Editorial NP: Cambio de gabinete

Editorial NP: Cambio de gabinete

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En política, por su característica de praxis humana fundada en la búsqueda de acuerdos mínimos básicos que impidan la transformación de esos vínculos en un modo de imposición y/o la guerra -no obstante se califique a esta última como la continuación de la política por otros medios-, el lenguaje y los símbolos ocupan un lugar relevante de la conducción de los distintos grupos organizados, razón por la que la habilidad discursiva y/o generadora de relatos y visiones del mundo, constituye una destreza sustantiva de quienes se dedican a esta actividad.

De allí que, en dicha labor, las declaraciones expresas, los silencios o hasta las mismas acciones – tantas veces sintomáticamente denominadas “señales”- son siempre “decodificadas” por los incumbentes y por quienes analizan su desenvolvimiento, haciendo un esfuerzo hermenéutico que suele reflejar más las expectativas y perspectivas de los intérpretes, que los significados y proyecciones que el propio protagonista ha dado a su decisión visible o subsumida.

En efecto, el reciente cambio de gabinete llevado a cabo por el Presidente Sebastián Piñera, ha dado lugar a una serie de elucubraciones respecto, tanto de las razones que éste tuvo para efectuarlo después -y no antes- de su Cuenta Pública, como de los propósitos que aquellos tienen para su gestión gubernamental.

Por cierto, hay cierta coincidencia generalizada en que, más allá de la oportunidad en que éste se realizó, aquel era previsible e, incluso, necesario, habida consideración los problemas que se habían estado observando en algunos ministerios y el impacto que -aparentemente- tales dificultades estaban teniendo sobre la adhesión de un Gobierno que asumió con una sólida mayoría absoluta hace alrededor de 1 años y meses, pero que hoy se ubica en los bordes del tercio que el sector ha tenido históricamente.

Así, se procedió al enroque del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, desde una secretaría de Estado que estaba enfrentando serios aprietos con una estrategia de solución del diferendo mapuche que no estaba dando frutos, hacia la cartera de Obras Públicas, donde el empresario tiene obvias destrezas para impulsar una cartera de inversiones que, solo para este año, cuenta con US$ 5 mil millones, así como para renegociar contratos de concesiones cuyos términos originales se consideran lesivos para un amplio sector de clase media y respecto del cual el Gobierno ha expresado su decisión de proteger y privilegiar.

El nuevo ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, por su parte, reconocido por sus pares como un profesional capaz y preparado y cuyos notables avances en OO.PP. adelantaron vigorosamente la tarea de Moreno, ha sido reenviado a esa cartera, que ocupaba el economista José Ramón Valente, en una decisión que refuerza el foco en el aspecto económico a que el mandatario parece estar apuntado y ayuda a robustecer una gestión que, en Hacienda, ha estado llevando a cabo, no sin problemas, Felipe Larraín, sobre quien recae la responsabilidad central de reactivar una economía abierta a un mundo plagado de incertidumbres y que exige de acciones de gestión administrativa interna que ayuden a neutralizar ese mal entorno internacional.

Curiosa resulta, en cambio, la nominación llevada a cabo en Desarrollo Social, donde ha sido designado como secretario de la cartera el ex vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, cuyo peso político es de obvia menor entidad que el de Moreno, en una decisión que podría permitir conjeturar un cierto cambio en esta prioridad gubernamental, habida cuenta los problemas políticos, sociales y culturales que el tema mapuche parece representar y que ha recomendado a gobiernos anteriores postergar su encaramiento, limitando la acción programática a financiar adelantos e inversiones en infraestructura pública y productiva en la región, en compras y reasignaciones de tierras y en la mantención del orden público con fuerzas que contengan las múltiples y sistemáticas acciones de sectores violentistas en el área.

En Energía, en tanto, el Presidente ha optado por abandonar la línea más técnica que representaba la ex subdirectora de Libertad y Desarrollo, la ingeniera Susana Jiménez, designando al ingeniero Juan Carlos Jobet, ex RN y actual militante de Evópoli, un colaborador de su Gobierno anterior en las carteras de Interior, Trabajo y Vivienda y con perfil más político. Decisión similar ha adoptado en Salud, donde ha solicitado la renuncia del médico y académico Emilio Santelices, para nominar al ex ministro del ramo, Jaime Mañalich, que, aunque independiente y cercano a él, muestra también un perfil más político con su cercanía a RN.

