Editorial NP: Bendita “cocina”

Editorial NP: Bendita “cocina”

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Tras un prolongado período de infausta confrontación política entre el Ejecutivo y el Congreso producto de las tensiones propias de la crisis sanitaria, económica y social que sacude al país desde hace más de un año, los líderes de ambos poderes del Estado han concordado en la búsqueda de “mínimos comunes” que posibiliten la puesta en marcha de acciones conjuntas que subsidien eficaz y eficientemente los urgentes requerimientos de una ciudadanía afectada tanto por la pandemia, como por las restricciones legales que las autoridades han estado disponiendo como medio para morigerar el impacto de tales hechos.

Los acercamientos, liderados por el Presidente de la República, la presidente del Senado y el presidente de la Cámara -indiciariamente todos representantes de organizaciones políticas democráticas de centro izquierda y centro derecha- han sido, empero, criticados de modo destemplado por sectores de la izquierda autoritaria y populista, quienes han visto en esta necesaria convergencia el inicio del fin de una estrategia que, mediante la persistente polarización de posiciones que han venido propiciando, tiene como propósito terminar con el actual mandato presidencial antes que concluya su período legal constitucional, generando condiciones prerrevolucionarias que transformen la Convención respectiva en una asamblea originaria y en la que, por mayoría simple, puedan imponer una carta excluyente y limitante de sustantivos derechos humanos.

La acusación de que tales conversaciones entre La Moneda y el parlamento serían una nueva “cocina” para la toma de decisiones a espaldas de los intereses de las mayorías y en beneficio de elites privilegiadas del país -un factor que, por lo demás, fue una de las causas de la revuelta social del 18-O- fue clara y rápidamente respondida por los agraviados, quienes destacaron no solo la transparencia y publicidad con que el acercamiento se ha producido, sino que han insistido en la urgencia de recuperar la sobriedad en el trato entre dirigentes políticos -y en el conjunto de la sociedad-, una cuestión formal que, sin embargo, es pilar de un sistema que se construye diariamente sobre la base del diálogo, negociaciones, acuerdos, diferendos y respeto a los límites que imponen las normas mayoritariamente convenidas, de manera de evitar el deslizamiento hacia al uso de la violencia como última ratio de las discordancias.

Adicionalmente, han advertido a los hostiles hacia este camino de convergencia nacional por la paz, que “un Presidente democrático debe terminar su período”, una clara alusión a su desacuerdo con aquella estrategia expresa de esa izquierda autoritaria y populista que no ha ocultado su determinación de provocar un estado de convulsión social que obligue al mandatario a dejar su cargo antes de que culmine en marzo de 2022.

La descomedida caracterización del actual Gobierno como “dictadura” y hasta una acusación ante la CIJ por “crímenes de lesa humanidad”, no disfraza un ápice su intención de deslegitimar el mandato conseguido por el Ejecutivo hace tres años a través de una votación ampliamente mayoritaria y que utiliza las encuestas que semanalmente pulsean el ánimo ciudadano respecto de sus autoridades -una práctica, por lo demás, solo posible en democracias liberales-, como supuesto argumento que validaría tales aspiraciones, las cuales no advierten, empero, que, al mismo tiempo, quienes plantean tales puntos de vista forman parte de instituciones cuya popularidad está aún más deteriorada.

Alexis de Tocqueville señalaba ya hace un par de siglos los peligros que amenazaban a las democracias nacientes si aquellas se concebían solo como un modelo político basado en el mero hecho de conseguir mayorías circunstanciales para la construcción de las nuevas repúblicas y que aquel caracterizó como “dictadura de las mayorías”, una cuyo impacto en la vida y libertades de las minorías de turno sería devastador.

De allí el surgimiento de instituciones “contra mayoritarias” -entre ellas el Tribunal Constitucional- cuyo propósito es, a través del análisis e interpretación racional y técnico jurídico del contrato social fundante, proteger los intereses de las minorías respecto del poder omnímodo de mayorías temporales en el Estado que pudieran terminar por imponer sus propósitos a través la dictación de leyes discrecionales y sin apego a las normas del acuerdo constituyente originario. Por cierto, y como en toda institución, la práctica puede tener derivas coyunturales que ameriten ajustes a su funcionamiento, pero su sentido último es relevante para la justicia y la democracia, porque no se puede esperar que las mayorías se corrijan siempre a sí mismas.

