Se pudiera hasta coincidir con la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, en el sentido de que una eventual pena de cárcel para quienes falsearon sus ingresos con el propósito de acceder al llamado Bono Clase Media sería “desproporcionada”. Pero la tendencia a relevar la consecuencia por sobre la causa que provoca la reacción se ha transformado -en demasiados casos- en falacia justificativa que dificulta despejar cuestiones éticas y de derecho que ponen en riesgo el correcto modo de abordar las diferencias en democracia.
En efecto, más allá de lo gravoso que pudiera aparecer la mayor sanción que la ley dispone para el caso del fraude al Fisco, en lo principal, la acción originaria que desencadena la reacción es que más de 430 mil personas obtuvieron de manera engañosa dicho Bono, una ayuda fiscal que fue entregada a algo más de 1,6 millones de trabajadores, en medio de una grave crisis económica y de salud que ha obligado al país a gastar sus reservas ahorradas por largo tiempo y con gran esfuerzo, así como aumentar la deuda externa.
A mayor abundamiento, alrededor de 37 mil de aquellas personas resultaron ser funcionarios del propio Estado, quienes, al contrario de los beneficiarios privados, no deberían impetrar desconocimiento de las condicionantes de la norma dictada por su propia entidad empleadora, la que, adicionalmente, no ha dejado de pagar las remuneraciones completas a sus funcionarios.
Se podría contraargumentar que estos ciudadanos de capas medias, emprendedores o trabajadores independientes o dependientes con contratos suspendidos se vieron incitados por el propio Gobierno a tomar el subsidio tras el prolongado período de reducción de ingresos, interpretando la norma, de buena fe, pero errando, dada la generalidad de la regla; o debido a lo urgente de su gestación y puesta en práctica.
Pero el argumento del error, la buena fe, la imprecisión de las normas o la situación de necesidad es demasiado parecido al que se escuchó a diversos defensores de otras causas de fraude al Fisco que, en el pasado, dieron lugar a la irritada reacción nacional y frenteamplista, en especial, en contra del abuso cometido por elites de poder político, económico, religioso o militar y que, por lo demás, ha seguido justificando, desde el 18 O pasado, protestas y manifestaciones de grupos políticos en calles y plazas de las principales ciudades del país, que adicionan nuevos costos al Estado debido a los destrozos que dichos manifestantes ocasionan.
Ante la escasez de razones para sostener la indebida acción y el plazo dado por la autoridad para devolver el dinero y evitar acciones legales, la diputada Yeomans ha afirmado que un “perdonazo” no sería sino más que un acto de justicia redistributiva que equipara este beneficio con el recibido por grandes empresas a las cuales se les ha condonado el pago de millonarios tributos adeudados, intereses y multas; u otros, en redes sociales, que hacen equivalente la penalidad posible en este caso con las exiguas sanciones que la justicia ha aplicado a integrantes de la elite empresarial o política frente a delitos tributarios o fraudes al Fisco.
Es sabido que la mejor manera de educar a un pueblo es a través del ejemplo de sus líderes, lo que, en este caso, ha operado de modo inverso y perverso. Pero también es evidente que de compartir una lógica según la cual los delitos del dirigente legitiman los del súbdito, la sociedad en su conjunto deriva hacia el caos. De allí que, ni la línea del error, necesidad, desconocimiento, buena fe o simplemente el empate delictual sean consistentes con el correcto propósito que la ley y la justicia imponen para una mejor y más segura convivencia social en democracia.
Yeomans, tal vez por ser joven y sin una experiencia laboral que la haya enfrentado a las dificultades de la creación de valor y recursos en el mundo del trabajo, estima que un “perdonazo” para los infractores sería socialmente útil o “justo”, no obstante que el monto defraudado ronde los US$ 256 millones, una cifra levemente inferior al presupuesto anual del Congreso, de donde ella recibe sus propios ingresos y que el propio Frente Amplio ha llamado a reducir por desproporcionado.
La presunción de inocencia y el principio de buena fe enarbolados por Yeomans para criticar al Gobierno por su “insensibilidad social” son elementos que, por lo demás, el SII ha tenido en cuenta al disponer las formas y fechas para que los contribuyentes que corresponda devuelvan el dinero recibido indebidamente, sin penalidades.
Así y todo, la diputada -y sus aliados en la Cámara- probablemente tendrá duro trabajo, pues, la Fiscalía Nacional, entidad independiente del poder Ejecutivo y del Legislativo, comunicó que estudia una investigación penal “por eventual fraude de subvenciones”, al tiempo que el Gobierno ha cerrado las puertas a la tramitación de algún proyecto destinado a condonar dichas deudas.
El Ministro de Hacienda había advertido con ocasión de la entrega del Bono, que el Estado tiene formas de comprobar los ingresos de los ciudadanos, razón por la que, para agilizar su entrega, procedió a hacerlo mediando solo una declaración jurada de que se cumplía con los requerimientos de la autoridad para recibirlos. Comprobadas las discrepancias tras haber confiado en el principio de buena fe, el Ejecutivo se dispone ahora a hacer cumplir la norma. Como los propios dirigentes del Frente Amplio repiten reiteradamente, ha llegado la hora de enfrentar la corrupción que tan gravemente deteriora la moral del país, venga de donde venga. (NP)