Tanto en el primero como en el segundo caso, las dificultades de ambos dimitidos secretarios de Estado derivaron de cuestiones propiamente políticas: en el caso de Jiménez, la modernización de los medidores de energía y el plan de descarbonización, ampliamente criticados por la ciudadanía afectada y sectores ambientalistas; y en el de Santelices, por sus diferencias con movimientos sociales de género, el tema del Sida, medicina familiar y con hasta una interpelación parlamentaria mediante.

Finalmente, el mandatario ha realizado también cambios en el Ministerio de RR.EE. al reemplazar al escritor Roberto Ampuero -por quien Piñera había hecho una arriesgada apuesta, dada la inexperiencia de aquel en estos temas- por al rector de la Universidad Autónoma y ex alto dirigente RN, Teodoro Ribera, una designación que pone en primera línea mediática a un político sin evidentes ambiciones presidenciales, pero cuya mayor presencia podría haberse interpretado como un apoyo presidencial a un eventual rival del pre candidato del sector mejor posicionado en las encuestas para reemplazarlo en La Moneda, Joaquín Lavín.

Otros ministerios claves, como Interior, Secretaría General de la Presidencia y de Gobierno, así como el sensible y siempre complejo ministerio de Educación, y respecto de los cuales hubo constantes rumores de cambios en la medida de las expectativas de analistas que ven la caída de popularidad del Gobierno como una cuestión de origen político, se mantuvieron sin modificaciones, hecho que ha provocado una serie de opiniones críticas que han llevado a calificar el cambio como “insuficiente” o simplemente como “más ruido que nueces”.

El aparente énfasis subsumido en la decisión presidencial, si bien ha ajustado algunos aspectos de conducción política, apunta más bien a mejorar las alicaídas expectativas económicas, bajando su intensidad frente a problemas políticos locales o sectoriales en los que desgastó vastas energías en los pasados meses, hecho que pudiera ser visto como una decisión discutible. En política, generalmente se ve a la actividad como el “corazón del devenir democrático republicano” y, por consiguiente, la estabilidad en esos ámbitos suele interpretarse o como “estancamiento” o “persistencia en el error” por los opositores, o como “férrea mantención de los objetivos” por los oficialismos.  Demás parece decir que ambas miradas no pueden ser reales al mismo tiempo y que, en tal caso, o unos u otros tienen un mal diagnóstico.

Para muchos políticos, estudiosos y analistas, empero, la economía es la que sigue siendo el determinante de las conductas ciudadanas en última instancia, y las votaciones presidenciales de los últimos años parecen confirmar esa mirada, con una secuencia en que los electores se han volcado hacia las izquierdas en momentos de abundancia que estimulan más demandas por redistribución, y hacia las derechas, buscando más crecimiento, orden y actividad económica, cuando las políticas de izquierda han fracasado en otorgar riqueza y la redistribución ha resultado más mezquina que la inicialmente imaginada por los demandantes. A mayor abundamiento, el actual endeudamiento fiscal y mayor fragilidad de la economía chilena tiene su origen en aquel intento de satisfacer demandas sociales que, con todo lo justo que son sus focos en educación, previsión o salud, implican recursos que el país no ha sido capaz de producir al ritmo y profundidad que las reformas que ahora se requiere ajustar, exigen.

De allí que, más práctica que simbólicamente, más en los hechos que en las palabras, pareciera que el mandatario, dadas sus personales características e historia, ha comprendido que estratégica y tácticamente, en un entorno hostil internacional, en que el país ya sufre el impacto de la persistente guerra comercial entre las dos principales potencias, más que continuar con una estéril polémica político-partidista de menor calado o con aquella de los grandes proyectos ideológico-políticos, se requiere de un renovado esfuerzo práctico interno por adoptar acciones de administración y gestión que, desde el Ejecutivo, neutralicen, en parte, la mala coyuntura externa, facilitando mayor competitividad a sus productores, al tiempo que ha instado al empresariado -que después de todo representa el 80% de la actividad productiva del país y por sus manos pasa la mejor o peor condición económica del 75% de los trabajadores- a pasar de las palabras a la acción, insistiendo en su llamado al Congreso a una convergencia política nacional que permita los acuerdos legislativos que resten mayores incertidumbres internas a un escenario externo ya lo suficientemente complicado como para agregarle las resultantes de nuestras propias ingenuidades y torpezas. (NP)

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