas que, a la luz de las elecciones parlamentarias y los resultados de primera y segunda vuelta presidencial, no tienen, siquiera, cierto correlato en un eventual emergente populismo en Chile.

De allí que, seguir el camino de la ciencia y el conocimiento teórico y experimental para la adopción de decisiones político-sociales que combinen pragmática y sabiamente las libertades ciudadanas enarboladas desde hace siglos contra el poder monopólico de los estados, sin que tales libertades terminen generando nuevas inequidades irritantes; con un Estado de Derecho, división y autonomía de sus poderes, proveedor de justicia no discrecional e igualador de oportunidades, que evite que sus administradores circunstanciales sean tentados a usar su poder delegado de modo omnímodo es el justo camino a proseguir en los próximos años, lo cual, según las últimas declaraciones del Presidente electo, asoma posible, aunque a condición de que las diferencias que pueden alejar al nuevo oficialismo de su oposición emergente, sean abordadas con inteligencia, prudencia y sinceras intenciones de negociar nuevos equilibrios en los que ni se pierdan las libertades en función de igualaciones atrabiliarias, ni la dignidad e igualdad de oportunidades en razón de libertades descomedidas. (NP)

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