Editorial NP: Chile ha probado que puede

Editorial NP: Chile ha probado que puede

Compartir

Una de las características de los momentos de ruptura en los lapsos de transición o ajustes en las estructuras del poder político es la emergente labilidad de las reglas e instituciones que lo respaldan, las que, como puede observarse por estos días en Chile, se tornan más líquidas y fluidas, aun habiendo estado regidas por leyes o protocolos que sus detractores califican como “pétreos”, dada su supuesta rigidez y dificultades que presentan para conseguir cambios que las vayan adecuando a las nuevas condiciones políticas, económicas o sociales.

Ejemplo de este proceso evolutivo -que siendo mal conducido muta en revolucionario- es la pugna instalada en el país entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en materia de admisibilidades legales correspondientes a cada uno de ellos, según la Carta que nos rige. Si bien el tema pareciera ser de exclusivo interés de abogados y expertos constitucionalistas, lo cierto es que se trata de un pulseo típico de un período de reajuste del poder político en el que, en este caso, un grupo de dirigentes electos para conformar el Congreso adquiere sorpresivamente identidad transversal, tras una mala evaluación de decisiones adoptadas por la Presidencia, y para evitar ser arrastrados por ellas, actúa como “clase” reuniéndose mayoritariamente en torno a intereses que, junto con torcer la mano al mandatario, empodera la propia gestión institucional al asignar recursos y/o beneficios que validan su gestión ante una ciudadanía que, por desconocimiento, no aprecia su trabajo legislativo.

Por lo general, en democracias maduras y en régimen, este litigio se produce entre parlamentarios opositores al Gobierno de turno y la Presidencia de la República y sus ministros, mientras que los representantes de colectividades que apoyan al Ejecutivo gestionan y defienden argumentos propios y del Gobierno en el Congreso, en el entendido que co-participan de las ideas y proyectos que ese Ejecutivo envía al Parlamento para su discusión y aprobación como parte de su programa.

Pero en tiempos de crisis, esa ordenada colaboración colectiva y programática es perforada por las presiones de múltiples vectores que emergen golpeando intereses de amplios sectores ciudadanos, lo que obliga a muchos representantes a retrotraer sus posturas públicas hacia los entornos que conforman su capital electoral para conseguir o mantener la posición de poder alcanzada. Con el imperio de la necesidad rondando calles y salones, los anteriores discursos y/o relatos generales, partisanos, de principios ideológicos y valóricos, dan paso a narrativas sectoriales y particulares, a la expresión de intereses y vivencias locales, poniendo en tensión lo político ideológico, lo técnico, el “bien común”, con lo político individual, el interés particular, la urgente y propia necesidad.

Como es sabido, más que en razón de lo que piensan, las personas en dificultades se reúnen por lo que experimentan y las crisis son, por antonomasia, de esos momentos en los que “lo que pasa”, define el modo, tono y discurso social, aquel que, emergiendo desde las pulsiones más movilizadoras de la gente, resignifica el lenguaje y la comunicación, poniendo en tela de juicio las significaciones que correspondían a momentos anteriores de la estructura de poder que le daba sustento y estabilidad a esas hermenéuticas.

Estallan, así, diferencias interpretativas a nivel social que penetran en los diversos órganos de poder e instituciones, iniciándose un lapso de hostilidades significativas cuyo objetivo clave -más allá de las diversas explicaciones coyunturales- es llenar los vacíos de poder que se crean como resultado de la lucha de intereses y cuya representación se busca adoptar o incrementar para sostener o ampliar las cuotas de poder político, social, económico o cultural que se están jugando.