Con tal propósito, el acuerdo para la nueva carta del 15 de noviembre pasado, ha dispuesto con la fuerza de reforma constitucional la exigencia de votaciones ultra mayoritarias (2/3) que obliguen a sus redactores a negociaciones que concilien los intereses de todos quienes habitan en nuestro territorio nacional, haciendo posible así una sociedad abierta, tolerante, incluyente, no discriminatoria, libre, justa y pacífica, en la que el poder político mayoritario en el Estado quede al servicio de toda la ciudadanía y no al revés.

Es cierto que, en las crisis, la paciencia y la tolerancia suelen ser virtudes escasas y que las urgencias se transforman en malas consejeras para la toma de decisiones reflexivas, sensatas, coherentes y consistentes con lo posible, real y efectivo. No contribuyen a ese clima declaraciones espontáneas o maquinales de dirigentes ciudadanos, gremiales o civiles que encienden hogueras de molestia o indignidad por su tono insensible, despectivo o derechamente irrespetuoso, como apuntar a la entrega de bonos como estímulo a la flojera -una idea del siglo XVII- o sugerir la compra de flores porque están a la baja en el IPC.

Los liderazgos responsables y democráticos deben contar no solo con las virtudes de la sobriedad e integridad, sino comunicar y evidenciar su compromiso con un actuar siempre reflexivo en función de los intereses de la ciudadanía presente y futura que representan, transparentando los motivos de sus posiciones y asumiendo ante los mandantes las consecuencias de sus dichos y actos. De allí, pues, la necesidad del diálogo permanente, sincero, veraz, abierto y sereno del que ahora felizmente se hacen parte los principales líderes responsables del Congreso y el Ejecutivo, pero respecto de lo cual el autoritarismo y populismo ya ha mostrado su desprecio, rechazándolo soezmente por no ser funcional a sus propósitos políticos estratégicos.

El respeto a las normas constitucionales vigentes, aún en los momentos preliminares a su revocación y cambio definitivo, es una conducta indispensable para que dicha transición se realice en un marco de certidumbres, tranquilidad, paz y mejores perspectivas para la vida diaria, productiva y progresista de la ciudadanía común, que valida mayoritariamente las libertades y derechos que les otorgan las democracias liberales. En ese entorno, las denigradas “cocinas” pueden ser instrumento valioso para la discusión -a veces dura y hasta belicosa- en función de pre-conciliar intereses contradictorios, pero que, si no se quieren dictaduras o autoritarismos que sojuzgan y uniforman, necesariamente deben coexistir en una sociedad plural y abierta al mundo.

La razón, en tal caso, ya no es un asunto de dogmas o “verdades” ontológicas o iluminadas, sino de cómo convenir una convivencia pacífica en la diversidad que permita, a cada quien, desenvolver sus sueños hasta el límite de no aplastar los sueños de los otros, en un proceso que, como todo, evoluciona hasta alcanzar nuevos estados y convergencias según los tiempos y conocimientos acumulados.

Un tradicional cuento que circula en Asia menor y Oriente medio nos recuerda que “una pareja llegó ante el magistrado del lugar. La mujer presentó sus argumentos y el magistrado le dijo: Señora, usted tiene la razón. El marido argumentó: Pero, magistrado, aún no ha escuchado mi punto de vista. Después de presentarlo, el magistrado le dijo: Señor, usted tiene la razón. Otro magistrado que estaba ahí dijo: Pero ambos no pueden tener la razón. El magistrado aludido entonces, dictando sentencia, le dijo a su crítico: Usted también tiene la razón.

La armonía social y política madura, que se expresa institucionalmente en las democracias liberales, su división de poderes y Estado de derecho exige, pues, que ninguno de sus cohabitantes pueda acceder a todos los deseos que sus pulsiones le indican, pero que todos puedan construir los suyos con la sola condición de respetar los de otros, evitando aquellos que han sido prohibidos por el consenso social. (NP)

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