Tras ser convocados hace dos semanas por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, un grupo transversal de destacados economistas elaboraron una serie de propuestas para enfrentar la pandemia y sus repercusiones en la actividad.
Dichas iniciativas serán entregadas a la Mesa Social Covid-19 creada por el Gobierno, con el fin de poyar al Ejecutivo en el manejo de la crisis.
En el documento de siete páginas, los expertos proponen una línea de trabajo con dos focos: uno que establece un marco macroeconómico para la pandemia y otro que aborda las medidas de ayuda hacia las familias y las tres etapas que la política social debería seguir.
Los economistas convocados y que formularon el documentos son Rodrigo Valdés (académico de la Escuela de Gobierno de la PUC y ex ministro de Hacienda), José De Gregorio (académico de la FEN y ex presidente del Banco Central), Sebastián Edwards (académico de la UCLA), Andrea Repetto (directora de Espacio Público y académica UAI), Claudia Sanhueza (académica de la U. Mayor) y Claudia Martínez (académica PUC)
Respecto a lo primero, los economistas destacan que «el reciente aumento de los contagios indica que la crisis sanitaria está lejos de ser controlada; nadie sabe cómo evolucionará en los próximos meses, ni cuándo será posible reiniciar la actividad económica con relativa normalidad. Además lo más probable es que una vacuna confiable tarde un año o más».
Ante dicho diagnóstico, dicen que «todo indica que los programas actuales no son suficientes y que habrá que desarrollar nuestras estrategias de gasto público que ayuden a reducir las dificultades económicas que afectan a la población».
Por ello, bajo la pregunta «¿hasta cuándo es posible gastar?», los economistas recalcan que se trata de un debate sin una respuesta única, pero que a pesar de las dificultades «es necesario definir una estrategia clara, concreta y creíble».
«Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo -US$12 mil millones o 5% del PIB- como marco de referencia, o ancla, para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el Gobierno», exponen y calculan que «se podrían destinar en torno a US$670 millones al mes».
«La propuesta significa que se podría gastar, cada mes y en promedio, US$670 millones por encima de lo ya comprometido, y que se podría financiar paquetes de ayuda importantes a las familias. La aplicación del programa debe ser flexible y pragmática, acorde a cómo vayan cambiando las necesidades en el tiempo, y debe otorgar facultades al gobierno para ir adaptándolo. También debe ser transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso»
Asimismo, destacan que «Chile tiene espacio para endeudarse» y que las condiciones son favorables para ello, pero que pese a lo anterior, «el desafío fiscal de mediano plazo es complejo, por lo que los aumentos de gasto para paliar la pandemia deben ser transitorios aunque no necesariamente de corta duración -por eso se propone un horizonte de año y medio-. Comprometer esta alta cantidad de recursos requiere de un acuerdo político y social».
«No se puede descartar que de empeorar la situación se deban implementar medidas adicionales, pero nuestra propuesta termina con gran parte de la incertidumbre. La ciudadanía ya no estará angustiada tratando de adivinar cuál será el siguiente plan, si es que existe. Sería positivo, además, para que el proceso legislativo sea más rápido y fluido», aseguran los expertos.
TRES ETAPAS
Tras proponer recurrir a los recursos del fondo soberano del FEES, los economistas explican que dichos montos «debieran ser utilizados tanto en las políticas sociales como en las de apoyo a empresas y a las que se diseñen para la reactivación económica«.
En ese sentido, dichas políticas deber tener «flexibilidad» para responder a las tres etapas de la crisis que distinguen los expertos: primero, la de contención de contagios; segundo, la intermedia, donde se combina una apertura gradual de la economía con medidas de distanciamiento; tercero, la de recuperación, cuando la crisis sanitaria se haya contenido.
Así, de acuerdo al documento, en la primera fase -en la cual se encuentra el país en este momento- «la política debe facilitar que las familias cuenten con recursos suficientes para enfrentar sus gastos más necesarios y puedan permanecer en sus hogares«.
En la segunda, «los apoyos a las familias a través de transferencias directas pueden comenzar a retirarse gradualmente, pues la reapertura de la actividad económica permite que las familias retomen su capacidad de generar ingresos«.
Finalmente, «durante la tercera etapa se retiran los apoyos a las familias. Durante esta fase se deben reforzar programas de empleo ya existentes -Subsidios al Empleo Joven y Bono al Trabajo de la Mujer-, además de los programas de empleo de emergencia y de inversión en obras públicas».
MEDIDAS PARA LA ETAPA ACTUAL
Considerando que Chile se encuentra en la primera de las tres fases detalladas anteriormente, los economistas destacan que los trabajadores cuyo contrato laboral haya sido suspendido sigan accediendo al seguro de cesantía de acuerdo a los mecanismos de la Ley de Protección del Empleo implementada para enfrentar esta crisis.
«Los recursos acumulados en la actualidad en el sistema, incluyendo el compromiso de aporte fiscal, permiten financiar una tasa de reemplazo del 60% por casi 14 meses a un millón y medio de trabajadores (esto es, al 30% de los cotizantes del sistema)», señalan.
Sin embargo, puntualizan que la medida está diseñada de forma tal que los trabajadores reciben un monto decreciente de su salario (parte en 70% el primer mes y termina en el 30% en el sexto mes), por lo que proponen que «los beneficios se mantengan, calculados como una fracción fija del salario, por toda la primera etapa».
Lo anterior, dado que la gente no puede salir a buscar empleo porque la idea es que permanezcan en sus casas. «El financiamiento de esta medida provendrá de los fondos acumulados en el sistema, además del compromiso estatal de agregar US$2.000 millones al Fondo de Cesantía Solidario en caso de ser necesario», exponen.
Respecto a las familias cuyos ingresos son mayormente informales y aquellas que no tienen acceso al seguro de cesantía, se remarca que «deben recibir apoyos estatales» a través de una «extensión de un sistema de bonos en línea con el Ingreso Familiar de Emergencia«: «Proponemos la entrega de un bono creciente en el tamaño del hogar cuyos ingresos pre pandemia, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH), provengan mayormente de fuentes informales, o que hayan perdido su empleo en los meses precios y no tengan acceso a los beneficios del seguro».
Así, calcularon los expertos, «los recursos propuestos permiten financiar bonos de $300 mil al mes para familias de cuatro integrantes». Alcanzar a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del RSH y cuyos ingresos son mayormente informales tiene un costo fiscal de US$400 millones al mes.
Los costos de las medidas para estos tres grupos de trabajadores están dentro del marco propuesto de un gasto de unos US$670 millones al mes en 18 meses.
Respecto a los trabajadores a honorarios, mientras el Gobierno propuso un bono equivalente al 70% de sus ingresos perdidos por a lo más tres meses, los economistas plantean que las familias puedan elegir entre eso o el Ingreso Familiar de Emergencia extendido. (Emol)