Chile ha vivido no pocos períodos de crisis y cambios, todos los cuales, con sus propias peculiaridades históricas, se han visto empapados por resignificaciones político-sociales profundas que han creado persistentes relatos emocional-culturales que, una vez instalados, son difíciles de retrotraer. En el presente proceso, la nueva hermenéutica sobre el acuerdo social que ha regido en el país en los últimos 40 años parece haber logrado instalar la idea de que una Carta modificada más de 200 veces para “representar a todos los chilenos” ha llegado a su fin definitivo, tras haber sido paulatina y sistemáticamente horadada, modificada y hasta adulterada, sin que ni en la civilidad, ni en los partidos afines, contara con una barrera defensiva socio-política que le hubiere permitido sostener el modo de vida que ella protege.

Se esperaría que esa defensa se active una vez que el proceso constituyente, abierto violentamente el 18 de octubre pasado, se inicie, tras el plebiscito convocado para el próximo 25 de octubre. Pero sin que los partidos que creen realmente en la democracia, la libertad y el Estado de Derecho estén preparados política, ideológica y socialmente para enfrentar los empellones de la izquierda maximalista y la compleja discusión ciudadana que se inicia, será muy difícil sostener la forma de vida que el país ha cultivado en los últimos decenios y, menos aún, si es que, elegida ya una comisión constituyente para que redacte una nueva carta, la ciudadanía, más preocupada de otras urgencias económicas y sociales, como estará, se desentiende de su propia lucha por los derechos y libertades que el nuevo acuerdo social pudiera proponer.

No será ésta, por cierto, una tarea simple. Los momentos de crisis como el que estamos viviendo y que seguiremos experimentando por largo tiempo más, se caracterizan por el surgimiento de significaciones fluidas y líquidas en el ámbito de las comunicaciones sociales. Los solos conceptos de libertad, igualdad o fraternidad tienen tantas implicaciones y hermenéuticas como polemistas se enfrasquen en la discusión político-filosófica como la que importa en definiciones de carácter constitucional.

Una polémica de la complejidad de redactar lealmente una nueva constitución, incluso sin contar con el hecho demostrado de que, además, es posible el uso de resquicios y hasta fraudes que no solo afectan los intereses ciudadanos, sino que confunden la labor de los propios jueces de la República y hasta del Tribunal Constitucional, como hemos visto, conforman un escenario de controversias de muy ardua resolución.

Avanzar en una refundación de la República exige la disposición de personas, partidos, movimientos y organizaciones ciudadanas a expresar con franqueza las nuevas formas deseadas de redistribuir el poder político y económico-social de un país cuya dignidad se ha visto fortalecida gracias a una constitución liberal que puso a la persona y no al Estado, en el centro de su atención. Una tarea dificultosa si quienes están tras el objetivo de reemplazar el actual contrato social operan con la premisa de “buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho.”

Porque, a pesar de las cuatro décadas de aplicación de la actual Carta, un significativo porcentaje de los ciudadanos de variada extracción política sigue mostrando adhesión por un mayor papel del Estado en la economía y la sociedad -enteramente comprensible en períodos de crisis, aunque discutible en normalidad-, al tiempo que grupos de izquierda tradicionales y emergentes han logrado sostener ese apego cultural en torno a la peligrosa idea de aumentar los poderes del Estado en función de mayor «igualdad» o «justicia social» que nunca llegan cuando éstos logran cooptar y conducir políticamente al Estado.

Pero un viejo adagio dice que nunca hay que indignarse ante una supuesta injusticia, hasta no estar seguro de que no se trata de una bendición disfrazada. El popular pero mal proyecto que permitirá el retiro adelantado del 10% de los ahorros previsionales en las AFP’s, ha permitido, al menos, consolidar el sentido de propiedad individual sobre esos recursos, lo que hará más difícil que aventureros populistas busquen, en alguna crisis, expropiarlos o embargarlos. Como ahora se entiende más masivamente, esos fondos cumplen la doble función de impulsar las inversiones y empleos en el país y multiplicar el ahorro mensual que cada uno hace para conseguir una jubilación. De los US$ 200 mil millones de ahorro previsional reunidos actualmente, el 70% ha sido resultado de la gestión financiera de las AFP’s y solo el 30% propiamente ahorro.

Así y todo, lograr mejores pensiones a futuro implica una reforma que ya está en el Senado, y que añade aportes de la empresa y el Estado a las cuentas individuales y pilar solidario. Se tratará, también, de subir las remuneraciones, de cuyo volumen depende el bruto que porcentualmente se ahorra, gracias a compañías que, creciendo e invirtiendo en modernización, serán más sólidas y productivas respecto de la competencia externa; asimismo, habrá que lograr mayor sistematicidad de cotizaciones, evitando lagunas mediante empleos más estables, y subsidios solidarios que cubran esos lapsos individuales; extender voluntariamente el período de vida dedicada al trabajo, dadas las mayores expectativas de vida que el progreso ha aportado; y, en fin, ampliar la actual base de afiliados a las diversas organizaciones de inversión de estos ahorros previsionales para reunir un mayor pozo solidario. Todas estas acciones están en las bases de un proceso de reactivación económica nacional que el país debe abordar en un frágil momento de la historia y en el que, tras la pandemia, somos más pobres, en un mundo más inestable y peligroso.

Ganar la batalla de las ideas en contra de obscuras resignificaciones circulantes respecto del evidente avance que observó el país en los pasados 40 años y reinstalarlo como lo que ha sido, uno de los períodos más fructíferos y progresistas de la historia de Chile, es una tarea pendiente de los partidos democráticos de diversa extracción ideológica. Los gestores de tal hazaña merecen respeto y reconocimiento.

Es cierto que la extensa revelación pública de prácticas corruptas y abusivas por parte de ciertas élites que conducían al país en ese período, la crisis económica internacional y el peligroso incremento del endeudamiento de familias y empresas, explican, en parte, la revuelta del 18 O y posteriores, aunque también una democracia perfeccionada que permitió el desvelamiento de esas malas practicas por parte de una prensa libre e instituciones fiscalizadoras independientes.

También concurren al fenómeno anómico la oligarquización de las estructuras de los partidos que alejaron los liderazgos jóvenes y renovados y, por falta de práctica en la lucha de las ideas, terminaron rendidas ante la interpretación de un mocerío sin educación cívica democrática que, en ausencia de experiencias, se convenció de un relato de desigualdad limitado a lo diagnóstico y escasas propuestas de solución que no fueran añejas consignas de modelos superados o puramente teóricas. Al mismo tiempo, para diferenciarse de la repudiada centroizquierda tradicional, consiguieron difundir la idea de que no habría en el lapso 1990-2020 nada de qué enorgullecerse. El país se inauguró con su luminosa presencia.

Pero en la política chilena hay más líderes y partícipes honestos que corruptos, tal como los hay en el empresariado, la Iglesia, la Justicia y las Fuerzas Armadas. Son más quienes cumplen las reglas y se comportar éticamente, que aquellos que se desvían. Porque cuando la corrupción gana, los países se desvanecen en Estado fallidos. Por eso, quienes honran su palabra son los llamados a reivindicar organizaciones e instituciones laceradas por el comportamiento anti-ético de algunos, impulsando su limpieza moral, las indispensables modernizaciones y mejoras que las pongan al día frente a los enormes desafíos económicos, sociales y políticos del mundo post pandemia.

Ni gobierno, ni oposición aislados, ni la ciudadanía, ni sus organizaciones, por si y ante sí, podrán con los retos sobrevinientes en los próximos tiempos. Las pérdidas que la pandemia ha ocasionado y que se suman a los destrozos del 18-O han hecho retroceder al país en décadas. Recuperar dos millones de puestos de trabajo y más de US$ 35 mil millones no se conseguirá por simples cambios de personas, sino por un cambio de actitudes que posibiliten, como en el pasado, la colaboración en competencia y la unidad en la diversidad. Y fueron 30 años en los que Chile ya probó que puede. (NP)

Dejar una respuesta